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La justificación del sistema erróneo en el que se vive
Por Silvia Orozco Santisteban - Guatemala, 23 de septiembre de 2005
orozco_sms@i-dem.org

Un tema que da mucho que hablar, por su polémica interpretación, es el de los Derechos Humanos. Para quienes consideran que éstos son inherentes al ser humano e irrenunciables, como el acceso a la educación, a las oportunidades de trabajo, a un salario justo, a una vivienda digna, asistencia médica, servicios básicos, alimentación adecuada, recreación, acceso a la cultura y a la participación, los defienden a capa y espada.

En contraposición se encuentran sus detractores, que ven en los Derechos Humanos una agresión a sus intereses de clase y los atacan de cualquier manera. Recordemos la manipulación que se hizo del contenido de las Reformas Constitucionales en 1999, cuyo resultado es utilizado todavía como negación al reconocimiento de los derechos de la población en general. Seguramente su nivel de vida, privilegiada por el sistema económico desigual, no les hace pensar en los derechos humanos, pero sí en su propiedad privada.

Otra manera que se ha utilizado para oponerse al respeto de los derechos humanos, es tratar de desvirtuarlos a través del argumento que éstos defienden y protegen a los delincuentes y criminales. La violencia en Guatemala se torna cada día más cruel y despiadada. La impunidad se beneficia de los malos procedimientos en la aplicación de justicia. Lo que se debe entender es que esto es un mal en la estructura judicial. En todo caso el presunto criminal tiene derecho a que se le lleve un debido proceso, y que se aplique el precepto que “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Pero es tan grande la debilidad que tienen las instituciones encargadas de aplicar justicia que, en la mayoría de los casos, pueden pasar años antes que se logre emitir una sentencia confiable, inclusive a los que son aprendidos in fraganti. En todo caso, son las personas que están en las instituciones las que no cumplen con sus funciones, pues los derechos humanos no son una institución en sí, sino parte del mismo ser humano y es el Estado, en su conjunto, el encargado de garantizar que sean respetados.

A pesar de 36 años de conflicto armado interno, de largas negociaciones para firmar los acuerdos para construir la paz, y aún debemos luchar contra el pensamiento retrógrado de aquellos que no permiten avanzar en la definición de un nuevo país. Por este pensamiento es que continuamos con los terribles problemas de pobreza y miseria; vedándoles a los niños y jóvenes la oportunidad de un nivel de vida digna y sin violencia. Se les ha abierto la puerta a la transculturación, que hace que se pierda la identidad nacional, que no se reconozca la riqueza cultural propia y se asimile la de otros países, permitiendo el racismo, la discriminación e intolerancia.

La descomposición social que ha promovido esta situación de desequilibrio e inequidad, ha dado espacio a otros fenómenos sociales como las pandillas juveniles o maras. Susana Ferris, en su artículo “Un mal que llegó del norte”, publicado en “The New Yok Times”, escribe: “…el fenómeno de las maras a América Latina,… hoy día es considerada una de las peores manifestaciones de la persistente desigualdad social y justicia disfuncional en la región…”

Lo anterior, puede tomarse como una fiel demostración que las cosas no pueden continuar de la misma manera si no queremos más generaciones perdidas. La vulnerabilidad de la juventud es grande, podemos ver continuamente ilícitos en que se involucran los jóvenes, desde el simple robo de teléfonos celulares, tráfico de drogas y cada vez más en asesinatos. Lamentable, los jóvenes se ven involucrados en el crimen organizado y, cuando son agredidos brutalmente en lugar de sentir preocupación se expresa: ¡a saber en qué andaba metido! Según un informe de “La Agencia de Noticias a favor de la Niñez y la Adolescencia”, “La Nana”, sólo en el 2005 han muerto 372 niños menores de 17 años, 259 varones y 113 mujeres, 48% por arma de fuego. Según Casa Alianza, hasta mayo del 2005 se registraron 111 asesinatos de menores, en la calle.

Por eso, debe considerarse el contexto completo de la situación que viven los jóvenes y niños. La más brutal de las paradojas, es que se ve con beneplácito los hechos de sangre en los que perece muerto un integrante o ex integrante de pandillas, ¿en dónde queda el dolor de los familiares de las víctimas?, o ¿qué sentimientos tienen los autores de los hechos? Sin duda los sentimientos son encontrados: la prepotencia e irrespeto a la vida, de unos y la indefensión y frustración de otros. Y de forma paulatina pero continua nos convertimos en una sociedad insensible, y así caemos en el juego de los que distorsionan el significado de los derechos humanos.

Justicia y Derechos Humanos, jóvenes y delincuencia, maras y criminalidad, todo pareciera que está entrelazado o mal intencionadamente han querido que se entrelace, para justificar la barbarie del sistema excluyente e injusto en el que vivimos, que es parte de toda una campaña para mantener el status quo.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 830 - 051005


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