Cabildo Abierto
Tras la peste viene el hambre
Por Víctor Ferrigno F. - Guatemala, 29 de
abril de 2020
El pasado 21 de abril, una alianza internacional de
organismos de la ONU, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, que trabajan para abordar las causas
profundas del hambre extrema publicaron una nueva edición
de su Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias. Las
noticias son malas y empeorarán por la pandemia.
El informe indica que a finales de 2019, 135 millones de
personas de 55 países y territorios sufrían de inseguridad
alimentaria aguda (Fase 3 o superior de la CIF/CH).
Además, en los 55 países con crisis alimentaria a los que
se refiere el informe, 75 millones de niños sufrían de
retraso en el crecimiento y 17 millones padecieron
escualidez en 2019.
Se trata del nivel más alto de inseguridad alimentaria
aguda y malnutrición documentado por la Red desde la
primera edición del informe en 2017.
El año pasado, la ONU advirtió que más de 820 millones de
personas pasan hambre y unos 2000 millones sufren su
amenaza. “Los nuevos datos confirman que el hambre ha ido
en aumento en muchos de los países cuya economía ha
entrado en una fase de desaceleración o de contracción”.
Este año señala que el COVID-19 y la recesión mundial
generarán una crisis sanitaria y económica que expondrá a
la falta de alimentos y su consecuente riesgo de muerte a
aproximadamente 265 millones de personas alrededor del
planeta durante 2020. Advierte que “será una hambruna de
proporciones bíblicas”.
En América Latina y el Caribe viven 18,5 millones de estas
personas sin oportunidad de consumir alimentos adecuados,
lo cual pone en peligro inmediato su vida o sus medios de
subsistencia. Este mundo de gente hambrienta es el blanco
principal del COVID-19, víctimas de la indiferencia
social, de la corrupción y de la desigualdad.
En Guatemala la situación es grave y empeorará. Un
estudio realizado a nivel nacional por el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), a mediados de 2019, sobre pequeños
productores y jornaleros agrícolas, reportó que 93% de
estos hogares presentan algún grado de inseguridad
alimentaria. Esto se agravará, pues por la pandemia se
frenó el trabajo en las fincas, se interrumpieron las
cadenas de suministro, y ya se sufre el alza de precios.
El año pasado, los trabajadores que tenían empleo apenas
lograron cubrir el 74% de la Canasta Básica Alimentaria
(CBA), por lo que no cubrieron un cuarto de sus
requerimientos alimenticios. Este
año, por la pandemia, a cientos de miles de trabajadores
les “suspendieron” sus contratos, y muchos más fueron
despedidos sin mayor trámite. Los trabajadores informales
y los jornaleros agrícolas la tendrán peor.
Por eso el mundo aplaude iniciativas como Acelerador ACT,
convocada por la OMS, en alianza con varios gobiernos y la
Comunidad Europea, para acelerar el desarrollo de test de
diagnóstico, fármacos y vacunas contra la Covid-19,
garantizando que todos tengamos acceso a ellos de manera
equitativa. La iniciativa busca reunir U$ 7, 500 millones
de dólares para enfrentar la pandemia.
En Guatemala, es urgente que comencemos a formular e
implementar un Plan Nacional de Contingencia, concertado,
inclusivo y democrático, para enfrentar la pandemia y el
hambre. Esta crisis es la última oportunidad del Congreso
para reivindicarse, y viabilizar el Plan Nacional,
aprobando fondos, leyes y políticas públicas.
La otra opción es hacerlo a la mala, pues la ecuación
pandemia-recesión-hambre es sinónimo de estallidos
sociales y crisis. El peor escenario es que terminemos
poniéndonos de acuerdo sobre una pila de muertos, acciones
represivas y caos. La clase política y la cúpula
empresarial tienen una oportunidad inédita para ganar
legitimidad. Ojalá nunca olviden que un pueblo con hambre,
es un pueblo sin paz.
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