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Cabildo Abierto
Los patos le tiran a las escopetas
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 13 de junio de 2016

Ahora que el levantamiento ciudadano y la persecución del MP y la CICIG han hecho crujir el andamiaje de la impunidad, se ha develado quiénes son los verdaderos delincuentes en el país. Muchos de ellos, hasta hace poco, gritaban ¡agarren al ladrón! para ocultar sus fechorías.

Los fallos recientes de varias salas y Cortes, han demostrado que muchos proyectos mineros e hidroeléctricos operaban al margen de la ley, violando normas ambientales e internacionales.

Millonarios emprendimientos fueron autorizados por empleados ministeriales de tercera categoría, generalmente puestos por los empresarios, violando convenios y tratados internacionales, que establecen la obligación del Estado de efectuar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por el mega-proyecto. Así, los inversionistas se convirtieron en delincuentes crasos, que acusaron a los líderes comunitarios de terroristas, por oponerse a sus desmanes. Una clara ejemplificación del adagio popular que “los patos le tiran a las escopetas”.

Para colmo, como en el caso de la mina “El Tambor”, Progreso VII Derivada, de la empresa Kappes Kassiday & Assocciates (KCA), conocida como La Puya, incurrieron en desobediencia judicial, al ignorar la orden del tribunal de parar la explotación, y recurrieron al acarreo de mineral por vía aérea, contratando helicópteros de empresas cuyos directivos tienen sindicaciones de narcotráfico, o estuvieron al servicio de la clica de Baldetti-Pérez Molina.

Investigaciones del Centro de Medios Independientes (CMI) dan cuenta que en la mina El Tambor participan socios de “familias de alcurnia” que son cómplices de las ilegalidades, como el directivo de Cementos Progreso, Juan Estuardo Maegli Novella, así como Rodrigo Carlos Maegli Novella, que ha sido gerente corporativo de Exmingua.
“Otro nexo entre Cementos Progreso y la explotación minera en el norte del departamento de Guatemala es Jorge Ernesto Asensio Aguirre, abogado de la transnacional KCA, principal accionista de la mina Progreso VII Derivada”, sostiene la citada investigación.

CMI sostiene que las empresas aéreas que rentaron sus helicópteros, para desafiar la orden judicial y acarrear oro ilegal, evidencia la participación de la familia Archila Marroquín, a través de la empresa Publicidad Aérea, S.A., parte del holding empresarial que incluye al grupo radial Emisoras Unidas, la Revista Contrapoder, Canal Antigua y Publinews.

Este consorcio mediático, junto a las empresas televisivas y radiales de Ángel González, sindicadas de graves ilícitos en el caso “captura del Estado”, son las más influyentes en la Cámara de Radiocomunicación, que ha criminalizado a las radios comunitarias, por “robarse las frecuencias”, aunque no hay fundamento legal para perseguirlas. Aplicando ilegalmente la analogía penal, han logrado que el MP encarcele a radio operadores comunitarios, acusados de hurto de fluidos y otros fraudes legales.

Varios bancos del sistema también entran en este fenómeno, en el que los victimarios persiguen a las víctimas, a quienes presentan como delincuentes. El banco G&T, que hostiga a sus tarjeta-habientes morosos (deber no es delito), está implicado en los casos de Chico Dólar, TCQ y Captura del Estado, mientras su “honorable ex directivo”, Flavio Montenegro, huye de la justicia, y no aclara su situación legal.

En este tsunami contra la impunidad y la corrupción, han sido desnudados los delincuentes de cuello blanco que persiguen a los dirigentes, organizaciones y comunidades, utilizando un poder económico que destila sudor y sangre.

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