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Los delincuentes fanfarrones han destruido el país
Por Virgilio Alvarez Aragon - Guatemala, 12 de junio de 2021


El m ás reciente acto chabacano y fanfarrón del pacto de corrupción e impunidad sucedió en San Petersburgo, a donde asistió con todos los gastos pagados el actual ministro de Economía, Antonio Maluf.

Si su jefe en Andorra dejó a los participantes con la boca tapada para evitar hacer públicas sus sonrisas, al decir que la ivermectina sustituye «por mucho a la vacuna» contra el COVID-19, dejando evidencia que si pasó por la Facultad de Medicina los conocimientos científicos no entraron en su cabeza; el experto en pagar sueldo de hambre en las maquilas textiles de su familia se lanzó a afirmar que «la tecnología que tiene México, la tecnología que tiene Argentina, para fabricar vacunas no es ninguna que nosotros no tengamos», concluyendo que Guatemala también podrá producir en el país la vacuna Sputnik.

Quien le haya hecho la entrevista, si conoce un poco la realidad latinoamericana, debió contener la carcajada, pues de todos es sabido que el desarrollo científico tecnológico no es una cuestión de días y, en el caso de la producción de fármacos como las vacunas, son necesarias grandes inversiones en equipo y la participación de personal larga y altamente calificado.

Argentina y México, como también Brasil y Cuba, han hecho durante décadas grandes esfuerzos para formar a sus científicos y técnicos, así como inversiones de recursos públicos en poner en marcha los laboratorios que ahora se aprestan a producir vacunas diseñadas y producidas en China, Rusia y Reino Unido, pues no es como en sus delirios presuntuosos imagina el expresidente del Cacif, de soplar y hacer botellas. México y Argentina no solo producirán Sputnik, ya han empezado a aplicar la versión latinoamericana de AstraZeneca producida en sus laboratorios, la que también se envasa en Brasil, donde, aún en contra del negacionismo genocida de Bolsonaro y de su servilismo proestadounidense también se procesa la china de Sinovac.

Lamentablemente, en Guatemala, acostumbradas sus élites por siglos al fanfarroneo y la mentira, si los proyectos no les dejan jugosos beneficios -legales o ilegales, legítimos o ilegítimos- cuanto antes, no están interesados en hacerlo, por lo que ni desde lo público, mucho menos desde lo privado, se ha invertido en ello.

Cuando en la década de los años sesenta Argentina, México, Brasil, y luego Cuba y Costa Rica comenzaron a diseñar serios programas de maestrías y doctorados en ciencias puras, exactas y sociales, en Guatemala se produjo la primera ola de creación de universidades privadas, que más que interesadas en formar científicos que produjeran conocimientos capaces de sacar el país adelante, estaban -y continúan estando- centradas en producir ideología, dizque para combatir al comunismo sancarlista.

Con la segunda y tercera ola de creación de universidades privadas el asunto ha ido de mal en peor, pues, más que conocimiento, lo que se vende son títulos para colgar en las paredes. A pesar de los fuertes aportes estadounidenses en la Universidad del Valle, propuesta para ser un centro de producción de conocimientos en ciencias puras, en las últimas dos décadas se ha convertido en una universidad patito más. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC, a pesar del esfuerzo de sus docentes y técnicos, gracias a las pésimas gestiones rectorales de las últimas décadas, también se ha quedado rezagada.

En aquellos países se promovieron instancias autónomas que, con recursos públicos, valga la insistencia, becaron a sus mejores cuadros para formarse en el exterior, de manera que con los años tuviesen una masa crítica que ahora les permite no solo producir vacunas, sino avanzar en multitud de áreas del conocimiento. Además, establecieron instancias de control férreo de la calidad de sus posgrados. Comisiones de pares los evalúan permanentemente, de manera que solo reciben estudiantes becados aquellos programas que evidencian calidad de carácter internacional.

Las élites político-económicas en Guatemala decidieron actuar en dirección contraria, no solo destruyeron la capacidad científica de la universidad pública, convirtiéndola en un centro de titulación masiva de licenciados, sino que, con esa visión endogámica del criollismo chapín, donde solo lo nuestro es bueno, se privatizaron los posgrados, sin que estudiantes de maestría o doctorado tengan acceso a docentes extranjeros y, en consecuencia, a conocimientos diferentes y novedosos.

Por ello, que un magistrado electo para el Tribunal Supremo Electoral y que antes había sido miembro de la Corte Suprema de Justicia presente una certificación falsa en la que se diga que tiene el grado de doctor, a nadie le inmuta. En un país serio, ningún director o decano de una facultad se habría atrevido a firmar tal documento y, de haberlo hecho, no solo estaría ya de patitas en la calle, sino en la cárcel por falsificación de documentos y, quien maliciosamente usó ese documento falso, también estaría ya acusado ante los tribunales, pues el dolo y la falsedad ideológica son evidentes.

Mas, en Guatemala, sus «colegas» magistrados no han levantado la voz, como tampoco su colegio profesional. Cómplices, las demás universidades «patito» del país callan, como calla el Ministerio Público, los demás miembros de la Comisión de Postulación que dieron por válido un documento falso, así como la Junta Directiva del Congreso, órgano que supuestamente fue embaucado por el delincuente metido a magistrado, evidenciándose con ello que todos forman parte de un pacto criminal en el que lo único que pretende cada uno de sus integrantes es apropiarse de recursos públicos, cada quien cómo pueda y cuánto pueda.

Ante la evidencia más que meridiana, todos ven para otro lado, dejando en claro que en este país de falsas tricentenariedades, de negados genocidios y de corrupción inveterada, son los falsarios, impostores, demagogos y fanfarrones los que deciden nuestro cada vez más oscuro y empobrecido destino.

Que funcionarios del más alto nivel del Estado salgan por el mundo proponiendo soluciones sanitarias falsas, presumiendo de capacidades productivas inexistentes o que quienes utilizan documentos falsos impávidos se mantengan en los cargos a los que accedieron con triquiñuelas, solo es posible porque con el terror, la represión y la desaparición forzada se impuso en el país la cultura de la falsedad y la demagogia, donde nada de lo que brilla es oro, donde la «cartonitis» ha sustituido a la formación académica, manteniendo en la opresión y el silencio a toda una sociedad que, temerosa o alienada, se siente incapaz de levantar la voz y exigir respeto y legalidad.

 

Fuente: gazeta.gt


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