Cabildo Abierto
Los muertos acusan a sus verdugos
Por
Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 25 de enero de 2016
Las osamentas de las víctimas señalan acusadoras que los criminales de guerra son genocidas
Fueron silenciados durante 36 años, soterrados bajo el manto de la impunidad y la cobardía, pero gracias a la Justicia (así con mayúscula) se han puesto de pie y acusan a sus verdugos, los criminales de guerra que deshonraron al Ejército, hasta convertirlo en un monumento a la arbitrariedad y la corruptela, que ahora se derrumba.
En la Zona Militar 21, de Cobán, 558 osamentas son testigos de cargo, contra los sicarios que cometieron 6 masacres; el Ministerio Público y el equipo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG- les han dado voz, al demostrar que los cuerpos fueron torturados y que muchos yacen atados en las fosas. Los huesos de las víctimas demuestran que no fueron muertos en combate, sino los asesinaron los “mata-amarrados”, como llaman en el Ejército a los militares cobardes que eliminaban a prisioneros rendidos e inmovilizados.
Las osamentas de noventa niños y tres ancianos señalan acusadoras que los criminales de guerra consideraban “terroristas o enemigos del Estado” a cualquier indígena que no estuviera integrado a las PAC, aún mujeres, infantes y abuelos, pues tenían propósitos genocidas. Los cuerpos desmienten a quienes defienden la impunidad.
Al develarse el oprobio de las masacres y exponer a los mandos militares que las ordenaron o permitieron, ha cundido el pánico entre los verdugos. Sus abogados insisten hasta la náusea que se les debe amnistiar, a pesar de que la legislación nacional e internacional impide indultar crímenes de lesa humanidad y existe amplia jurisprudencia sobre el tema.
Familiares y empleados han salido a la calle a pedir que se exonere a los criminales, porque son “los salvadores de la patria”. ¿Salvaron a la patria asesinando a Marco Antonio Molina, un niño de 14 años? ¿Nos salvaron masacrando aldeas enteras, asesinando a población no combatiente? ¿De cuál patria hablan? Obviamente llaman patria, su patria, al régimen de impunidad, privilegios y corruptelas que han gozado.
Dentro de las filas castrenses la persecución a los criminales de guerra ha generado un remezón. Nada menos que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional –EMDN-, el oficial que tiene a su cargo a toda la tropa, rompió la línea de mando y presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, norma que impide la amnistía por crímenes de lesa humanidad.
La actuación del General Sosa Díaz implicó usurpación de funciones y violentó la Carta Magna, por lo que se generó una repulsa ciudadana, que obligó al Comandante General del Ejército a destituirlo de su cargo, mandando un claro mensaje a los militares que cuestionan la línea de mando, lo que equivale a una insubordinación militar, con la pretensión de someter al poder civil a su tutela.
El presidente Morales mantuvo al Ministro de la Defensa, pero cambió casi a toda la cúpula militar, incluido al Jefe y al Subjefe del EMDN, al Inspector General del Ejército, al Vice Ministro de Marina, al Director del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, y al Coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
Así pues, el manto de impunidad de los criminales de guerra se rasga por todos lados: el alto mando castrense les quita el soporte, los argumentos de los abogados son rechazados por los jueces, las manifestaciones de apoyo se debilitaron y la ciudadanía demanda cuatro acciones ineludibles: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Cuando haya justica podrá haber reconciliación; entonces podremos construir una patria para todos, con paz para los vivos y los muertos.
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