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Los retos del medio y largo plazo
Por Virgilio Alvarez Aragon - Guatemala, 10 de marzo de 2010

El retiro inesperado por orden de la Corte de Constitucionalidad del Ministro de Educación si bien sentó un precedente, hizo de ese órgano no ya un supralegislador, como ya venía sucediendo, sino ahora también en un jefe supremo del poder Ejecutivo: Mucho poder en un órgano de Estado que cada vez más se comporta como un actor político que como un ente defensor de la Constitución.

Pero compartamos o no el comportamiento de dicha Corte, la cuestión es que sus resoluciones deben acatarse y lo que resta ahora es tratar que el sistema educativo no se derrumbe aún más de como lo han dejado las políticas que, aplicadas durante más de 20 años, lo único que han hecho es destruir todo el sistema educativo y no sólo la ofrecida por el sector público. Si a los distintos actores aún les cuesta entender que la transformación de nuestra sociedad se fundamenta en un sistema de enseñanza de calidad para todos, también les cuesta aceptar que este proyecto no es cuestión de un ministro sino de toda la clase política y, sobre todo, de compromisos efectivos de la élite económica. Con los recursos que actualmente tiene el Estado, baste decir, sin pecar de reiterativo, que no sólo no lograremos avanzar, sino más bien retrocederemos aceleradamente.

Antes que nada debemos aceptar que el programa de transferencias condicionadas, aunque llegó con muchos años de atraso, debe defenderse con toda la vehemencia posible, pues es condición indispensable para que todos los programas educativos funcionen. Debe aceptarse también que la gratuidad, que finalmente se ha hecho efectiva, debe mantenerse a toda costa, entendiendo también que es, junto a las transferencias condicionadas, uno de los pilares en los que se puede asentar el mejoramiento efectivo del sistema escolar guatemalteco y, en consecuencia, el desarrollo del país. Negar su importancia y su oportunidad puede sonar interesante a los intereses electorales de corto plazo, pero apostar en su eliminación nos colocará en el corto plazo aún atrás del ahora devastado Haití.

Trabajar en el mejoramiento de la infraestructura escolar es ahora el reto y, con seguridad, el censo levantado en la anterior administración puede ser de suma utilidad. Como lo es también defender el derecho de los maestros a exigir el cumplimiento de sus demandas. Los maestros no pueden enseñar a sus alumnos dignidad, si ellos mismos no defienden sus derechos. Poner a la sociedad en contra del magisterio no es en nada benéfico y si bien es fundamental que se impartan clases, la dignidad no se construye memorizando frases sino en la práctica social. No importa si la inmensa mayoría de los maestros que recientemente se movilizaron sean simpatizantes de los partidos de oposición o critiquen mecánicamente el programa de transferencias condicionadas, su movimiento tenía sentido y se debe luchar, como otro pilar fundamental del desarrollo de nuestro sistema escolar, por que el magisterio sea debida y adecuadamente remunerado.

Al nuevo Ministro de Educación le corresponde ahora recoger los pedazos de un sistema empobrecido y empequeñecido por década de políticas públicas que hicieron de los niños pobres las víctimas prioritarias del trágico y permanente desmantelamiento del Estado, y tratar de ponerlo a funcionar con visión de futuro. Colocar a los niños en el centro de todo el esfuerzo nacional implica no salir con las espadas en ristre torpedeando cualquier esfuerzo y cualquier acción de los ahora responsables de la conducción del país sino, con alto espíritu ciudadano, ofrecer toda aquella colaboración y apoyo que signifique remontar la herencia recibida.

Recuperar los procesos de evaluación, mejorar significativamente la formación de los docentes son, entre otras, tareas prioritarias, siempre y cuando gratuidad y transferencias sean sus pilares.

Fuente: www.sigloxxi.com


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