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Cabildo Abierto
De intervencionismos y falsos golpes de Estado
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 4 de abril de 2017

Venezuela y Paraguay viven crisis institucionales, de diferente índole, que son tratadas con un doble rasero por la OEA y por la prensa internacional, sembrando una peligrosa confusión que daña la convivencia pacífica entre naciones, en una época en la que la humanidad debe enfrentar unida desafíos que, como el cambio climático, amenazan su existencia.

La norma de la no intervención en los asuntos internos de un país rige universalmente, pero la OEA la ha violentado históricamente, por presiones de EEUU, como en 1954, cuando respaldó el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz, con apoyo de la CIA, mediante la operación PBSUCCESS, como se ha probado con los documentos desclasificados.

En abril de 1961, la OEA guarda silencio ante la intervención norteamericana en Playa Girón, y el 31 de enero de 1962 Cuba es expulsada del organismo, calificado por el canciller Raúl Roa como “ministerio de colonias yanqui”. La decisión se revirtió en el 2009, durante la Cumbre de las Américas pero, debido al historial del órgano interamericano, Cuba no acepta reintegrarse.

En 1965, la OEA avaló el desembarco e intervención de marines en Santo Domingo, en un acto de abierto intervencionismo. Una tibia condena por la invasión inglesa a las Malvinas fue la acción del organismo, emitida un mes después de iniciadas las acciones bélicas de una potencia extra continental.

Tras la elección de Salvador Allende, EEUU promovió infructuosamente la expulsión de Chile de la OEA. Los cables desclasificados del Departamento de Estado dan cuenta que el embajador estadounidense en Santiago Edwar Korry sostenía que el Secretario general del órgano, Faro Gallo, era un “fatuo incompetente”, pues pensaba que “Chile no era Cuba, y Allende no era Fidel”. Tres años después, se consumó el golpe de Estado.

En 1983, Maurice Bishop es derrocado y asesinado en Granada, seguido por un desembarco “preventivo” de marines, lo cual apenas mereció un paniaguado reproche de la Organización, que fue ineficaz ante la Operación Cóndor y los conflictos armados en Centroamérica.

En la actualidad, el Secretario General de la OEA y doce países miembros, han impulsado una serie de acciones contra el Gobierno de Venezuela que rayan en un claro intervencionismo, y no ayudan a que los venezolanos resuelvan civilizadamente sus controversias, pues es a ellos y a nadie más, a quienes les corresponde definir su futuro.

Para tratar este asunto, Venezuela solicitó la reunión del Consejo Permanente, el jueves 30 de marzo, reclamando el cese de las actividades unipersonales de Almagro, al margen de la Asamblea General. Inmediatamente, el Secretario General, con el apoyo de 20 países, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo, para el día siguiente.

Luis Almagro propuso, por segunda vez, la aplicación de la Carta Interamericana, aduciendo una presunta ruptura de las instituciones democráticas, lo que no fue aceptado por el Consejo Permanente, que se limitó a emitir un pronunciamiento, comprometiéndose a buscar soluciones diplomáticas, lo cual fue una victoria parcial del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, las empresas de comunicación masiva titularon a los cuatro vientos ¡Golpe de Estado en Venezuela! en un acto de propaganda ideológica, cuyo trasfondo casi no se ha publicitado, el cual explico a continuación.

En agosto de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela –ANV- dominada por la oposición, juramentó e instaló a cuatro diputados electos fraudulentamente, cuyos casos estaban en revisión judicial, con el propósito de obtener mayoría absoluta, lo que aumentaba significativamente sus poderes, pudiendo remover ministros, funcionarios del Consejo Nacional Electoral y a magistrados el Tribunal Superior de Justicia –TSJ-.  

Ante esta ilegalidad, el TSJ declaró en desacato al parlamento y nulas sus resoluciones. A pesar de ello, la ANV siguió emitiendo decretos, incluida la decisión de ¡solicitar la intervención de la OEA! al amparo de la Carta Interamericana. Es la primera vez que un parlamento solicita una intervención extranjera, para enfrentar una supuesta dictadura que, curiosamente, les deja expresarse y no los disuelve represivamente, a pesar de que violentan la democracia.

Ante semejante provocación, el TSJ cometió el error de emitir dos resoluciones que privaban a los diputados de su fuero parlamentario, y se arrogaba temporalmente las funciones legislativas, lo cual es inconstitucional.

En un claro ejercicio democrático de equilibrio de poderes, la Fiscal General de la República Bolivariana, Luisa Ortega Díaz, se opuso a la medida y el presidente Maduro intervino, convocando el martes 28 a una reunión de urgencia del Consejo de Defensa, para resolver las diferencias entre los poderes públicos de la nación.

El Consejo exhortó al TSJ a revisar las decisiones 155 y 156, a fin de que se mantenga la estabilidad constitucional, lo cual fue aceptado por el máximo tribunal, devolviendo la inmunidad a los diputados y restableciendo las funciones legislativas a la ANV, pero mantuvo la suspensión por desacato a la Asamblea, hasta que desafuere a los cuatro diputados procesados y elija nueva Junta Directiva.

En el marco de esta controversia, la oposición reclama otras dos cuestiones importantes que se deben analizar con serenidad: la suspensión del referendo revocatorio y el retraso de la convocatoria de elecciones.

La constitución venezolana es la única en el continente que incluye el referendo revocatorio, el cual permite derogar el mandato presidencial, mediante el voto. Si el referendo se efectúa antes de que el mandatario haya ejercido la mitad de su periodo, se convocará a elecciones para elegir nuevo Presidente. Si ya hubiese transcurrido la mitad del periodo, el Presidente deberá entregar el mando al Vice-mandatario. El presidente Hugo Chávez se sometió voluntariamente al referendo y lo ganó ampliamente.

La oposición venezolana inició, a finales de 2016, el proceso para revocar el mandato de Maduro, para lo cual debía recolectar el 20% de las firmas necesarias; el proceso fue suspendido por el TSJ, ya que los Tribunales Penales de los Estados de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure anularon la primera etapa del proceso de recolección de firmas. Por su parte, el Tribunal de Aragua (centro del país) ordenó reparar el fraude cometido por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), bloque de derecha.

La MUD presentó 1, 957,779 registros, de los cuales 605,727 (30.9%) tenía anomalías. Once mil eran de personas fallecidas; 3 mil eran cédulas de menores de edad; 1,333 eran cédulas inexistentes; 1,335 eran de reos condenados por delitos graves, inhabilitados para votar; y el 60% de los diputados de la oposición no cumplieron con la obligación de firmar las planillas, para solicitar el referendo revocatorio.

El efecto del fraude de la MUD implicaba reiniciar la recolección de firmas y responder penalmente por los ilícitos. Previendo que ya no les daría tiempo de finiquitar el proceso antes de que el presidente Nicolás Maduro finalizara la mitad de su periodo, aunado al riesgo penal, la oposición no reinició el proceso y ante la opinión pública internacional se victimizó, acusando al régimen de entorpecer el referendo, con el apoyo de la prensa internacional, y de figuras como Luis Almagro.

En relación con las elecciones de gobernadores, diputados estaduales y alcaldes, no hay que gastar mucha tinta. El proceso electoral está seriamente atrasado, y el periodo constitucional de muchos funcionarios electos ya venció, lo cual implica una seria crisis institucional. El Consejo Nacional Electoral ha explicado las razones del atraso, muchas de ellas comprensibles, como la crisis económica, pero está incurriendo en ilegalidades.

El viernes pasado, mientras la OEA presionaba a Venezuela, guardaba silencio ante la quema del parlamento paraguayo, por las protestas populares en contra de un golpe de Estado del Senado, aplicando un doble rasero.

Cuando la derecha rompe el orden constitucional, la OEA y la prensa empresarial guardan silencio, deslegitimándose, pero las decisiones soberanas de gobiernos democráticos son tachadas de dictatoriales. Caben dos preguntas: ¿Prensa o propaganda? ¿Diplomacia o demagogia?

Por todas estas razones, cuando Cuba fue expulsada de la OEA, Raúl Roa, el canciller de la dignidad, les espetó: “Me voy con mi pueblo, y con mi pueblo se van de aquí los pueblos de Nuestra América”.

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