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Cabildo Abierto
Brasil: ¿anticorrupción o golpe de Estado?
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 29 de marzo de 2016

Es grave pretender judicializar la lucha política para defenestrar a la presidenta Dilma Rousseff.

Como en otras partes del mundo, los brasileños están indignados por la corrupción gubernamental. Sin embargo, su lucha por la transparencia ha sido encasillada como una lucha contra el Partido de los Trabajadores –PT-, cuando el repudio es contra toda la clase política, como sucedió en Guatemala y en Honduras.

Los medios de comunicación brasileños, todos en manos de la derecha, han manipulado la imagen de esta gesta anticorrupción, presentándola como un alzamiento ciudadano contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el gobierno petista, ocultando que en la masiva manifestación del domingo 13 de marzo, los marchistas repudiaron a las principales figuras de la oposición, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves y Gerardo Alckmin, actual gobernador del estratégico estado de Sao Pablo, y virtual candidato presidencial para el 2018.

Indudablemente, en el gobierno de Rousseff campea la corrupción, pero esta ha sido endémica entre la clase política brasileña, sin generar el repudio que ahora ha provocado una crisis política e institucional sin precedentes.

¿Qué ha sucedido? En 2004 se conocieron las primeras denuncias de corrupción de un gobierno del PT, por un incidente llamado Mensalao, consistente en sobornos mensuales que se pagaba a diputados, durante el segundo año del primer mandato de Lula. Entonces, el reputado Instituto Datafolha registró en sus encuestas que a la ciudadanía esta corruptela le tenía sin cuidado.

Los analistas atribuyeron el desinterés a dos fenómenos: en primer término, estaban acostumbrados a estas prácticas; en segundo lugar, el presidente Da Silva había enrumbado la economía brasileña a un crecimiento sin precedentes en su historia, que expandió a la clase media y disparó el consumo, convirtiendo a Brasil en una potencia emergente mundial que, en alianza con Rusia, India, China y Sudáfrica, dio origen al proyecto político y económico denominado BRICS, como un polo de crecimiento alternativo, al margen de EEUU y la Unión Europea.

Hoy día, los brasileños consideran que la corrupción les afecta directamente, mientras el país decrece económicamente, como lo hacen los restantes miembros del BRICS, limitando sus ingresos, reduciendo servicios sociales y proyectos asistencialistas. Como sucedió en Guatemala, la ciudadanía constató que la corrupción es una de las causas de sus problemas más sentidos, y se lanzó a la calle a protestar contra toda la clase política venal, agravando una crisis que tiene orígenes estructurales de naturaleza internacional.
En ese contexto, la oposición conservadora brasileña cometió un grave error al ideologizar la crisis y, en vez de enfrentar la corrupción de la que es parte, enderezó las protestas sociales en contra del PT, dividiendo al país y despertando a un partido que, con Lula a la cabeza, dará una batalla formidable, porque de ella depende su sobrevivencia, como se demostró con las movilizaciones rojas del PT en las principales ciudades, culminando con una enorme en Sao Pablo.

En la contienda se han roto las alianzas partidarias del gobierno de Dilma, se dividieron los partidos de oposición y se reconfiguraron las fuerzas legislativas, en un enfrentamiento que solamente dejará perdedores.

Lo más grave es la pretensión de judicializar una lucha política, y querer defenestrar a la presidenta Rousseff mediante acciones presuntamente legales, violentando el debido proceso, en las que jueces venales toman partido político y condenan a la democracia brasileña a un fracaso que afectará las libertades ciudadanas de todo el continente.


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