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El proceso de resarcimiento amerita que la historia no se olvide
Por Silvia Orozco Santisteban - Guatemala, 11 de agosto de 2005

Durante 36 años, la nación guatemalteca sufrió de diferentes formas de represión sistemática, su principal autor en ese período fueron instituciones de “seguridad” del Estado. Durante años, los niños, hombres, mujeres, ancianos fueron objeto de de constantes violaciones a los Derechos Humanos. Las operaciones militares a lo largo del territorio nacional se dieron de manera diferente.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH, constató que “en el periodo 1962-1970, las operaciones se concentraron en Oriente, la ciudad de Guatemala y la Costa sur, siendo sus víctimas fundamentalmente campesinos, miembros de las organizaciones gremiales rurales, profesores y estudiantes universitarios y secundarios… en los años 1971-1977 los operativos de la represión fueron más selectivos y dispersos; las víctimas incluyeron líderes comunitarios, dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes… durante el período más violento y sanguinario de todo el enfrentamiento armado (1978-1985) [1], los operativos militares se concentraron en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, en la Costa Sur y la Capital. Las víctimas fueron mayoritariamente población maya y en menor proporción ladinos… 1986-1996, las acciones represivas tuvieron un carácter selectivo, afectando casi por igual a población maya y ladina…”

Kaibiles, fuerzas especiales contrainsurgentes del Ejército; la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, dos fuerzas de seguridad del Estado, que estuvieron durante décadas subordinadas al Ejército, fueron los actores que consumaron los hechos amparados, al igual que sus jefes, ideólogos de las matanzas, en la Doctrina de Seguridad Nacional.

Terror, criminalización de la víctimas, complicidad forzada en la violencia, poder local arbitrario, duelo alterado, cementerios clandestinos, secuelas sociales de la tortura, impunidad, debilitamiento de las organizaciones sociales, libertad de expresión coartada, vulneración de las comunidades mayas, desplazamiento forzado masivo, reasentamiento militarizado, estigmatización de los desarraigados, anonimato de los desplazados en la capital, desapariciones, ejecuciones arbitrarias, violación sexual de mujeres, escuadrones de la muerte, denegación de justicia, reclutamiento militar forzoso y discriminatorio, entre otros, son hechos, descritos por la CEH en su informe.

En Guatemala, la guerra terminó sólo hace 9 años, pero no puede haber paz, democracia, ni reconciliación si no se conoce la verdad y la justicia llega, aunque ésta tarde. Durante esta época de post-conflicto la indiferencia de los diferentes gobiernos y de los grupos ultra conservadores, que pretenden negar la realidad de la brutal represión, han tenido en sus manos los medios para hacerlo; pero a pesar de esa negación y obstrucción la lucha del pueblo ha dado sus frutos. El reconocimiento del Estado, aunque sólo sea de manera simbólica, es el primer paso de un largo proceso de lucha por el resarcimiento, esta es una victoria del pueblo.

Cuando se instaló la Comisión Nacional de Resarcimiento, en julio 2003, parecía que las puertas estaban abiertas para lograr el siguiente paso, la reparación a las víctimas y sus familiares, por las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado, a través de un programa nacional. El hecho que Rosalina Tuyuc, mujer indígena, incansable en su lucha por el respeto a los derechos de las viudas y huérfanos del conflicto armado, aceptara presidir la Comisión no es, de ninguna forma, una concesión al actual Gobierno, debe verse como un reconocimiento que se ha tenido que hacer al valor de esta gran mujer y de muchas mujeres indígenas que a su lado han permanecido incansablemente.

Lamentablemente, los tropiezos no han faltado. Parece que se ha olvidado una condición indispensable que todos debieran cumplir en honor a la memoria de las víctimas, que nadie traté, siquiera, de usar el resarcimiento para fines políticos partidarios. La tradición de trabajo colectivo de las comunidades indígenas debe respetarse, aunque eso no significa que no se puedan desarrollar acciones individuales, se debe respetar las aspiraciones y formas organizativas de la población.

Al ver las discrepancias o disputas que surgen dentro de la Comisión Nacional de Resarcimiento, cuyo origen parece estar en las formas en que se pretende sean canalizados los fondos, hay dos actores a tomar en cuenta: los grupos más consolidados y que promueven un mayor involucramiento y definición de las acciones, por las comunidades y organizaciones de base, como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -Conavigua-, entre otras y, los organismos no gubernamentales.

Es de mucha importancia el papel de los organismos no gubernamentales han desarrollado en el apoyo a las comunidades. Pero también es indudable que este es un aspecto que no puede mantenerse inamovible en el tiempo; no se trata de restarle importancia a los aportes que las ONGs en el desarrollo y mejor nivel de vida de muchas comunidades; pero también es cierto que con frecuencia se han convertido en espacios de poder, que terminan tomando decisiones sobre aspectos que debieran ser definidos por las comunidades.

Pareciera que en el tema del Resarcimiento, se están expresando niveles de dependencia, respecto de los asuntos financieros y su manejo, que debieran estar en el pasado, por el mismo bien de las ONGs y, por supuesto, de las comunidades.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 781- 100805


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