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Cabildo Abierto
Polémica sentencia de la CC
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 30 de mayo de 2017

La noche del pasado viernes 26 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio a conocer su polémica sentencia en relación con el derecho de los Pueblos indígenas a ser consultados, por la construcción de las mega hidroeléctricas del complejo Oxec, propiedad de cuestionados empresarios guatemaltecos y españoles.
Por la envergadura de la inversión, por el poder político de los accionistas, y debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actuando como tribunal de amparo, suspendió el funcionamiento de la hidroeléctrica, la sentencia de la CC era esperada como agua de mayo, pues se preveía que sentaría un precedente ante toda la conflictividad social que empresarios y funcionarios han provocado en el país, al pretender operar mega obras sin cumplir con leyes de rango constitucional.

Ayer, los amparistas aún no habían sido notificados, y solamente obtuve copia de la parte resolutiva de la sentencia, que circula en internet, por lo que mis comentarios tienen un carácter preliminar, hasta no acceder a la parte considerativa, que es donde se plasma el razonamiento del tribunal que emitió el fallo.

De los seis numerales resolutivos de la CC dados a conocer, comentaré los tres de carácter sustantivo. El primero, breve pero relevante, es que los togados José Mynor Par Usen y María Consuelo Porras se inhibieron de integrar el tribunal, por lo que se tuvo que llamar a otros dos magistrados suplentes para completarlo. Nunca se explican las razones de tales inhibitorias, pero ambos togados conocían la tesis del magistrado ponente, por lo que es plausible suponer que existieron discrepancias relevantes. Con la integración final del tribunal, la sentencia resultó unánime, lo cual era muy importante para darle fuerza ante actores tan poderosos.

El segundo apartado resolutivo es el más relevante, pues declara sin lugar las apelaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de las empresas, negándoles razón, lo cual implica que actuaron al margen de la ley.

En consecuencia, la CC confirma la sentencia de primer grado de la CSJ, pero precisa el alcance de la tutela constitucional otorgada a las comunidades indígenas, ordenando lo siguiente: a) en un plazo de 12 meses, el MEM deberá efectuar la consulta libre, informada y previa (CLIP) que establece el Convenio 169 de la OIT, cumpliendo con las pautas estipuladas por la sentencia, debiendo rendir trimestralmente informes de avance y un reporte final a la CSJ, tribunal que deberá establecer si se cumplió cabalmente con la CLIP, debiendo oír previamente a las partes.

También establece las responsabilidades legales en que pueden incurrir el Estado, las empresas o las comunidades indígenas, si entorpecen la consulta.

Es en este resolutivo que se encuentra la parte más polémica de la sentencia, pues la CC autoriza que las hidroeléctricas objetadas puedan seguir funcionando durante los 12 meses que dure la CLIP, avalando un ilícito que afecta derechos constitucionales de las comunidades indígenas que, en la práctica, solo fueron parcialmente amparadas.

Además, la CC establece que el procedimiento diseñado en la sentencia para la CLIP regirá para casos futuros, hasta que una ley norme tal proceso.

En el tercer bloque resolutivo, la CC conmina al Congreso a emitir, en un año, el reglamento de la CLIP, bajo pena de sanción, lo cual no es común.

Intentando ser salomónica, la CC “echó dos de arena y una de cal”, en este difícil proceso de construir un Estado pluricultural y democrático de Derecho, donde la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos se tutelen por igual.

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