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¿Y qué pasa con la libertad religiosa?
Por Víctor Gálvez Borrel - Guatemala, 16 de abril de 2007

Resulta increible y vergonzosa la ignorancia de los funcionarios públicos y diputados.

La noticia cobró relevancia durante la Semana Santa: la Dirección General de Migración negó la visa de entrada al país al jefe de una extraña secta religiosa que afirma encarnar al Anticristo, pero también predica la gracia. Las autoridades migratorias nacionales coincidieron así, con las de El Salvador y Honduras, para no “ofender las creencias de la población”.

En una inusual declaración, el Arzobispo metropolitano señaló que debería respetarse la libertad de cultos siempre y cuando no se afectaran las costumbres del país. Por último y para ponerle “la tapadera al frasco”, el Congreso de la República propuso un punto resolutivo recomendando negar el ingreso al país, a quienes “no crean en Dios”.

Resulta increíble y vergonzosa la ignorancia que los funcionarios públicos y los diputados tienen de la garantía constitucional de libertad de religión (artículo 36) y preocupante la intolerancia del Arzobispo. Si la Constitución Política señala que “toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia”, esto significa que los habitantes de este país podemos creer o dejar de creer y que nadie, ni el Estado, ni las iglesias y/o sectas, ni los particulares, pueden interferir en el ejercicio de tal libertad (cuya única limitación es el orden público y el respeto a los fieles de otros credos, según concluye el artículo constitucional citado).

La intromisión del Gobierno de la República a favor de determinadas ideas religiosas (como en este caso, en la restricción de las decisiones de procreación o no de las familias y la educación sexual en establecimientos educativos públicos) constituyen peligrosos precedentes que ponen en duda, la libertad religiosa y la separación entre el Estado y la Iglesia. Esta separación es un indiscutible avance de la civilización occidental, conquistada a sangre y fuego desde el siglo XVI en Europa (las guerras de religión) y que hoy en día, a fuerza de habernos acostumbrado a vivir en ella, hemos dejado de valorar.

Basta con observar, no obstante, la situación de aquellas sociedades del Oriente, en las que los Estados no son seculares, reclaman la observancia de una religión “oficial” y en donde imanes, ayatolás o clérigos confunden sus funciones religiosas con el orden público, para entender los efectos devastadores del fundamentalismo y la intolerancia sobre las libertades civiles, políticas y religiosas de la población. Fundamentalmente, la persecución a los que no tienen el derecho de disentir. La separación del Estado y de la Iglesia, así como la libertad religiosa, son logros de la Reforma Liberal de 1871 en Guatemala y así se mantuvieron hasta 1945. La Constitución de 1956, para reconocer en parte el aporte de la Iglesia Católica a la “lucha contra el comunismo”, reconoció a las iglesias como personas jurídicas, su derecho a adquirir y disponer de bienes (artículo 51) y permitió la enseñanza religiosa en locales oficiales (artículo 97).

La Constitución de 1965 fue más allá y concedió exoneración tributaria a los bienes inmuebles de las iglesias (artículo 67) y mantuvo la de la enseñanza religiosa opcional en establecimientos oficiales (artículo 93). Desaparecieron así, los últimos resabios de la cultura liberal en la función pública en Guatemala.

Los riesgos no se limitan tan sólo a esta tendencia a interferir en la vida de los ciudadanos, según una determinada orientación religiosa. También se expresan en las peligrosas opciones de candidatos presidenciales, abiertamente comprometidos con una prédica religiosa determinada y que se presentan como ministros de culto o pastores en la actual contienda electoral.

Fuente: www.sigloxxi.com


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