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Los vericuetos de la Justicia en nuestra América
Por Silvia Orozco Santisteban - Guatemala, 23 de septiembre de 2005
orozco_sms@i-dem.org

Aunque la palabra “justicia” puede tener varias connotaciones, casi siempre se tiende a utilizarla más en aspectos del ámbito jurídico. En este sentido, la experiencia de las y los ciudadanos guatemaltecos en lo que se refiere a la aplicación de justicia, en su mayoría, ha sido negativa.

Falta de coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación, instituciones dependientes de la voluntad de las personas que las dirigen, politizadas, con evidentes dificultades en la capacidad profesional que se necesita para ocupar puestos específicos, operadores de justicia perseguidos y amenazados, con fallas en los procedimientos que van desde las más simples, como la elaboración de los partes policiales, hasta las más complejas como el manejo de las evidencias y la preparación de un juicio bien fundamentado, entre otros.

Recobrar la confianza en el sistema de justicia es una tarea complicada, especialmente cuando en él se encuentran infiltradas fuerzas oscuras que hacen que su aplicación sea más a favor de la impunidad. En Guatemala, el diagnóstico de los padecimientos del sistema ha sido reiteradamente señalado. Para mencionar un ejemplo, las funciones administrativas y la labor judicial en la Corte Suprema de Justicia están enredadas, según el informe “Una nueva justicia para la paz” de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, lo que “…ha provocado efectos negativos como: serias dificultades para ejercer una administración eficiente y para diseñar políticas institucionales…; surgimiento de una tendencia o actitud hacia una cultura de verticalidad y subordinación que pone en peligro la independencia de criterio de jueces y magistrados…; y, el voluminoso y burocratizado trabajo de carácter administrativo que desplaza el centro de atención de la Corte Suprema de Justicia…” la Comisión ha recomendado “encargar a órganos distintos a la Corte Suprema de Justicia la administración del Organismo Judicial y la conducción de la Carrera Judicial…”

La justicia guatemalteca está en serios problemas, la dificultad para que se aplique a nivel interno es real, en muchos casos pareciera imposible, quedando la opción de trasladar los procesos a otro nivel. Es así como Guatemala ha estado en la mira de instancias de justicia a nivel regional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos el caso del asesinato de la Antropóloga Myrna Mack Chang. Al nivel mundial en el Juzgado Central de Instrucción No. 5 de la Audiencia Nacional, en España, en donde el entonces Juez Baltasar Garzón estudiaba el caso de Ríos Montt y otros nefastos personajes por delitos de lesa humanidad durante la guerra. En mayo del 2004 el Juez Garzón fue sustituido por Fernando Grandemariasca. Es de recordar que “en materia de Derechos Humanos, el Derecho Internacional prevalece sobre el Interno”, y en los sucesos ocurridos durante la guerra interna guatemalteca, las violaciones fueron muy graves. Por ello, confiamos en que la justicia llegará como aquella mañana cálida y soleada de verano.

Recientemente Guatemala fue mencionada por una instancia regional, la Corte Centroamericana de Justicia, esta vez por el caso del ex vicepresidente Francisco Reyes López, acusado de asumir el puesto de diputado al Parlamento Centroamericano en forma anómala; pero ésta no podía intervenir en el caso, ya que Guatemala no ha ratificado su Estatuto. Pero éste no ha sido el único caso en donde el ex vicepresidente se ha visto involucrado y donde la justicia a nivel internacional ha sido requerida. En el año 2000, se le señaló de haber ordenado la impresión de una campaña de desprestigio en la Tipografía Nacional, en contra de ahora Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Briz. La denuncia del hecho fue puesta por la ex diputada Magda Estela Arce. Luego ella denunció ser víctima de amenas de muerte, y para protegerse acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La primera le ordenó al Gobierno guatemalteco la protección de la ex diputada y de la segunda no se conoce la resolución.

No se trata de hacer un listado de casos guatemaltecos que han sido tratados en las instancias internacionales, sino de conocer más sobre estos órganos, que se espera no estén influenciados con los males que permiten la impunidad. Cada una de estas instancias de justicia tendrá su propia dinámica y atenderá diversidad de casos de acuerdo a su jurisdicción que, en todo caso, es la que define en donde interponer las denuncias.

La tan poco conocida Corte Centroamericana de Justicia, “es un órgano permanente del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, cuyo objeto es garantizar el respeto del derecho comunitario centroamericano, mediante la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, instrumentos internacionales complementarios y actos derivados de los mismos”; los que también la regulan. Inició sus funciones el 12 de octubre de 1994 y su sede está en Managua, Nicaragua.

El Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia fue suscrito en la XII Cumbre de Presidentes del Istmo en 1992 y solamente ha sido ratificado por El Salvador, Honduras y Nicaragua; y su Ordenanza de Procedimientos tiene vigencia desde 1995 y el Acuerdo de sede, desde 1994.

La Corte “es un órgano supranacional permanente del Sistema de la Integración Centroamericana con jurisdicción general y obligatoria…” “Los Estados miembros del Convenio del Estatuto de la Corte sufragarán por partes iguales el presupuesto fijado por la Corte” …“esta integrada por dos magistrados titulares por cada uno de los Estados que suscribieron el Estatuto y para quienes se encuentra vigente, y su mandado es por un período de diez años, reelegibles por un periodo igual.”

Por su extensión solo se citan dos incisos del Artículo 22 del Estatuto de la Corte , “a) Conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros, de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concernidas. Previamente las respectivas Cancillerías deberán procurar un avenimiento, sin perjuicio de poder intentarlo posteriormente en cualquier estado del juicio. c) Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos”.

El desconocimiento de los vericuetos de la justicia no parece ser privativo de la ciudadanía indefensa, ya que el Ministerio Público tuvo la ocurrencia de elevar el caso del ex Vicepresidente Reyes López, ante una instancia de la que Guatemala no es parte la que, en todo caso, tampoco encontró anomalía, lo que significa que el caso no estaba bien sustentado.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 821 - 220805


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