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¿Quién le teme a la CICIG?
Por Víctor Gálvez Borrel - Guatemala, 6 de agosto de 2007

Se debe superar la visión de que los opositores a la Comisión están ligados al crimen organizado.

Heredera de la anterior Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (CICIACS) (acuerdo firmado por el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas en enero de 2004, pero no ratificado por el Congreso de la República), la actual propuesta de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha vuelto a ser noticia. Parte de las razones obedecen a la coyuntura electoral. En efecto, el voto adverso para la ratificación del nuevo acuerdo de la CICIG por el diputado y secretario adjunto de la UNE (a pesar del apoyo que su partido y el candidato presidencial habían manifestado) desató lo que algunos medios llamaron una “tormenta política en la UNE”.

El tema generó dudas sobre el liderazgo del Ingeniero Colom, lo cual fue aprovechado por sus oponentes políticos y también por quienes apoyan la ratificación de la Comisión por pate del Congreso de la República. Luego de una activa movilización y de cambios de opinión entre los diputados, la ratificación se produjo y la CICIG recibió luz verde. Independientemente de la coyuntura electoral, la CICIG, la delincuencia organizada y la debilidad del Estado para enfrentarla, son temas que merecen tratarse más allá de la cacería por los votos. Dado que la Comisión ya fue ratificada, una cuestión a considerar es la de las razones que motivaron su oposición, pues posiblemente se volverán a plantear en un futuro próximo. Una primera simplificación que es necesario superar por falsa, es la visión maniquea, según la cual todos los que se oponían a la CICIG estaban ligados al crimen organizado. Esto no significa, sin embargo, que los intereses delictivos sí se sintieran amenazados y, en consecuencia, hubieran preferido que tal Comisión no se ratificara.

Intentemos un punteo sobre quiénes y por qué razones se adversa o se teme a la CICIG. En un orden meramente indicativo, se encuentran quienes poseen poder económico y político y utilizan la violencia para consolidarlo o defenderlo. A ellos se añadirían los que se dedican o se han reciclado en el crimen como fuente fundamental de ingresos, sobre todo en sus ramas más lucrativas y poderosas: drogas, secuestros, robos sistemáticos de vehículos y asaltos, entre otros. El fortalecimiento de la débil función de seguridad y justicia del Estado guatemalteco que se espera con la CICIG, les resultaría negativo.

Luego se sitúan quienes defienden a sindicados de delitos como los anteriores, y que en su calidad de abogados, por ejemplo, preferirían que todo siguiera como está, para que la ineficiencia del sistema de seguridad y justicia no altere su trabajo. Los argumentos que utilizan tienen que ver con la soberanía “teórica” del Estado, la cual, supuestamente, se vería afectada con iniciativas como la CICIG. Estas argumentaciones también son compartidas por grupos que les añaden valoraciones nacidas del orgullo nacional, del tipo: “no debemos aceptar intromisiones extrajeras”.

También están quienes se oponen por razones ideológicas (similares a las anteriores argumentaciones), pero alimentadas por la desconfianza hacia quienes apoyaron en sus orígenes la CICIG (y la CICIAG): los grupos de derechos humanos. Por último, personas que se oponen más por desconocimiento y confusión y piensan que la Comisión se usará para reactivar casos de responsabilidad de militares durante la guerra civil o que limitará las garantías del debido proceso (allanamientos, reducción de términos legales, etc.). Ninguna de estas razones es válida. Y ahora que se ratificó la Comisión, lo que queda es apoyar activamente su trabajo, como un paso más en el largo y tortuoso camino para fortalecer el debilitado sistema de seguridad y justicia del país.

Fuente: www.sigloxxi.com


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