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Cabildo Abierto
Violan y retuercen la ley
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 10 de julio de 2017

Ante las sentencias sobre las hidroeléctricas Oxec y la minera San Rafael, la cúpula empresarial se quitó la máscara institucional y demanda impunidad para hacer negocios al margen de la ley. Quien viola el ordenamiento jurídico es un delincuente, se trate de un inversionista, de un político o de un militar. No importa cuánto poder económico o político tenga; debe ser juzgado, garantizándole el debido proceso, y las sentencias deben ser cumplidas.

La ciudadanía, ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, puede expresar su desacuerdo, pero cuando los gremios empresariales lanzan una campaña mediática en contra de las más altas cortes, y recurren a la mentira y al litigio malicioso para frenar sus sentencias, podrían incurrir en el delito de incitación pública a la sedición (Arto. 389, Código Penal) al intentar impedir la ejecución de resoluciones judiciales, provocando inseguridad jurídica e inhibiendo el clima para efectuar negocios lícitos.

Tanto la Corte de Constitucionalidad como la Suprema de Justicia han sentado jurisprudencia en relación a la obligación del Estado a efectuar consultas libres, informadas y previas (CLIP) a los Pueblos indígenas, “…cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, como establece el Convenio 169 de la OIT, en su Artículo 6. Además, la Corte de Constitucionalidad (CC) estableció en sentencia del 2010, que dicho Convenio hace parte del Bloque de Constitucionalidad, y la ONU lo reconoce como un instrumento de DDHH.

En consecuencia, cuando un funcionario otorga una licencia para una obra, sin efectuar la debida consulta, viola el Convenio, violenta los DDHH de los afectados y puede incurrir en el delito de resoluciones violatorias a la constitución (Arto. 423, Código Penal). Los inversionistas que se acogen a tales licencias, no pueden alegar ignorancia de la ley, y también incurren en delitos graves, aunque ahora quieren aparecer como víctimas inocentes.

En contrapartida, los Pueblos y comunidades indígenas pueden acudir a los tribunales para que se les ampare por la violación a su derecho a ser consultados, y la Carta Magna les faculta a la resistencia en el artículo 45, al establecer que “…Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.

Está claro que funcionarios y empresarios violan la ley y la Constitución al omitir la consulta, pero también mienten y retuercen la ley. El CACIF, varias cámaras empresariales y sus cagatintas, faltan a la verdad al sostener falsedades en comunicados, artículos y declaraciones.

En el fallo de las hidroeléctricas OXEC, la CC no estableció que, de allí en adelante, los proyectos que no hubieran efectuado la CLIP podrán seguir operando y efectuar la consulta posteriormente. Eso es una vil mentira. Lo que la CC estableció es que el Congreso está mandatado a emitir una ley reglamentaria para las consultas, y que mientras eso sucede éstas se efectúen de acuerdo al procedimiento que la Corte fijó, y que ese proyecto específico podrá operar por un tiempo, mientras se cumple con la CLIP.

Para colmo, el CACIF recurre al litigio malicioso al apelar la sentencia de la CSJ sobre la suspensión provisional de minera San Rafael pues, al no ser parte en el proceso, carece de legitimación activa para apelar. Se trata de una acción mediática, para victimizarse, retorciendo la ley y burlándose de las cortes y de la ciudadanía.

Nuevamente, estamos frente a poderes espurios que la ciudadanía debe enfrentar y la justicia debe condenar. Nadie, absolutamente nadie, es superior a la ley.

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