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Cabildo Abierto
País de maravillas y miserias
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 6 de junio de 2016

El pasado jueves de CICIG, la Fiscal General y el Comisionado Velásquez describieron como la familia Baldetti vivía en un país de maravillas, con lujos ofensivos, mientras dejaban a la Guatemala profunda en la miseria, dejando a los niños pobres sin escuelas dignas, sin nutrición, sin salud y sin futuro.

Ambos funcionarios describieron con minucia las tres modalidades que una estructura criminal, liderada por los dos ex mandatarios, utilizó para una exacción de ámbito nacional que, acumuló más de Q 500 millones.

De esta vasta campaña anticorrupción, que ha arrojado miles de datos, se desprenden cuatro grandes lecciones preliminares. En primer término, que el de Guatemala es un Estado cooptado por estructuras criminales y, por ende, es un Estado fallido, que no responde a los fines de su creación y solamente sirve a élites privilegiadas, que periódicamente mutan, pero prevalece un núcleo duro de empresarios, militares y políticos.

Desde la firma de la paz, con el proceso de privatización de empresas que encabezó la administración Arzú, la corrupción se convirtió en el signo de la política, de la economía y de la cultura. Ningún ámbito societario o estatal quedó indemne; todo fue contaminado por los privilegios, las canonjías y el latrocinio. Las recientes investigaciones demuestran que tres sectores que presumían de impolutos, están implicados hasta el tuétano: las iglesias pentecostales, la banca y los medios de comunicación, con excepciones.

La segunda lección estriba en que para cambiar ese Estado cooptado y fallido, se requiere de una acción política masiva, en la que participen todos los estratos sociales, sin excepción. Lo paradójico es que el foco y motor de la corrupción es el sistema político, el cual debemos cambiar de raíz. A la luz de lo develado el pasado jueves, se evidencia que las recientes reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-son absolutamente insuficientes y hay que atacar el meollo del problema.

Para sanear el sistema político, como lo demandó la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado el año pasado, se requieren seis presupuestos básicos en la LEPP: que no haya financiamiento privado; que haya otro tipo de organizaciones políticas, como los Comités Cívicos, para el ejercicio de la política ciudadana; que se norme la revocatoria del mandato de todo funcionario que ejerza indebidamente el poder público; dotar al TSE de todo el poder necesario para dirigir el sistema electoral, contando con normas y recursos a la altura del reto; que el TSE distribuya el tiempo de campaña electoral en los medios de comunicación, sin pagarles un centavo a los radiales y televisivos, pues gozan una concesión estatal; y que los políticos electos no gocen del derecho de antejuicio.

En tercer término, hay que reformar de fondo el sistema de justicia, impidiendo que el poder político participe en el nombramiento jueces y fiscales, estableciendo la carrera judicial, fuertes medidas de control y transparencia, y reconociendo el Derecho indígena. Si hay impunidad, habrá corrupción e injusticia estructurales.

Finalmente, la cuarta lección es que sin una fuerza social que cuente con programa, dirección y estructura, es imposible transformar un Estado cuyos vicios se han construido desde la colonia.

Las capas medias urbanas deben convencerse que en este sistema perverso no tienen posibilidad de desarrollarse y, en alianza con los trabajadores, los campesinos y los indígenas desposeídos, deben lanzarse a construir una patria para todos.

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