El período de los cambios
Por Virgilio Álvarez Aragón - Guatemala, 20 de diciembre de 2006
viralvarez@intelnet.net.gt
En el ocaso del neoliberalismo muchos países han empezado la ruta del cuestionamiento.
Es la sociedad en su conjunto la responsable de la calidad del sistema escolar.
La década de los años noventa fue un período rico en reformas y modificaciones de las legislaciones educativas en buena parte del mundo. A la exigencia por planificaciones realistas y minuciosas impulsada denodadamente en las dos décadas anteriores le siguió la de las evaluaciones. Pero a ese boom evaluador le acompañó la idealista y metafísica suposición de que todo debe estar en manos de particulares y que el Estado sólo debe atenderles y financiarles, lo que en educación se tradujo en procesos descentralizadores que, en la práctica, lo que hicieron fue privatizar los servicios educativos.
Sin embargo, demostrada su incongruencia con sistemas sociales que intentan ser más justos y equitativos en la oferta de oportunidades, en el ocaso del neoliberalismo, muchos países han empezado la ruta del cuestionamiento de esos procedimientos, planteándose no sólo la universalización de la cobertura, sino ofrecer una educación de calidad que reduzca las inequidades.
Si en Chile el proceso de reordenamiento de los sistemas escolares vino como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles, en Argentina y en España han sido consecuencia de que nuevas mayorías se han configurado en los parlamentos y gobiernos.
En España, luego de un amplio e intenso debate nacional producido alrededor del documento Una educación de calidad para todos y entre todos, el 3 de mayo de este año fue aprobada la Ley orgánica de educación, basada en “la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo”.
Para el efecto se establece que todos los componentes de la comunidad educativa deben colaborar para conseguir ese objetivo donde, en última instancia, es la sociedad en su conjunto la responsable de la calidad del sistema escolar.
En Argentina, la Ley aprobada la semana pasada por su Senado y Congreso reconoce no sólo que la educación es una prioridad nacional y política de estado, sino que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, extendiendo la educación obligatoria a trece años, declarando la formación docente como factor clave de la mejoría de la calidad de la educación y comprometiendo al Estado en su financiamiento.
En Chile, el Consejo asesor presidencial para la calidad de la educación, surgido como consecuencia de las movilizaciones de los estudiantes de secundaria, presentó este 11 de diciembre su informe final en el que, además de centrarse en sugerir caminos para mejorar la calidad de la educación, se demanda una mayor injerencia del Estado en la administración de los establecimientos.
Equidad, calidad y compromiso público son, según parece, los conceptos en educación para las nuevas décadas. Guatemala podría sumarse a los países avanzados, para ello sólo falta que nuestras elites políticas y económicas dejen de aferrarse a los conceptos del pasado y que comiencen, de verdad, a pensar con los ojos en el futuro.
Fuente: www.sigloxxi.com |