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Cabildo Abierto
Venezuela: legalidad y legitimidad constituyente
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 2 de agosto de 2017

En Venezuela se libra una batalla por el ejercicio de una democracia directa y real, aquella que se funda en el ejercicio del poder soberano, por un pueblo decidido a ejercer su libre determinación.

El movimiento ciudadano que dio origen a la revolución bolivariana, encabezado por Hugo Chávez, que constituyó un nuevo orden legal e institucional, hoy se enfrenta a una oposición violenta, que se niega al diálogo y tiene como único propósito derrocar al presidente Nicolás Maduro, revertir los avances sociales logrados y entregar los recursos petroleros al mejor postor.

Internacionalmente, se enfrenta al poder militar, económico y político de EEUU, con el apoyo incondicional de países que respaldan acciones intervencionistas, que invalidan la soberanía de las naciones, consagrada en todos los instrumentos de la democracia moderna.

La principal arma política usada es un huracán mediático que tergiversa la verdad, manipula a la opinión pública y sataniza al régimen de Maduro, para justificar declaraciones y acciones intervencionistas de EEUU, la OEA y la Unión Europea.

Cuatro factores están en juego en esta cruzada bolivariana: los mayores yacimientos de petróleo del mundo, los veneros de oro más grandes del continente, una posición geoestratégica codiciada, y el ejercicio pleno de la soberanía nacional, fraguando alianzas con Rusia, China, Irán y la mayoría de los países de la OPEP.

En resumen, la actitud libertaria de Venezuela es inadmisible en un mundo unipolar, donde la democracia se subordina al comercio, el ciudadano se reduce a ser consumidor, y el gobierno real es el FMI, el Banco Mundial, la OMC y las grandes trasnacionales.

Con ese complejo trasfondo, la República Bolivariana de Venezuela realizó elecciones legales y transparentes el domingo 30 de julio, para elegir a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), logrando que más de ocho millones de electores (41.53% del padrón) participaran en los comicios, a pesar de los actos violentos de la oposición y el tsunami mediático descalificador.

Todo lo actuado se hizo en el marco del régimen constitucional vigente, pero gobiernos y medios de comunicación intervencionistas persisten en descalificar un proceso electoral constituyente, legal y legítimo.

El año pasado, los opositores iniciaron un proceso revocatorio contra el presidente Maduro, presentaron firmas fraudulentas, y cinco tribunales suspendieron el proceso.

Después, la oposición realizó un plebiscito al margen de la ley, sin padrón electoral, alegando que siete millones de venezolanos lo respaldaron, e inmediatamente quemaron las papeletas, para evitar que se evidenciara su farsa.

La convocatoria a la ANC la realizó el Presidente Maduro, porque el artículo 348 de la Constitución venezolana lo faculta. Esta Constituyente podrá […] “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” (Arto. 347). “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, (Arto. 349).
El proceso constituyente va pa’ lante, y como mandata el Arto. 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

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