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La justicia de cabeza
Por Haroldo Shetemul - Guatemala, 10 de agosto de 2005

A la falta de una administración integral de la justicia, ahora se agrega una iniciativa para restituirle privilegios judiciales a los militares.

LAS CIFRAS son contundentes. De cada cien homicidios, 93 quedan en la impunidad y de cien denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) sólo tres llegan a sentencia. Esa es la realidad de un país donde la justicia es un artículo suntuario para la mayoría de la población guatemalteca. Es, en esencia, la lectura del reciente informe que presentara la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) que efectuó una evaluación en nuestro país. Las fuerzas de seguridad, el ente investigador del MP y los tribunales de justicia conforman una cadena que demuestra cuán incapaz es el Estado para proporcionarnos la más mínima calidad de justicia.

LA IMPUNIDAD, los privilegios y la presencia del crimen organizado permiten observar un panorama crítico de la cadena de justicia. La falta de castigo contra los crímenes más irracionales provoca un vacío de poder judicial y una invitación para cometer más excesos criminales. Esa es la razón de que ocurran crueldades como que una madre, un padre y un hijo sean asesinados supuestamente por hurtar naranjas en Escuintla, o que un estudiante dé muerte a su maestra porque no iba a ganar el año lectivo. Imagínese, estimado lector, morir de esa forma sin sentido, al igual que le ocurre a miles de conciudadanos por un celular o una cartera. No son hechos aislados, sino que forman parte del contexto de la impunidad generalizada. Sólo de saber que de cien asesinatos, 93 quedan sin castigo permite palpar el grado de irracionalidad que vivimos y la falta de acciones concretas de las autoridades para revertir ese fenómeno.

OTRO TANTO OCURRE con los privilegios, porque la justicia guatemalteca no es para todos. Los delincuentes de cuello blanco saben que no serán castigados porque la justicia se enreda en sus propias redes de tráfico de influencias. De esa manera se puede entender el reciente fallo que absolvió a uno de los implicados en el saqueo contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pese a las evidencias. Se pueden hacer piñata los fondos del Estado porque los vasos comunicantes entre la justicia y la política no persiguen el delito, sino que lo apañan. ¿Quién será más delincuente, la persona que hurta una naranja para comer o quien roba los fondos públicos para satisfacer sus ansias megalómanas.

EN ESA LINEA parece ir también la reforma al Código Militar que le devolvería privilegios a los miembros del Ejército para ser clase aparte en materia de justicia. El diputado Baudilio Hichos es el responsable de ese engendro, que ha recibido el respaldo del Partido Patriota, dirigido por el general retirado Otto Pérez Molina. La iniciativa de Hichos pretende que los militares acusados de los delitos de peculado, violación, homicidio o crímenes de guerra no sean llevados a tribunales civiles, sino a uno militar. La reforma indica que los jueces deberán ser militares activos. Esa propuesta busca restituir los privilegios castrenses en materia penal eliminados por el decreto 41-96, y que colocaba a los militares en igualdad de condiciones con el resto de guatemaltecos, tal como debe ser.

MUCHA RAZON tiene la CIJ al indicar que volver a los privilegios militares contradice los estándares internacionales de justicia. Ya se ve pues que el Partido Patriota no está en función de los intereses del país, si no de restituir privilegios a la institución castrenses, de la cual salió su máximo líder. De esa cuenta, el diagnóstico que se puede hacer de la justicia guatemalteca es deprimente. Efectivos de seguridad, fiscales, jueces y hasta diputados van en la vía contraria de lograr una justicia que le haga frente a los privilegios, el tráfico de influencias y el crimen organizado. El resultado de ese cóctel de intereses no puede ser otro que una mayor descomposición social del país.

Fuente: www.prensalibre.com


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