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La criminalización continúa. Persecución política a defensores del medio ambiente
Por Selvin Torres - Guatemala, 14 de febrero de 2020

La persecución política es parte de la estrategia del Estado para criminalizar a defensores del medio ambiente. El nuevo gobierno, con tendencia autoritaria y represiva, no plantea un cambio a esta política que ha sido una constante en el país.

El 21 de diciembre de 2019 fue capturado Francisco Lucas, líder comunitario del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Francisco es activo en la resistencia contra de la construcción de hidroeléctricas en el Norte de este departamento. Por su parte, el 26 de enero de este año, Julio Gómez, autoridad maya chuj del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Maya Akateko, Maya Chuj, Maya Popti’ y Maya Q’anjob’al (Payxail Yajaw Konobʹ), fue detenido en el municipio de Chiantla, Huehuetenango, sin presentársele orden de captura.

El Norte de Huehuetenango ha sido un territorio amenazado por la construcción de megaproyectos, debido a su diversidad natural en minerales y fuentes de agua y su importancia geoestratégica, pues forma parte de la Franja Transversal del Norte. En los últimos años se ha constatado una clara estrategia de criminalización en los municipios norteños de Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán. Con el estado de sitio decretado en mayo de 2012 en Barillas, se abrió un nuevo ciclo de represión que se materializó con la persecución y detención arbitraria de varios líderes comunitarios.

La violencia política se ha manifestado con la muerte de Andrés Francisco Miguel el primero de mayo de 2012 y el atentado contra otros dos comunitarios q’anjob’al de Barillas, el secuestro, tortura y asesinato de Daniel Pedro Mateo, líder q’anjob’al de Santa Eulalia, en 2013 y, más recientemente, el asesinato de Sebastián Alonso de 72 años en una manifestación pacífica en enero de 2017 en San Mateo Ixtatán. Todos estos hechos de violencia reflejan el modo represivo con que actúa el Estado junto a empresas extractivas para beneficiar los proyectos de expansión del capital.

Las recientes detenciones de Francisco Lucas y Julio Gómez evidencian la estrategia de control por parte de las instituciones del Estado y de las empresas objeto de la resistencia y lucha por la defensa del territorio. El uso indebido del derecho penal y el empleo de figuras delictivas que no gozan de medidas sustitutivas buscan encauzar procesos de criminalización y judicialización con el objeto de infundir miedo e impedir la labor de defensa de derechos.

Francisco Lucas fue liberado el 3 de enero tras pasar 13 días en prisión. Se le había acusado de terrorismo, coacción, amenazas y secuestro, entre otras figuras, en el marco de la reactivación de un caso de 2012 promovido por la empresa Hidro Santa Cruz. Francisco se suma a la lista de presos políticos del municipio que se han enfrentado al sistema de justicia y al aparato represivo del Estado. A pesar que la empresa hidroeléctrica en Barillas se retiró del país en diciembre de 2016, los intereses del capital siguen presentes por su vinculación con otras de similar naturaleza, como las que están operando en el municipio de San Mateo Ixtatán.

La detención de Julio Gómez en enero de este año no es casualidad. Fue capturado un día después de la presencia del presidente Giammattei en San Mateo Ixtatán, quien llegó junto a varios funcionarios del ejecutivo, y la Fiscal General, para anunciar la implementación de un acuerdo de «paz y desarrollo» en el municipio, así como la creación de una agencia fiscal del Ministerio Público.

A Julio, se le acusó de instigación a delinquir, manifestaciones ilícitas, agrupaciones ilegales de gente armada, atentado y asesinato en grado de tentativa. El 3 de febrero fue puesto en libertad por falta de mérito. Desde la llegada de la empresa hidroeléctrica a San Mateo Ixtatán en 2009, esta ha recibido el apoyo del Estado y la municipalidad para llevar a cabo la construcción de tres centrales hidroeléctricas. Tras formarse la resistencia de las comunidades, la violencia se ha manifestado a través de la persecución a líderes, criminalización y asesinatos, sumado a la militarización de la zona a partir del establecimiento de un destacamento militar en 2014, muy cerca de las instalaciones de la empresa.

Desde hace varios años, se ha utilizado este patrón procedimental contra comunitarios que lideran las luchas y resistencias frente a los proyectos extractivos. Esta misma criminalización ha afectado también a varios procesos de resistencia en otras regiones del país: lo sucedido en la Puya (San Pedro Ayampuc/San José del Golfo), las luchas contra la cementera en San Juan Sacatepéquez y la minería en San Rafael Las Flores, así como los actuales procesos de judicialización en Alta Verapaz por la defensa del río Cahabón.

El objetivo de las persecuciones y detenciones es desmovilizar las luchas y defensas de pueblos indígenas y campesinos. Es una forma de silenciar e impedir las acciones legítimas de resistencia frente a proyectos que buscan únicamente beneficios particulares y de acumulación de capital. Las más recientes detenciones evidencian la continuidad del proceder del Estado al criminalizar líderes que defienden los derechos de sus comunidades y buscan el cuidado del medio ambiente.

Fuente: www.ceppas.org.gt


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