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Cabildo Abierto
Justicia y crimen organizado
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 6 de febrero de 2017

Escandaliza la injerencia del crimen organizado en la elección de magistrados en las cortes del país, y las investigaciones de la CICIG y el MP demuestran cómo estos juzgadores venales promueven la impunidad de las redes criminales.

El caso de Blanca Stallig, por su trayectoria y alta investidura, es la punta de un inmenso iceberg que ha congelado la ética y la probidad en el aparato de justicia, indignando a una ciudadanía que cada día está más convencida de la necesidad de depurar las Cortes, el Congreso, el MP y la PNC.

Lo más grave de la situación es que analistas y medios de comunicación entretengan a los guatemaltecos con la información superficial, sin entrar al fondo de la cuestión, que radica en la cooptación del Estado por parte de las mafias políticas, militares y empresariales.

En su reciente informe Crimen organizado y las maras se entreveran en Mesoamérica, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) advirtió que los cárteles mexicanos trasladaron a Centroamérica el 90% de sus operaciones en los últimos años, para traficar cocaína a Estados Unidos, tejiendo alianzas con las maras o pandillas regionales.

Por su parte, hace un año, el CACIF, el CIEN y FUNDESA advirtieron en su estudio “Drogas, Armas y Dinero” que esas organizaciones criminales finalmente tomarán el control de los mercados agrícolas e industriales de la región, determinando precios y formas del comercio… al tiempo que Estados Unidos perdería su posición e influencia en América Central.

Enfrentamos a una trasnacional del crimen que opera en nuestro suelo. Según Martín Rodríguez, (Plaza Pública, 2011) el Departamento de Justicia de EEUU sostuvo, en 2006, que el 90% de las drogas llegaban a EEUU vía Mesoamérica. Se trata de un trasiego de 400 toneladas de cocaína por año, estimándose que el 10% del valor de la droga de queda en Guatemala, por lavado. Este monto puede llegar a Q 3,750 millones, un 2% del PIB.

Por todo ello, en 2010, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo incluyó a Guatemala en la lista de “países grises”, que no habían firmado acuerdos internacionales para compartir información financiera relacionada con evasión fiscal y lavado de dinero. Francia fue más lejos e incluyó a Guatemala en la lista de 18 paraísos fiscales. Fue hasta años recientes que se aprobaron las leyes de extinción de dominio, la desaparición de las sociedades anónimas, y la supresión del secreto bancario para los entes contralores.

En los últimos años, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha denunciado 400 casos ante el MP. Hasta 2011, sólo 80 de estos casos habían alcanzado juicios y únicamente 23 obtuvieron condenas, o sea el 6%. Obviamente, tales volúmenes de trasiego y lavado requieren de una vasta red de corrupción para garantizar impunidad.

En su reporte del 2015, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, sostuvo que el narcotráfico hunde a CA en la violencia y la corrupción, y que “circunstancias como la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades económicas para los jóvenes han contribuido al aumento del tráfico de drogas”.

El crimen y la violencia cuestan a Latinoamérica el 3.5% de su economía (BID, 2017); el fraude y el contrabando equivalen a 3,5% del PIB de Guatemala (ASIES, 2017); la evasión y la elusión fiscal llega a un 4% del PIB (ICEFI); el índice de impunidad, en delitos contra la vida, es del 98% (CICIG), y en 2015 la PNC registró 4,778 homicidios.

Tal nivel de impunidad requiere de una refundación del Estado.

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