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Bochornos y vergüenzas, nivel nación
Por Vinicio Barrientos Carles - Guatemala, 13 de enero de 2019

Espero que el secretario general respete la decisión soberana de Guatemala.

Sandra Jovel Polanco

Este pasado lunes 7 de enero aconteció lo que varios analistas políticos habían anticipado que podía suceder, como un extremo de las medidas desesperadas y agónicas que por parte del alto mandatario del Ejecutivo se han venido tomando. En efecto, el presidente James Morales Cabrera, de forma tajante y arrebatada, decidió terminar con el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig. Estas acciones se enmarcan dentro de un largo recorrido que la ciudadanía guatemalteca identifica como una anecdótica telenovela que el presidente de la República inició en agosto del 2017, cuando por medio de un solitario mensaje entregado a la población llevó a cabo una impropia declaración de no grato para el señor comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, pretendiendo expulsarlo del territorio nacional.

El último detonante en la tensión Morales-Cicig fue el caso del investigador colombiano Yilen Osorio, quien por más de 24 horas permaneció detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, luego de que delegados de Migración le prohibieran el ingreso al país. Varias manifestaciones y expresiones de distintos sectores de la sociedad pusieron en alerta al resto de la ciudadanía, que asumió una actitud vigilante y crítica respecto de lo que estaba por venir.

Es importante recalcar que existen muchas confusiones en el grueso de la población, y que el presidente Morales ha complicado de sobremanera la situación al insistir en una posición que, además de encontrarse plagada de errores legales, aduce una serie de aspectos que colocan fuera de contexto las distintas problemáticas en el marco del convenio que dio origen a la Cicig. Dada la importancia que reviste un acuerdo que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado a nivel internacional, resulta grave y garrafal confundir los conceptos de Gobierno y Estado, que dicho sea de paso muchos connacionales desconocen, pensando que el Estado se identifica con la figura presidencial del momento, como si se tratara de una monarquía al estilo de la ley soy yo. Esta grave confusión ha llevado al presidente a manifestarse como si el convenio del Estado de Guatemala estuviera en sus manos y dependiera únicamente del presidente del Organismo Ejecutivo, mal interpretando a su vez el concepto de soberanía nacional.

En particular, la decisión del presidente James Morales se ha pretendido fundamentar en el inciso O del artículo 183 de la Constitución Política de la República, en el cual se expone claramente que el presidente está facultado para celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios internacionales. Sin embargo, y es donde el Ejecutivo se equivoca, para vergüenza de los guatemaltecos, en el caso del acuerdo referido a la Cicig, el Estado de Guatemala aceptó explícitamente que el mismo puede ser terminado únicamente por la ONU. Se insiste, Morales, como presidente del Organismo Ejecutivo, posee la facultad de denunciar el convenio de la creación de la Cicig, suscrito entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, pero, y este el punto que se deja de lado, el convenio firmado en el 2006 establece que solo la ONU puede dar por terminado dicho el convenio, lo que limita la posibilidad de una denuncia gubernamental.

A pesar de lo claro de esta salvedad, el Gobierno de Guatemala pretende utilizar el artículo 60 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el cual señala que un tratado podrá terminarse o suspenderse como consecuencia de su violación, por eso el Ejecutivo busca señalar que la Cicig se ha desvirtuado y que ha hecho una persecución selectiva, también que ha incurrido en la práctica sistemática y sostenida de flagrantes violaciones de los derechos humanos de la población de este país.

Juristas especializados consideran que el convenio de la Cicig no puede denunciarse debido a que el artículo 11 detalla que el acuerdo puede darse por terminado de manera unilateral por las Naciones Unidas, y especifica los casos de esta posibilidad: a) si el Estado deja de cooperar plenamente con la Cicig de manera que obstaculice sus actividades, b) si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad, en el periodo del mandato de la Cicig, y/o c) por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional.

Para muchos es claro que la intención del Gobierno al tratar de denunciar el convenio de la Cicig se debe a que quiere que se elimine a la Cicig de manera inmediata, de un tajo, para que ya no presente más casos antes del fin de su mandato en septiembre de este año. Empero, aunque fuera posible realizar la denuncia, o aplicar el inciso A del artículo citado, debe enfatizarse que esto involucra procesos de mediano plazo, en el mejor de los casos, y nunca de horas de duración. Se ha citado el caso de Venezuela, que lleva ya más de dos años después de que denunció la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), prueba de que tales denuncias no se han podido concretar.

Es aquí donde raya en lo vergonzoso el papel que ha desempeñado la canciller Jovel al presentarse en Nueva York a realizar un comunicado de cancelación unilateral del convenio, bochorno que aumenta cuando presenta las razones de tales acciones por parte del Gobierno de nuestro país, estableciendo un plazo de horas para que tales pretensiones unilaterales y equívocas se hagan efectivas a todo nivel.

El bochorno llega a magnitudes del ridículo más grande cuando el presidente Morales organiza una rueda de prensa en donde, utilizando a supuestas víctimas de los atropellos y barbarismos de la Cicig, realiza un reality show de las más bajas calidades, colocándonos en el hazmerreír del concierto de naciones que han visto el deplorable espectáculo.

El estatus de la ciudadanía vigilante ha llegado a una alerta máxima, y aunque muchos esperamos que la prepotencia y la ignorancia del actual equipo de asesores del presidente Morales no lleguen al nefasto extremo de utilizar la fuerza para finiquitar sus obscuras y malversas intenciones, las cuales son vistas por el pueblo no solo como espurias, ilegales e ilegítimas, sino con toda la clara intención de salvaguardar intereses personales del llamado Pacto de Corruptos que incluyen a este presidente, que poco a poco se vislumbra pasará a la posteridad como el más grande desacierto del ejercicio del voto que el pueblo ha cometido en toda su compleja historia. Por el otro lado, la ley es dura, pero es la ley. La esperanza no muere y estamos en la lucha y en la certeza de que tú, Guatemala, florecerás.

Fuente: gazeta.gt


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