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Retorno al fuero militar
Por Haroldo Shetemul - Guatemala, 21 de septiembre de 2005

Pretender crear una justicia a la medida de los jefes castrenses viola la Constitución de la República y es una afrenta al proceso de paz.

CUANDO SE DISCUTÍA la posibilidad de que el Hospital Militar pudiera dar servicio a los agentes de la Policía Nacional Civil, un ex jefe castrense dijo una frase que definía con exactitud cómo han asumido los militares frente al resto de la sociedad guatemalteca: “El hospital no es del Estado, es del Ejército”, dijo el general retirado José Luis Quilo. Lo que para algunos significaba una total incongruencia porque las fuerzas armadas forman parte del Estado y deberían estar supeditadas a éste, no lo era para una alta oficialidad acostumbrada a verse más allá de esos límites. Se ha considerado otro Estado con sus propios normamientos y totalmente alejada de la molesta civilidad. No era, pues, sólo un exhabrupto, sino una visión del mundo en el que el verde camuflado es el que decide qué se hace y cómo se hace en la historia nacional.

YA AHORA EN EL CONGRESO de la República se discute una propuesta de reformas al Código Militar que podría devolver el privilegio a los militares de tener su propia justicia. Un ordenamiento en el cual los castrenses juzgan a los castrenses, sin que intervenga la justicia civil por ningún motivo. O sea, el tráfico de influencias y los compadrazgos estarían a la orden del día. Según la iniciativa de la bancada Integracionista, los juzgados y los tribunales militares tendrían potestad para conocer los delitos contenidos en la Ley Penal Militar y los delitos y faltas de la legislación penal ordinaria. La propuesta amplía este beneficio a los militares retirados y jubilados. ¿No sería bueno también incluir a las esposas, los hijos, los sobrinos, primos, tíos y demás parientes de los señores militares para que el cuadro familiar quede completo?

ES OBVIO QUE ENTRE los privilegiados de tener su propia justicia quedarán los jefes castrenses involucrados en el saqueo del Ejército, lo cual implica tender un velo de impunidad en un hecho que afecta los fondos públicos. Es lamentable que un grupo de diputados “civiles” retuerza nuestro ordenamiento jurídico tan sólo para quedar bien con el estamento militar. Con esa actitud quieren echar al traste el contenido del decreto 41-96 que eliminó el fuero militar y permitió que los hombres de uniforme fueran juzgados igual que cualquier otro mortal como usted, estimado lector, y como yo. Es indudable que esa iniciativa parlamentaria viola la Constitución de la República que garantiza la igualdad entre los ciudadanos y es un retroceso en el proceso democrático del país. Un fuero particular es un privilegio indeseable y vendría a institucionalizar un poder paralelo al Estado guatemalteco.

ACLARACIÓN. Recibí una atenta carta de la Defensoría Maya que deslinda de toda relación con la Defensoría Indígena Wajxaqib' No'j, de la cual hice alusión en mi columna de la semana pasada. Reproduzco la misiva: “Por este medio deseamos aclarar que la Defensoría Maya es una organización indígena nacida desde el año 1992 y que vela por los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que no tiene nada que ver con los pronunciamientos recientes publicados en su columna A contraluz del día catorce de septiembre que otra organización que se denomina Defensoría Indígena Wajxaqib Noj que no sabemos sus objetivos y hace pronunciamientos de tipo conservador y discriminatorio sobre la preferencia sexual de las personas. Por lo que no queremos que se nos vincule con pronunciamientos de dicha índole. Sabemos de antemano que la vinculación no fue de mala fe, sino de una forma de redactar periodísticamente para evitar la cacofonía en su artículo, esperamos que se haya aclarado dicha confusión, y nuestra anuencia a seguir colaborando para dar a conocer las realidades de nuestros pueblos. Le deseamos éxitos en sus distintas actividades y que el Ajaw lo guié por el sendero del Sa'qbe”.

Fuente: www.prensalibre.com


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