Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 2 - 2005

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Cuenta y balance sobre la masacre en la Embajada de España
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 2 de febrero de 2005

Construyendo un futuro libertario

Hoy, como hace veinticinco años, abundan los periodistas y políticos que, invocando el Estado de Derecho, promueven la imposición de modelos económicos que acrecientan la iniquidad, generan pobreza y confrontación, debilitan la democracia y obligan a asentar la gobernabilidad en la fuerza de las armas.

Hace cinco lustros, Lucas García responsabilizaba a monseñor Juan Gerardi, obispo de El Quiché, por los levantamientos campesinos en contra de las masacres del Ejército; lo amenazó, lo persiguió, atentó contra él y finalmente lo obligó a exilarse en Costa Rica. De allí regresó para seguir su lucha por la justicia, impulsando el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica, lo que le costó la vida.
En la actualidad, Óscar Berger acusa a monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, de incitar las manifestaciones de campesinos e indígenas por la tierra y en contra de la minería a cielo abierto, pretendiendo ignorar que las protestas nacen del despojo de su territorio y de sus recursos. Como antes, Ramazzini es víctima de amenazas, seguimientos y escuchas telefónicas. Como ayer, el Ministro de Gobernación de turno le ofrece la protección de los mismos efectivos de seguridad que lo persiguen. Triste reedición de un pasado que se niega a dar paso a la democracia.

Hace un cuarto de siglo, los luchadores sociales calcinados en la Embajada de España demostraron, con su sacrificio, los desmanes de un régimen excluyente que aún debe transitar hacia la democracia política, económica y cultural. Por ello, hoy día, se levantan voces que condenan la recuperación de nuestra memoria histórica, su evaluación y balance, abogando por un olvido que fomenta la impunidad e impide la construcción de un futuro con justicia, paz y desarrollo.

Evocar sucesos como la masacre en la legación española tiene sentido si asumimos las enseñanzas que de ellos se derivan. El objetivo de fondo es construir una cultura de paz, basada en la reivindicación y resarcimiento de las víctimas, en el enjuiciamiento de los responsables y en la emisión de políticas públicas que eviten que los crímenes del pasado se repitan.

Un pueblo sin memoria de su pasado no puede delinear colectiva y libertariamente su futuro. Por ello, con inmensa sabiduría, los indígenas guaraníes sostienen "que el pasado se sueña y el futuro se recuerda."

Estado de Policía versus Estado de Derecho

Para superar la anarquía y poder vivir en paz, la humanidad se organizó en distintos tipos de formación social, hasta constituir Estados, cuya principal función era mantener el orden -a cualquier precio- a los que se les denominó Estados de Policía, por autoritarios y controladores.

En su evolución, las sociedades modernas desarrollan sistemas democráticos, entendidos como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Tales sistemas se fundan en la acepción de que el poder soberano, aquél que no reconoce sobre sí a ningún otro poder, deviene del pueblo, quien lo delega, mediante elecciones democráticas, en los gobernantes. Así surgen los Estados sociales y democráticos de Derecho.

Sin embargo, hay que tener presente que no hay democracia ni Estado perfecto; su perfeccionamiento consiste en legitimarlos, en hacerlos cada vez más representativos de la voluntad social. Por ello, la lucha por la democratización del Estado no es otra cosa que el control del poder, tratando que éste se ejerza en función del bien común.

Al Estado de Derecho corresponde un gobierno de leyes -emitidas con el consenso social- en el que todos los ciudadanos están igualmente representados, por lo cual no son víctimas de arbitrariedades.

El Derecho tiene, entre otras, tres funciones básicas: establecer formas de control social, resolver conflictos y garantizar los derechos cívicos. En Guatemala, el Estado solamente se ocupa de la primera función, de forma punitiva, pues el sistema de justicia funciona precariamente y los derechos de las grandes mayorías son ignorados, como sucede en San Marcos, al imponer una explotación minera sin consultar a la población indígena, violando el Convenio 169 de la OIT.

Como acertadamente sostiene el insigne penalista Raúl Zaffaroni, todo Estado de Derecho contiene, dentro de sí, un Estado de Policía; o sea que la tentación autoritaria es inherente a cualquier gobierno. El esfuerzo nacional del último medio siglo por transitar hacia la democracia, pasa por acotar el poder autoritario y construir un Estado democrático, social y multicultural de Derecho. El costo en vidas ha sido muy alto, como el que pagamos el 31 de enero de 1980.

Como se pude constatar en su pliego petitorio, todas las demandas de los ocupantes de la Embajada española se enmarcaban en la Constitución Política de la época. Básicamente, demandaban que el Ejército respetara su vida y saliera de sus comunidades. Se trataba de población civil no combatiente, que reclamaba la vigencia de un Estado social y democrático de Derecho, en contraposición al Estado contrainsurgente que constituyó la cúpula militar.

Es más, en Guatemala, el Estado de Derecho se rompió desde 1974, cuando el Ejército y la oligarquía ignoraron el triunfo electoral del Frente Nacional Opositor e impusieron al general Kjell Eugenio Laugerud en la Presidencia. Cuatro años más tarde, Romeo Lucas García accede al poder mediante un fraude electoral, tal como se puede comprobar en los archivos del Tribunal Supremo Electoral.

Así pues, el de Lucas fue un régimen espurio de origen, que impuso un Estado Policial al convertir la contrainsurgencia en la política central del Estado, sometiendo la economía, la política y la sociedad a sus dos fines primordiales: sofocar a la insurgencia armada y convertir al erario público en una fuente de enriquecimiento personal. Por ello asentó la gobernabilidad en la represión y el despojo.

Agotados los reclamos judiciales y políticos, y ejerciendo el derecho a la resistencia civil -consignado en nuestra Constitución Política y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos- se recurrió a la toma pacífica de la Embajada para tratar de restablecer el Estado de Derecho, no para socavarlo. El régimen luquista actuó acorde a su naturaleza represiva, quemando vivos a los ocupantes y al personal, violentando el ordenamiento legal nacional e internacional.

En el documento mediante el cual se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Guatemala y España, en 1984, el Estado guatemalteco reconoció que el gobierno de Romeo Lucas allanó la Embajada española, violó la Convención de Viena y ofreció asumir las responsabilidades de los hechos . Posteriormente, el canciller guatemalteco, Eduardo Stein -en un gesto sin precedentes- pidió perdón, en nombre del Estado de Guatemala, al pueblo y gobierno español, por la masacre en su Embajada.

Que quede claro que Lucas García, ayer, y quienes reprimen a los campesinos hoy, son subversores de un auténtico Estado social y democrático de Derecho, y abogan por un Estado de Policía que controle a la población, pero que no se ocupa de resolver conflictos y de garantizar los derechos constitucionales a todos los ciudadanos.

A pesar de los necios que siguen abogando por impunidad y olvido, los memoriosos seguiremos recordando a las víctimas y demandando justicia.

La lección que la opinión pública nacional e internacional debe sacar de la masacre de la Embajada de España, es que a los luchadores sociales guatemaltecos los han masacrado, los han perseguido, los han torturado, los han exiliado y hasta los han quemado vivos, pero nunca, NUNCA, los han vencido. Ayer como hoy, seguiremos bregando por construir una patria para todos.

Poco tiempo después de la masacre, los integrantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García -FERG- publicamos un libro en homenaje a los héroes caídos en la legación española, cuyas palabras de cierre decían, más o menos:

Para nuestros compañeros muertos
no clamamos venganza.

Como sus vidas no tenían precio
no podrían pagarla con las suyas
todos los criminales juntos.

No es con sangre
como pueden pagarse las vidas
de los jóvenes que mueren
por el bien del Pueblo.

La felicidad de ese Pueblo
es el único precio digno
que pueden pagarse por ellas.

Nuestros compañeros no están ni olvidados ni muertos
viven hoy más que nunca en cada uno de nosotros.

Y sus asesinos han de ver aterrorizados
cómo surge de sus cadáveres heroicos
el espectro victorioso de sus ideas.

Guatemala, enero de 2005.

Fuente: www.lahora.com.gt


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.