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Cabildo Abierto
Nunca en nuestro nombre
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 6 de feberro de 2019

Existen muchas razones por las que un demócrata podría estar en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, pero ninguna de ellas justifica la intervención militar de una potencia extranjera en Venezuela. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, horrorizada por la brutalidad bélica, la humanidad constituyó un régimen de legalidad, entorno a la ONU, para buscar la solución pacífica de las controversias, la defensa de la soberanía de los pueblos y la no intervención en los asuntos de un Estado.

La cuestión que se juega en Venezuela no es la titularidad de la Presidencia, sino la vigencia de la democracia y de la legalidad internacional, la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y el ejercicio de la soberanía por las naciones. Es decir, se dirime una cuestión civilizatoria que, si no se resuelve mediante el diálogo, nos despeñará por el abismo de la violencia fratricida y el descalabro del orden jurídico internacional.

Un problema nuevo y muy grave, es que nos encontramos inmersos en una ofensiva mediática que falsea la realidad, confunde a la opinión pública y hace imposible un debate civilizado sobre la problemática en Venezuela. Las fake news, o noticias falsas, hacen tanto daño a la convivencia pacífica como un misil.

Desde hace una semana, cada día recibo noticias falsas que anuncian que Maduro ha huido de su país, que el alto mando del ejército apoya al golpista Guaidó, o que la Guardia Bolivariana cometió una masacre en un barrio popular. Todas mentiras crasas, pero los internautas no tienen ningún escrúpulo para difundir tales falsedades, y los seudo periodistas las repiten hasta la náusea.

En Venezuela hay graves problemas de seguridad pública, económicos, de abasto, de hiperinflación (3,000% +) y de corrupción. Eso es innegable, pero se da igual o peor en algunos países de la región, y nadie propone que EE.UU los invada. O sea que, a la mentira, se suma el doble rasero.

Veamos las cuestiones medulares. Nicolás Maduro fue reelecto en mayo de 2018, por el 67% de los votantes, mediante una institucionalidad y una mecánica electoral que ha sido reconocida como la más segura del mundo por el Centro Carter, y el proceso fue declarado legítimo y transparente por los observadores internacionales, incluido José Luis Rodríguez Zapatero, ex-presidente del Gobierno de España y ex Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Hoy día, Pedro Sánchez preside el Gobierno español, proviene del mismo partido, pero encabeza las gestiones políticas para que el Parlamento y los Gobiernos europeos reconozcan a Juan Guaidó, aduciendo que la elección de Maduro fue ilegítima, sin presentar una sola prueba. A Sánchez no le inmuta que la monarquía española y su gobierno le niega a los pueblos vasco y catalán el ejercicio de su libre determinación, y persigue y encarcela a sus dirigentes.

La Unión Europea (UE) dice que adopta medidas intervencionistas, preocupada por los DDHH de los venezolanos. Sin embargo no tiene empacho en vender grandes lotes de armas y mantener relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, señalada por la ONU de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, y aplicar torturas, y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En Yemen se vive una crisis humanitaria sin precedentes, pues el 75% de su población (22 millones) necesita asistencia de emergencia. Arabia Saudita ataca a esa población con bombas vendidas por España, matando y mutilando niños, según denuncia Amnistía Internacional.

Aduce la UE que intervine por la masiva migración de los venezolanos, que según organizaciones internacionales alcanza el 7% de la población. Pero calla que el 21% de la población de Portugal abandonó su patria por la crisis económica.

En enero, Juan Guaidó se proclamó “presidente encargado” de Venezuela, pero en la Constitución Bolivariana ese cargo no existe, ni se han dado causales legales para defenestrar a Maduro. Además, él preside la Asamblea Legislativa, que fue declarada en desacato por el máximo tribunal venezolano, por negarse a acatar un fallo judicial, que le impedía dar posesión a un diputado chavista y dos de la oposición, por haber sido electos fraudulentamente, según el Consejo Nacional Electoral.

Nos saturan con el discurso que Maduro está liquidado, pero solamente el 17% de los países del orbe reconoce a Guaidó; en la OEA lo respaldan 16 de 34 Estados; no logró el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, y su Secretario General sostiene que el ente mundial reconoce a Nicolás Maduro. Grecia e Italia se oponen a una resolución de la UE que desconozca al presidente Maduro, mientras que Perú se opone a cualquier intervención militar, y Chile sostiene que no exige que haya nuevas elecciones en Venezuela. Rusia, China, Irán y Turquía han manifestado su firme apoyo al gobierno chavista.

En ese contexto, podría cobrar fuerza la iniciativa de diálogo liderada por México y Uruguay, secundada por Bolivia y el Vaticano, la cual ya aceptó Maduro y fue rechazada por Guaidó, quien vergonzantemente clama por una intervención militar.

A contra corriente, EEUU declara que Venezuela es una grave amenaza contra su seguridad nacional (Obama), y actualmente aplica sanciones económicas ilegales al país bolivariano, apropiándose de CITGO, una empresa venezolana que refina petróleo en Texas, contando con 3 refinerías y unas 48 terminales de almacenamiento y distribución, con unas 6,000 estaciones de servicio abanderadas con su marca, la cual pretende entregar formalmente a su títere, Juan Guaidó.

Los expertos señalan que los yacimientos petroleros de EEUU apenas podrían suplir la demanda nacional durante cinco años, pero si se apoderan del petróleo venezolano el plazo se amplía a 50 años.
Trump y sus halcones amenazan con una invasión militar a Venezuela, pero ocultan que no podría haber un desenlace rápido, pues ese país cuenta con un ejército de 500 mil hombres; una fuerza aérea moderna, equipada con aviones de combate SU-30MK2; un gran número de tanques T-72B1V, BMP-3, BTR-80A, SAU Msta-S; un millón de efectivos de la milicia territorial, y armamento antiaéreo de última generación. Podrán comprar algunos oficiales, pero es imposible sobornar o doblegar a un millón de milicianos entrenados, armados y motivados, decididos a defender su patria.

Si van a la guerra y cometen crímenes de lesa humanidad, que no lo hagan alegando defender la democracia y nunca, jamás, en nuestro nombre.

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