Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 13 - 2016

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Cabildo Abierto
La voluntad del Pueblo soberano
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 17 de mayo de 2016

 

El pasado 8 de mayo, a petición de la Comunidad Xinka y demás vecinos de Quesada, Jutiapa, el Concejo Municipal convocó a una Consulta Municipal, para decidir sobre la instalación y operación de proyectos de minería química de metales, los cuales fueron rechazados por el 99.28% de los votantes.

Habiendo participado más del 50% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, el resultado tiene efectos vinculantes para las autoridades municipales, estando obligadas a emitir la regulación necesaria para hacer valer la voluntad del pueblo. Los ministerios correspondientes también están obligados a tener en cuenta la decisión libremente expresada por los habitantes, al momento que se les presenten peticiones de exploración y explotación minera.

Dos días antes de la consulta en Quesada, la Corte de Constitucionalidad (CC), unánimemente rechazó la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con lo que reitera la suspensión de operaciones del proyecto minero Progreso VII Derivada, conocida como La Puya.

La suspensión temporal de la licencia se debe a que el MEM la otorgó sin haber realizado la consulta libre, informada y previa, que la ley establece, por lo que dicha licencia nunca nació a la vida legal. Por esta razón los comunitarios se han opuesto a la mina, lo cual les ha costado persecución penal y atentados criminales.

El 11 de mayo, el CACIF publicó un comunicado adversando los fallos de la CC y de la CSJ, que en reiteradas sentencias han establecido la obligación del Estado de consultar a las comunidades, antes de aprobar licencias de proyectos que les afecten, ordenando la suspensión de hidroeléctricas y minas que operan en la ilegalidad. En sus declaraciones, el CACIF cuestiona la capacidad de las comunidades para decidir soberanamente sobre un determinado proyecto, derecho que está tutelado por la Ley.

La legislación nacional e internacional de Guatemala norma cinco tipos diferentes de consultas, bajo el principio que la legitimidad del poder público se cimentan en el ejercicio del poder soberano, entendido como aquel que no reconoce sobre sí a ningún otro poder. Tal acepción está contenida en el artículo 141 de nuestra Constitución Política.

Cuando los ciudadanos responden a una consulta, ejercen su mayor poder –el poder soberano- y practican el principal de sus derechos –el de libre determinación- del cual derivan todos los demás. Es por ello que toda consulta legalmente establecida es, por definición, de carácter vinculante. Pretender ignorar el carácter vinculante de este tipo de consultas equivale a negar la esencia de la democracia y la necesaria legitimación del ejercicio del poder público.

Es por ello que la voluntad soberana de un Pueblo indígena o de un municipio está, legítima y legalmente, por encima de la disposición de un empleado de gobierno, que otorga una licencia violando la ley, al omitir la consulta libre, informada y previa, provocando una conflictividad social innecesaria y perversa.

Por siglos, muchos finqueros y empresarios impusieron su voluntad a la ciudadanía, amparados en su poder económico y político, o por la fuerza de las armas. Esa práctica se acabó, pues las comunidades cada día están más conscientes de sus derechos, y los ejercen en los tribunales y en la calle.

Falta mucho para considerar que hemos construido un Estado democrático y pluricultural de Derecho, pero con esfuerzo y valor vamos dejando de ser una finca y comienza a hacerse efectiva la voluntad del Pueblo soberano.

www.albedrio.org


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.