Cabildo Abierto
La huella de la tierra arrasada
Por
Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 11 de enero de 2016
Debemos seguir esa huella de sangre, de cobardía y de ignominia, para romper con la impunidad.
“Por donde he pasado, he dejado huella”, declaró Benedicto Lucas, cuando lo llevaban engrilletado a encarar la justicia, la que ha evadido durante décadas junto a los otros presuntos criminales, que alguna vez fueron militares. Ahora, a la ciudadanía y a los operadores de justicia nos corresponde seguir esa huella de sangre, de cobardía y de ignominia, para romper con la impunidad y dignificar a las víctimas.
Que nadie se engañe, no se va a juzgar a ningún soldado por matar guerrilleros en combate, pues esa eventualidad quedó resuelta con los Acuerdos de Paz; los 18 mandos militares que enfrentan la justicia son criminales de guerra que secuestraron, torturaron, violaron, esclavizaron y desaparecieron a civiles desarmados, no combatientes, incluyendo a ancianos, mujeres y niños.
Tampoco se les procesa por su ideología, ya que ni antes ni ahora es delito ser de extrema derecha, neoliberal o liberteco, aunque sí sigue estando penado ser comunista, como se consigna en el artículo 396 del Código Penal, que data de 1973.
Se les va a juzgar por delitos de lesa humanidad, dándoles todas las garantías del debido proceso, esas mismas que ellos les negaron a los presuntos sospechosos que capturaron y, sin derecho a defensa, los vejaron atrozmente, los asesinaron y los enterraron en los cuarteles.
Por esas razones no pueden acogerse a las amnistías vigentes, pues estas otorgan, para ambos bandos, indultos por delitos políticos y conexos. En este caso se les enjuicia por delitos de lesa humanidad, que no están incluidos en las amnistías y no prescriben, de manera que si no son condenados en un tribunal nacional, podrán ser procesados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Exactamente el mismo trato debe dar el MP a los crímenes de lesa humanidad que haya cometido la guerrilla; en materia de DDHH no se deben admitir excepciones. La Fiscal General informó el 6 de enero que el Ministerio Público (MP) investiga 118 denuncias, contra presuntos guerrilleros; explicó que los denunciantes no han colaborado ni aportado pruebas.
Para dejarlo claro, el uniformado que comete crímenes de lesa humanidad, deja de ser soldado; igualmente, el guerrillero que comete ese tipo de delitos, deja de ser revolucionario. Ambos se conviertes en criminales de guerra y deben ser juzgados.
Por ello, el valor de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, que pudo probar que durante el conflicto armado interno hubo 201,500 víctimas; 161,500 ejecuciones y 40 mil desaparecidos. El 93% de las violaciones a los DDHH correspondió a las fuerzas armadas del Estado y a paramilitares, el 3% a la guerrilla. Para que haya reconciliación primero tenemos que conocer la verdad, luego debe haber justicia y reparación de los crímene; finalmente, debe haber garantías de no repetición.
Durante tres años el MP ha investigado los hechos y recabado pruebas. Solamente en la Zona Militar 21, de Cobán, se exhumaron 558 osamentas, relacionadas con 6 masacres; 22 son restos sin identificar, 443 son de adultos, 3 de ancianos y 90 de niños. A 14 de los sindicados se les vincula a estos crímenes; a los 4 restantes por la desaparición forzada del niño Marco A. Molina, de 14 años. Evidentemente, tampoco se juzgará a valientes.
Con los juicios que se avecinan no se están abriendo heridas, pues estas nunca cicatrizaron. Quienes abogan por “olvidar el pasado” o son cómplices, o son cobardes o son hipócritas. De una buena vez, debe haber justicia para poder pasar la página. Los ciudadanos no queremos venganza, queremos justicia pronta y cumplida. Nada más, pero nada menos.
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