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Cabildo Abierto
Justicia y reforma constitucional
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 2 de mayo de 2016

Una auténtica reforma del Estado implica su democratización.

El pasado lunes 25 de abril, los presidentes de los tres organismos del Estado convocaron a la ciudadanía a participar en un Diálogo Nacional, con el objetivo de promover la discusión e implementación de reformas constitucionales y legales del sistema de justicia, orientadas a la lucha contra la impunidad y la corrupción, promoviendo la independencia judicial y el fortalecimiento de las instituciones involucradas.

El Diálogo Nacional contará con el apoyo de una Secretaría Técnica, integrada por la Fiscal General de la República, el PDH y el Comisionado de CICIG. Además, tendrá el acompañamiento del representante de la OACNUDH y de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas.

“Esta iniciativa representa la voluntad política del Estado de Guatemala para hallar puntos de encuentro entre las diversas expresiones ciudadanas en procura de una transformación real y efectiva del sistema de justicia (…); es una oportunidad histórica que servirá para llegar a consensos en las demandas de justicia, transparencia y lucha contra la corrupción realizada por la sociedad civil”, planteó Iván Velásquez.

Esta propuesta de reformar uno de los organismos del Estado podría tener viabilidad, por contar con el apoyo de los presidentes de los tres Poderes, en una coyuntura en la que los partidos políticos sufren un descrédito abrumador entre la ciudadanía. Sin embargo, no se puede ignorar que más de 200 organizaciones e instancias sociales integrantes de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado han propuesto avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente, a fin de refundar el conjunto de la estatalidad, dada la envergadura de la crisis que ésta acusa.

En otras palabras, no será fácil promover un consenso ciudadano hacia la reforma de la Justicia, postergando las otras transformaciones que la sociedad demanda. No es descabellado pensar que la reforma total del Estado se haga por partes, pero convencer a la ciudadanía de esta metodología requiere de una concertación social que demandará bastante tiempo y una cobertura territorial total.

La Constitución debe ser reformada, para legitimarla, mediante un serio y profundo proceso de participación ciudadana, que vaya más allá de los dictámenes técnicos y la votación parlamentaria. Nos toca llevar el contenido de la reforma al seno de la nación, y promover la participación de cada sector social, a fin de que tengamos una Carta Magna que norme un auténtico Estado de derecho, pluricultural y democrático.

Más allá de las transformaciones puntuales al Sistema de Justicia, una auténtica reforma del Estado implica su democratización. La crisis del actual modelo de Estado, y del sistema en su conjunto, tiene que ver con el aislamiento, la separación de los poderes públicos respecto de la sociedad real; la caducidad de nuestras instituciones se expresa en su incapacidad para responder a las legítimas aspiraciones y demandas de la población. Por ello no podrá haber reforma institucional sin legitimación social.

Hoy día, justicia y democracia deben ir de la mano. No podemos olvidar que una democracia real, una cultura y prácticas democráticas efectivas, como la justicia, no pueden prosperar en un contexto de miseria, discriminación, autoritarismo y exclusión.

En Guatemala el binomio justicia y democracia no puede circunscribirse al formalismo institucional; está íntimamente ligado a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, la reforma constitucional deberá realizarse en función social, o no será.

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