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La diversificación profesional y la carrera judicial
Por Vinicio Barrientos Carles - Guatemala, 18 de diciembre de 2018

Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad.

Gibran Khalil Gibran

En Guatemala es frecuente seguir haciendo las cosas como se han hecho antes. Muchos son los que así suelen expresarlo. Somos expertos en tradiciones y el modo viejo de hacer las cosas ha sido un poderoso factor en el destino de muchas organizaciones y emprendimientos a nivel colectivo, tanto micro como a nivel de país. En el Estado esto es característico y no será difícil encontrarse con instituciones que se mueven bajo poderosas fuerzas inerciales. Puede suceder que se tenga alguna ventaja en el refrán del viejo conocido por encima del nuevo por conocer, pero en un mundo cambiante y crecientemente dinámico, esta característica puede representar más una amenaza grave para el desarrollo y la mejora continua que es requerida de forma cada vez más frecuente por el gran público.

En particular, hemos sufrido un estancamiento en la diversificación académica y profesional que la institución universitaria nos ofrece, y los jóvenes de hoy tienen una oferta académica formal que no va de la mano con los estándares y las exigencias que la globalización socioeconómica impone de la mano de una geopolítica avasalladora. Así, los nuevos paradigmas que la supercultura de la tecnología impone, requieren de una visión–acción actualizada por parte de los componentes rectores de la sociedad, pero, de forma particular, en lo relacionado con los estudios formales superiores, los cuales deben en primer término responder a las demandas que la sociedad tiene de ciertos perfiles profesionales especializados, que hace apenas dos décadas no eran imprescindibles como lo son con toda seguridad el día de hoy.

Nuestro retraso en el establecimiento de esta dinámica bidireccional entre la oferta de programas académicos universitarios y los requerimientos y demandas por parte de la sociedad es, además de notable, explicable en función del estancamiento que la universidad pública ha evidenciado. La injerencia e influencia casi absoluta que la USAC tiene para el establecimiento de las carreras y los correspondientes perfiles profesionales ha resultado en detrimento de la dinámica curricular.

De esta forma, las carreras profesionales tradicionales no han sufrido ningún tipo de adaptación a la diversificación que de manera natural se ha llevado a cabo en otras latitudes del planeta, básicamente por el anquilosamiento y la fosilización académica universitaria. En suma, el nexo entre la adecuación curricular y el mercado laboral no se ha actualizado con la debida celeridad para que los diferentes perfiles de egreso tengan pertinencia en el tejido social y laboral del país. Por citar dos casos, las carreras de medicina y de leyes continúan con un modelo proveniente de muchas décadas atrás, sin gozar de la actualización que deberían haber ya efectuado. En los dos casos tenemos un único perfil de egreso, uno para el médico y otro para el abogado, lo cual posiblemente resultaba satisfactorio a mediados del siglo pasado, pero que hoy en día resulta insostenible e insatisfactorio. Un único perfil profesional no puede ya responder eficientemente a todas las necesidades requeridas de un profesional determinado, sea en el ámbito de la salud humana, de la jurisprudencia o de otra área general del saber, de manera que este pueda atender oportunamente todos los aspectos que atañen a la respectiva área de aplicación.

Para ilustrar el tema, obsérvese el área de los sistemas computacionales de información, en la cual existen más de una decena de ramas fundamentales de la ingeniería. Sin embargo, en Guatemala seguimos pensando en ese único perfil (mal denominado ingeniero en Sistemas) con el cual se espera dar eficiente respuesta a cualquiera de las expectativas profesionales puntuales que podrían tenerse en un área de trabajo que ha llegado a ser tan amplia en apenas unas cuantas décadas. Nada más lejos de la realidad.

Contextualizando políticamente estas generalidades del hecho esbozado, y bajo la inquietud de fortalecer nuestro débil Estado de derecho, las reflexiones y puntos previos apuntan a la exprofesa necesidad de reconceptualizar la práctica de la aplicación de la ley como un aspecto medular en los procesos de cambio que debemos llevar a cabo, en el corto plazo, para que todos los actores y mecanismos tendientes a la construcción de un Estado fuerte puedan llegar a un feliz término. Importante retomar acá el concepto republicano de la división de poderes en el Estado de derecho.

Diseñar, ejecutar y rectificar la práctica legislativa tendrá por implicación natural una división en los perfiles profesionales relativos a la formación orientada a la aplicación de las leyes. En la actualidad, la Universidad estatal concede tres títulos a los graduados en Derecho, pues se les concede el grado académico de licenciados en Ciencias Jurídicas, el título de Notario y un último para el de Abogado. Sin embargo, al ir un poco más allá de la superficie de las palabras, es posible anotar que un abogado es aquella persona que ejerce profesionalmente la defensa jurídica en un juicio, así como la asesoría y consejo en materias jurídicas. Empero, cabe preguntar sobre la complementaria función que debe realizarse para una acusación formal y fundamentada en Derecho, relacionada con la función de investigación y probatoria referida a algún crimen cometido. Es el caso de la figura del fiscal.

De manera complementaria, uno puede preguntarse si no debe existir acaso una preparación específica para la carrera judicial, más allá de una mera satisfacción de méritos y créditos como lo podrían ser cursos o capacitaciones fuera de los sistemas formales de formación profesional universitaria. Es el caso de la llamada carrera judicial, la que debe reformarse desde las bases, comprendiendo que el fortalecimiento del sistema judicial no será una completa realidad hasta que se formalicen al más alto nivel todos los procesos formativos y curriculares para la carrera de juez. El aspecto académico es el eslabón primario de la cadena de requisitos que como sociedad podemos pedir de esta profesión.

Resulta relevante que como ciudadanía responsable atendamos aspectos fundamentales de la ley, y participemos críticamente en todos aquellos procesos que muy posiblemente en el pasado dábamos por sentado que se realizaban correctamente por los expertos en la materia, como es el caso de los encargados y responsables de actualizar el diseño curricular en las diferentes instancias rectoras de la vida académica del país. No es viable continuar pensando en las mismas opciones profesionales de hace medio siglo. En Latinoamérica son cientos las variedades de carreras profesionales que aquí hemos concentrado en una pequeña cantidad de variedades, lo que conlleva una falta de efectividad en el desempeño laboral.

Se requiere que las facultades de Derecho definan las nuevas carreras profesionales diferenciadas, en las cuales deberán incluirse, sin falta, las diferentes carreras judiciales, para los jueces y otros actores, las carreras para la fiscalización y persecución criminal, las de gestión administrativa, las de investigación y propuesta legislativa y, en fin, todas las que nuestra sociedad requiera y vaya demandando, de manera que sean las instituciones las que respondan a la realidad y no de manera inversa, como muchas veces ha estado sucediendo.

Fuente: gazeta.gt


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