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La toma del AHPN favorece la impunidad
Por Virgilio Alvarez Aragon - Guatemala, 8 de agosto de 2018

El operativo se realizó con todas las características de una operación comando. Sin radiopatrullas ni tanquetas, pero con carros oficiales y por sorpresa. El objetivo, retirar de manera inmediata y sin previo aviso a Gustavo Meoño, hasta ese momento director del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) y quien, con denodados esfuerzos y personales sacrificios, durante trece años levantó de la nada un archivo que ahora es conocido y consultado nacional e internacionalmente.

Las funcionarias del Ministerio de Cultura y Deportes (Micude), apoyadas por las placas diplomáticas de funcionarias locales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), solitciaron al señor Meoño, muy atenta pero tajantemente, que dejara su escritorio y saliera de su oficina, pues desde el 1 de agosto ya no tenía contrato alguno que le respaldara como tal.

No medió ningún aviso ni solicitud para que preparara, con antecedencia y detallamente, toda aquella documentación e información útil a sus sucesoras, quienes desde ese momento actúan como interventoras, con todo el estilo autoritario propio de los regímenes militares durante los cuales se tomaron escuelas, institutos e instituciones que, según los dueños del poder y los recursos públicos, eran contrarias a sus intereses.

El AHPN no es una dependencia del Micude, sino una institución asociada, a través del Archivo General de Centroamérica (AGCA), mediante acuerdo ministerial de 2009. Esta asociación se procuró con el fin de darle un respaldo institucional a un ente que había surgido de manera fortuita en 2005, a partir de una visita que el procurador de los Derechos Humanos de ese momento hacía a las derruidas construcciones de lo que se propuso sería un hospital de la policía pero que nunca se concluyó.

La relación entre las direcciones de ambos archivos se estrechó desde la creación del AHPN, pues la experiencia y conocimiento científico técnico de la directora del AGCA, Ana Carla Ericastilla, era indispensable para la constitución y consolidación de un ente responsable de la custodia y puesta en uso de una documentación, no solo especializada en su contenido -documentos surgidos dentro y para los distintos cuerpos policiales que han funcionado en el país desde finales del siglo XIX-, sino gigantesca en su volumen, pues son más de setenta millones de folios los que lo integran.

En todos estos años, el Micude no ha aportado un solo centavo al AHPN, más allá de las horas de trabajo que la directora del AGCA ha dedicado para apoyar en los procesos de consecución y gestión de los recursos. Sin embargo, pasada ya más de una década, los principales donantes que aportaron para su constitución y fortalecimiento han ido desapareciendo, entrando nuevos donantes a financiar las tareas más críticas. De esa cuenta, los aportes que de la cooperación internacional se hacían para financiar a la dirección y otros cargos administrativos cesó el último día de julio de este año, debiendo ser asumidos a partir de fondos de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, gestiones en las que participaron Meoño y Ericastilla.

Desde mediados del 2017 se comenzó a denunciar que había, de parte del Micude, la intención de intervenir y hasta detener el funcionamiento del Archivo, lo que vino a concretarse este viernes 3 de agosto con el retiro de su director, luego de que el día anterior había sido apartada la licencia Eriastilla, directora del AGCA, como encargada de la relación con el AHPN, pasando el vínculo, primero, a la viceministra de Patrimonio, Gladys Palala y luego a la directora de Patrimonio de ese Ministerio, Evelyn Patricia Girón Mayén del Valle, quien a partir de ahora actúa más como interventora que como directora.

Irresponsable, por decir lo mínimo, y evidenciando su total desconocimiento de las prácticas archivísticas y de lo logrado en el AHPN, resulta la afirmación de la viceministra Palala, quien ante un medio, que parece serle favorable, afirmó que «el proyecto [el AHPN] ha caminado un poco lento, ya que se lleva alrededor del 23 % de los documentos digitalizados, de los más de 75 millones encontrados en 2005». Si tomamos su afirmación al pie de la letra, de inmediato debería haber anunciado los mecanismos y procedimientos que puedan acelerar significativamente el proceso de limpieza, sistematización, catalogación, digitalización y archivo de los documentos restantes. De no ser así, la viceministra Palala estará demostrando que es una más en este coro desafinado que ha decidido destruir tan importante acervo o, al menos, ocultarlo a los ojos de los interesados.

Dos hechos, marcadamente diferentes, parecen haber orientado a las autoridades ministeriales a asestar ese golpe al AHPN. El primero, y más difundido entre los personeros del Ministerio y Naciones Unidas, es la sentencia favorable que, en noviembre del año pasado, un juzgado de trabajo, de manera más que arbitraria, otorgó a exempleados del Archivo. La segunda, y que parece ser la de fondo, es el uso que los distintos procuradores de justicia y partes acusadoras han hecho de las documentaciones allí existentes, las que han servido para demostrar, de manera incuestionable, que han sido oficiales del ejército y altos mandos de las policías quienes perpetraron crímenes contra la humanidad en los regímenes de terror en las décadas de los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado.

En el caso de los empleados supuestamente despedidos, que luego presentaron la demanda laboral, no hubo tal despido, sino la conclusión de un contrato y la no renovación del mismo. El Departamento Jurídico del Micude tenía elementos probatorios suficientes para demostrar que los demandantes no eran empleados públicos y, en consecuencia, no cabía ser la parte demandada. Sin embargo, se erró en el debate y se perdió el juicio, que si bien conllevó el pago de un monto próximo al millón de quetzales, en nada afectó las finanzas de un ministerio que cuenta con recursos suficientes como para gastar millones en la compra de materiales propagandísticos en épocas veraniegas y cuaresmales. Dato, más que curioso y sospechoso, es que el principal demandante y beneficiario era, al momento de la sentencia laboral, funcionario de ese Ministerio en uno de sus archivos.

La segunda causal para la separación del, hasta hace algunos días, director del AHPN y el alejamiento de la institución de la licenciada Ericastilla parece ser la más importante. Los materiales clasificados y organizados en ese archivo han permitido demostrar la responsabilidad de policías y militares en juicios paradgmáticos contra perpetradores de delitos contra la humanidad. Son los casos, por ejemplo, del juicio por la desaparición de Fernando García, el caso Molina Theissen, y el seguido para demostrar la veracidad del llamado Archivo Militar. En ambos, las documentaciones obtenidas en ese Archivo permitieron demostrar que las las víctimas fueron detenidas y llevadas a separos policiales, para luego ser entregadas a órganos u estructuras militares.

Ante pruebas documentales tan contundentes, como presentar con nombre, apellido y muchas veces fotografía a las víctimas, las que nunca fueron presentadas ante jueces competentes, pero sí entregadas a autoridades militares, los jueces no han tenido más alternativa que condenar a los acusados, reos que, como se sabe, tienen estrechos vínculos con los dirigentes del partido FCN, actualmente en el Gobierno y con el control del Congreso de la República. Se sabe, además, que peritos y agentes del Ministerio Público han estado recabando información en el AHPN para sustentar sus acusaciones contra responsables, civiles y militares, de las desapariciones forzadas cuando funcionaron los Tribunales de Fuero Especial. Asimismo, en el acervo del AHPN se ha obtenido información documental que puede demostrar la culpabilidad de varios de los detenidos por el caso Creompaz.

Que el director histórico del AHPN y la directora del AGCA sean profesionales clara y abiertamente comprometidos con la búsqueda de la verdad, hace evidente que su retiro no tiene otro interés más que favorecer a la impunidad de los perpetradores de crímenes tan cobardes y sanguinarios, tal y como ya parece estar sucediendo en el Ministerio Público con todo lo que tiene que ver con los delitos electorales y de corrupción de las actuales autoridades gubernamentales.

Si tomamos en cuenta que es un secreto a voces que el actual ministro José Luis Chea Urruela, quien fue candidato presidencial en 1995 por la Unión Democrática, desea serlo de nuevo, esta vez por el partido oficial, resulta evidente que necesita congraciarse y demostrar sus servicios a quienes luchan y se desesperan porque en Guatemala vuelva a imponerse la impunidad ante los crímenes contra la humanidad. Para tal efecto, necesita del apoyo de ese aparato paramilitar que, moviéndose en las tinieblas de los crímenes de Estado, ha sobrevivido por décadas y, en la actualidad, controla buena parte del aparato del Estado, desde el presidente de la República hasta los gobernadores departamentales, y es la estructura férrea que administra al FCN y sus alianzas. Limitar y hasta anular las acciones del AHPN es, por lo que parece, la tarjeta de presentación con la que Chea Urruela espera congraciarse con sus correligionarios.

De esa cuenta, el retiro del director bien puede parecer un acto administrativo como cualquier otro, pues, a pesar de la fina línea legal que liga la AHPN con el Micude, su nombramiento es al final de cuentas algo que debe ser autorizado por este Ministerio. No obstante, el que no se haya realizado un debido y adecuado proceso de transición, en el que el acto principal y fundamental tendría que haber sido la convocatoria pública y abierta para contratar a un especialista en el tema, con calidades y competencias iguales o superiores al director destituido, hace notorio y evidente que el interés del ministro Chea no es mejorar las capacidades y gestiones del Archivo, sino apartar de él a quienes en estos trece años se han posicionado abiertamente en favor del manejo público y legal de la documentación que allí se encuentra.

Notorio, y para nada ingenuo, resulta el comportamiento en todo este asunto de los y las funcionarias del PNUD que, en todo este asunto han actuado con secretividad y sin transparencia, evidenciando que más que comprometidas con la paz, basada en la verdad y la justicia, prefieren la demagogia, impunidad y corrupción, que no es otra cosa que justificar y seguir permitiendo los crímenes contra la humanidad, como ya está sucediendo con los dirigentes comunitarios vinculados a Codeca.

Fuente: gazeta.gt


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