Corporaciones, academia y poder
Por Virgilio Álvarez - Guatemala, 1 de julio de 2009
Para muchos resultó extraño y hasta inconcebible que los rectores de las universidades decidieran oponerse a escoger, mediante sorteo público, el representante de ese club para que presida las comisiones que seleccionarán a los profesionales a postular ante el Congreso de la República para ocupar las distintas cortes.
Es necesario anotar, sin embargo, que en todo el proceso de presión social que concluyó en la aprobación forzada de las revisiones a la Ley de postulaciones, las universidades, y sus principales autoridades, estuvieron permanentemente ausentes, lo que constituye una clara manifestación a favor del antiguo procedimiento en el que los intereses particulares se sobreponen a los públicos. Posiblemente no todos los rectores están del todo convencidos de ese proceder, de ahí que la salida salomónica haya sido pedir que sea la Corte de Constitucionalidad la que dirima la discrepancia.
Aunque las normas son claras y no contradictorias, como la citada Corte se ha convertido en el legislador en última instancia, sin que haya sido creada para tal fin, se recurre a ella como árbitro, sabiendo que en su interior también se defienden determinados intereses, de tal forma que tanto decide si una manifestación popular se reúne en punto o en otro, como si una norma política, apegada al presente, se adecua o no a los intereses de los tradicionales y grupos neohegemónicos.
Pero con este proceder de los dueños de las empresas de educación superior o sus representantes, ha quedado finalmente evidenciado algo que desde hace mucho tiempo hemos comentado en este espacio: Las instituciones de educación superior, sean públicas o privadas no sólo deben ser regidas y vigiladas por el Estado, de modo que cumplan a cabalidad con el objetivo de producir conocimiento y formar profesionales, sino que deben estar alejadas de todo espacio donde la lucha por el poder público se evidencia. Si los académicos no estamos alejados de intereses y visiones ideológicas, mucho menos lo podrán estar quienes ejercen la gerencia de instituciones de formación profesional que no tienen más objetivo que divulgar sus creencias confesionales, mantener el status quo social y económico y producir ganancias. Si, como se evidencia en varios estudios, la administración de las universidades, públicas y privadas, cada vez más la ejercen típicas oligarquías profesionales, poner en manos de ellas la transparencia de los procesos de selección de altos funcionarios públicos no es lo más acertado, tal y como con este hecho ha quedado demostrado.
De ahí que lo único que resuelve estas cuestiones es la constitución efectiva de una estricta carrera profesional, jurídica en este caso, en la que a los altos cargos sólo puedan acceder quienes poseen suficientes méritos académicos y profesionales, debidamente demostrados y previamente establecidos, calificados por ciudadanos cuya única función sea la de verificar, de manera pública, como ahora se pide, que esos criterios se cumplan. Para ello, que sean rectores o decanos es lo que menos se aconseja, pues siempre tendrán la presión de los grupos de intereses vinculados a las corporaciones profesionales.
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