Los otros responsables
Por Virgilio Álvarez - Guatemala, 18 de junio de 2008
Los dueños de estos “casinos” (...) han cerrado los ojos al origen de los recursos que les trasladan...
En el penoso caso de las inversiones financieras de riesgo por parte del Congreso de la República, ya muchas cosas se han dicho. No obstante, los medios de comunicación poco han aportado para explicar, por un lado, las razones, motivos y justificaciones legales que han permitido que un órgano de Estado ahorre recursos y, por otro, el comportamiento, poco claro, de empresas corruptoras que en aras de maximizar sus ganancias pagan comisiones a particulares, no necesariamente los dueños de los recursos puestos en juego en esos casinos.
En el primer caso salta a la vista que hay clara y evidente responsabilidad en las distintas juntas directivas que desde hace más 10 años practican esa pésima práctica administrativa de presupuestar más recursos que los que son capaces de ejecutar. Lo sucedido nos muestra que es totalmente factible que el Congreso de la República funcione con un presupuesto mucho menor que el autoasignado anualmente, por lo que en este momento, en el que los supuestos buenos diputados se han rasgado las vestiduras ante el hecho descubierto, es necesario ir al fondo del caso, revisándose todas aquellas partidas que, como las de viáticos y alimentos, pueden ser reducidas significativamente, sin que por ello la labor legislativa se entorpezca. Cuánto ahorraríamos efectivamente si, por ejemplo, el Congreso de la República presupuestara apenas cuatro días de viáticos internacionales por diputado al año. Pero además, ¿por qué no aprobar que todo aquel dinero que el Congreso no ejecute en un ejercicio fiscal se traslade, automáticamente, a la construcción de centros de enseñanza media, para lo cual desde hace más de 20 años no se orienta ningún recurso?
La imagen del Congreso, y el desarrollo de sus funciones legislativas saldrían, con esas medidas, más que beneficiadas, sin que por ello su labor política fuese perjudicada.
La otra cuestión, la que se refiere al pago de sobornos en forma de comisiones a los que llevan recursos ajenos a esas empresas financieras es harina de otro costal. Dentro de la cultura guatemalteca se ha consolidado la ideología que justifica toda búsqueda del bien individual sobre el colectivo, sin importar si con ello se perjudica al Estado, a otras instituciones o individuos. Los dueños de estos “casinos”, eufemísticamente llamados Casas de Bolsa, han cerrado los ojos al origen de los recursos que les trasladan, sin exigir que quien les lleve el dinero sea su legítimo propietario, mucho menos si esos fondos han sido efectivamente autorizados para ese fin. Innegablemente estas empresas, como muchas otras que pagan comisiones, son la otra punta de la corrupción, y deben ser controladas e inhibidas de realizar esas prácticas. Si el Congreso debe establecer con claridad adónde fueron a dar los intereses producidos por esos recursos en todos estos años en que se les uso de manera inadecuada –no hay ninguna partida llamada ahorro en Presupuesto de la Nación– con igual interés debe establecer quién cobro comisiones y, sobre todo, por qué determinada empresa hizo esa erogación. Los corredores de bolsa no son niños de primera comunión, como hasta ahora han querido aparecer, y deben ser punidos drásticamente si, como imaginamos, son los corruptores del sistema financiero y político del país.
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