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Aguas con la Ley de Aguas
Por Tania Palencia Prado - Guatemala, 9 de noviembre de 2004
tpalencia@guate.net.gt

No soy conocedora del derecho de aguas, así que mi intención es despertar dudas; proponer una mejor comprensión. Creo que sería un error si el Congreso se apresura en aprobar una ley de aguas sin debates consistentes. En esos debates (¿pidiendo peras al olmo?), los y las parlamentarias están obligados a interconectar relaciones.

El agua no es sólo un recurso a administrar, a poseer o a vender; el agua es -ante todo- vida, y una buena Ley de Aguas debiera asegurar un equilibrio entre la vida del agua y su uso, y la vida en general. Si el Congreso abre ese debate, que se levante el telón constitucional: artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. La Constitución obliga a que la Ley General de Aguas sea de interés social.

He leído la iniciativa de Ley General de Aguas que el diputado-ingeniero José Alfredo Cojtí Chiroy, presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, entregó hace poco a la Secretaría Legislativa del Congreso. El proyecto de ley propone un ordenamiento jurídico e institucional de las aguas, comenzando (muy bien) por instruir la realización de un inventario hídrico nacional; regula la administración, el uso, el régimen económico, la jurisprudencia, los incentivos y las sanciones en el manejo del agua.

Sugiero que no se apruebe tal como está. Pienso que es incoherente. Tengo dudas de su coherencia en tres áreas: a) crea un sistema de adjudicación especial, es decir, que no es de uso común, muy vulnerable a la impunidad; b) propone un sistema de administración que no refleja los principios en que se basa la misma ley, y c) no tiene mecanismos generales de evaluación de impacto socioambiental.

El primer artículo (22) del capítulo sobre Uso y Aprovechamiento de Aguas exime de responsabilidad a la administración si hay deterioro (así de genérico) de la fuente de agua. Las concesiones o los permisos especiales o de interés privado, que se proponen a ¡25 años! prorrogables, carecen de mecanismos de control periódico, lo cual es grave para las concesiones de aguas residuales.

Me parece de muy débil consistencia ético-jurídica que se reconozcan per se los derechos adquiridos bajo legislaciones anteriores, lo cual implica que esas concesiones (por ejemplo hidroeléctricas, o los botaderos de las industrias azucareras o turísticas, o los desvíos de agua) seguirán funcionando sin corregir desequilibrios ni viejas violaciones legales. Tampoco se contemplan formas de concesión colectiva como tipo alternativo de manejo de microcuencas, aunque el proyecto reconoce los derechos comunitarios de los pueblos indígenas.

Las propuestas administrativas no son precisas para la coordinación entre las instituciones públicas. Se crea el Instituto Nacional del Agua (Inagua), ente rector, pero no especifica su coordinación con la institucionalidad ambiental. No hay ideas de institucionalidad técnica, de modo que las Juntas de Agua corren el riesgo de ser meras facilitadoras políticas del mercado de agua, antes que reguladoras técnicas de un manejo con interés ecosocial. La Gerencia podrá dar permisos privados.

El proyecto otorga total libertad para decidir el monto de las tarifas anuales por abastecimiento y no crea ningún control sobre el sistema tarifario. Tampoco existen prohibiciones explícitas de desechos tóxicos.

Dos buenas ideas tiene la parte de asuntos transitorios: crear un programa de regularización del agua y otro de recuperación de la integridad del patrimonio de las aguas de dominio público. ¿Y la recuperación en los dominios privados?

Debe discutirse más. Se va a legalizar el manejo privado del agua y no hay claridad de control público sobre esta avalancha mercantil. Me temo que varios artículos de este proyecto disipan el espíritu de su exposición de motivos.

Fuente: www.sigloxxi.com


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