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Explosión de impunidad
Por Silvia Tejeda - Guatemala, 16 de marzo de 2007

Ojalá los guatemaltecos sintiéramos algún tipo de respaldo.

Si el Ministerio de Gobernación y sus estrechos colaboradores demostraran mejor capacidad y voluntad política para esclarecer el crimen de los diputados salvadoreños y su piloto, los guatemaltecos sentiríamos todavía algún respaldo. Sin embargo, la confusión que ellos mismos han creado al hacer sus declaraciones, la lentitud para denunciar a otros implicados, la flexibilidad para dejar fuera del caso al Subdirector de la PNC y la proliferación de crímenes en la vía pública en estos días, nos comprueban que la violencia impune aumentará, por dos razones: la primera es que dentro de las autoridades policíacas se contrata también a criminales para desempeñar altos cargos, práctica que ni el gobernante, ni el Ministro de Gobernación han querido admitir, hecho indiscutible y comprobado, que debiera ya haber servido para darnos una explicación y para haber iniciado la reorganización o supresión de la División de Investigación Criminal (Dinc), sin que ninguna institución ajena lo solicitara. Segundo, que de no tomarse acciones inmediatas para denunciar cómo funcionan las organizaciones criminales y de narcotraficantes dentro de esa institución, nos impulsarán a percibir que nuestras autoridades responsables han estado ahí para utilizarlos y encubrirlos cuando fuere necesario. Lo que pasó en este caso, es que se les salió de contexto.

Las consecuencias de la nebulosa, que ha crecido en el desarrollo de los acontecimientos, las estamos presenciando. Los delincuentes, de todo calibre, comienzan a aprovecharse de la situación para actuar. Las muertes por venganza han aumentado. Se mata en las calles, a la luz del día, tanto en la ciudad como en la más apartada aldea. Los cuerpos policíacos están en crisis y esa crisis se traduce en más impunidad para los delincuentes.

El momento es muy delicado y las acciones deben tomarse ya. El pueblo espera una reacción del Mandatario que se encamine a la inmediata reestructuración de los cuerpos de Policía y que explique cuál es, en definitiva, el apoyo que el Ejército otorga. Nuestro Presidente actúa muy superficial y parcialmente cuando cree que haciendo promesas de esclarecer los crímenes está respondiendo como primera autoridad del país. Eso es importante, y que se lo deje al Ministerio Público y a los jueces. Es su obligación respondernos con actuaciones que denoten su autoridad y su carácter. Es el Presidente de todos los guatemaltecos y no el instrumento de una minoría.

Quienes asumen puestos en el Gobierno están obligados a trabajar bajo los más estrictos principios legales que rigen el país y no a soslayarlos y manipularlos, para propiciar la impunidad, como sucede en Guatemala. Ya veremos cómo responden a la iniciativa planteada por la Iglesia, la Universidad de San Carlos y el Procurador de los Derechos Humanos.

Fuente: www.elperiodico.com.gt - 150307


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