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Debate a partir de verdades
Por Úrsula Roldán Andrade - Guatemala, 13 de octubre de 2004

Las reacciones a favor de la propiedad privada que promueven la “defensa del patrimonio familiar de quien tiene una casita, un carrito o una casetita”, suenan a cuando hace 50 años militares y empresarios llamaron a enarbolar las ideas anticomunistas para “defender la patria y la fe” y así derrotar a un gobierno que perfilaba el único proyecto de nación que ha existido en Guatemala, instaurando la peor guerra fraticida que duró 36 años.

Son los mismos sectores de poder que se oponen a las reformas tributarias, que permitan fortalecer un Estado a fin de que éste tenga capacidad de atender las necesidades de su población. Así también pertenecen a esos grupos que llaman a “defender la soberanía nacional”, como principal argumento para rechazar la Ciciacs y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, dejando de rodillas al país frente al crimen organizado y los poderes paralelos.

¡Por favor!, con este tipo de argumentos se ocultan los verdaderos intereses de quienes quieren mantener el poder y el status quo a costa de que miles de guatemaltecos sobrevivan con hambre, pobreza, analfabetismo, aislamiento y violencia.

Estos planteamientos de “defensa” ocultan una vez más la verdad de lo que está detrás del argumento y la realidad guatemalteca. En este caso, el debate se vincula al delito de Usurpación y Usurpación agravada. La pregunta es, ¿por qué no se discute lo que está de fondo?

Se desconoce que esos delitos de usurpación sólo existen en el atrasado Código Penal guatemalteco. Países modernos que otorgan plena vigencia de la propiedad privada y otros tipos de propiedad, no los contemplan en su legislación. Aquí fue colocado precisamente para evitar el desborde de la presión sobre la tierra en 1994.

Es necesario aclarar que esos enunciados jurídicos ampliaron las causas de su tipificación, imputando la invasión u ocupación del inmueble sin importar el propósito y la manera de realizarlo: “Si es con fines de apoderamiento o no; si se utiliza la violencia o no”. El anterior Código Penal establecía de seis meses a tres años de cárcel cuando se utilizara la violencia con fines de apropiación, y sólo multa cuando fueran ocupaciones impropias sin uso de violencia. Con la denominada “Usurpación agravada” se estipulan sanciones con pena privativa de libertad, de dos a seis. Además se agrega al delito un párrafo sobre “la flagrancia, procediéndose al inmediato desalojo”, eso significa que la simple permanencia en el inmueble es flagrancia y aparentemente determina un ánimo de permanencia que nunca es comprobado. La denominación de estos delitos limita el derecho de defensa y oculta los verdaderos propósitos. Esto sucede por ejemplo con los reclamos de mozos colonos o trabajadores agrícolas.

Los delitos de usurpación y usurpación agravada están solapando la violación del derecho de generaciones de comunidades campesinas, que desde hace más de 100 años fueron obligadas a realizar trabajo gratuito para levantar las fincas de café y condenadas a vivir en condiciones de explotación por el resto de sus vidas; mientras otros han gozado de la opulencia y recibido todo el apoyo del Estado para mantener y aumentar sus privilegios.

Los derechos laborales existen desde mediados de la década de los 40. Para muchos empleadores, parece que éstos no existieran. Esa amnesia para cumplir la Ley ha tenido el propósito de tenerlos dependientes de la finca. Fue el mecanismo que se utilizó alrededor de la figura de mozo-colono para no cumplir con las mínimas garantías establecidas en el Código de Trabajo.

Hoy el mozo-colono ya no le es funcional al sistema de finca. La gente le estorba y le afecta que los trabajadores reclamen sus prestaciones laborales a cambio de tierra o capital. Al derecho de reclamo y resistencia se le está llamando “invasión”. Es cierto que las “ocupaciones de tierra” también son medios de presión para reclamar propiedades de dudosa proveniencia o con presunta sobretitulación; de igual manera pueden ser medidas desesperadas cuando se contrasta el hambre y la pobreza frente a grandes extensiones de tierra abandonadas y ociosas.

Entonces no es cualquier casita ni tiendita, la que está en riesgo. Lo que está en cuestión es un modelo socioeconómico, que es obsoleto para proporcionar bienestar para las grandes mayorías, y un modelo de Estado patrimonialista, que no garantiza el establecimiento del bien común, la dignidad humana y el derecho a la vida y a la alimentación. Todo lo anterior hay que discutirlo, únicamente con verdades será posible llegar a acuerdos con visión de nación y de país.

(*) Vocera de la Plataforma Agraria y Coordinadora de la Pastoral Interdiocesana de la Tierra.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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