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La vergüenza del desarrollo humano y el oportunismo de los diputados
Por Víctor Gálvez Borrel - Guatemala, 3 de diciembre de 2007

Las noticias se publicaron el mismo día: Guatemala ocupa el penúltimo lugar en el índice de desarrollo humano del continente (sólo superado por Haití) y los diputados, en un “combo” de leyes maratónicas autorizaban el presupuesto 2008, el Impuesto Extraordinario Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) y una serie de prerrogativas, entre ellas, una ilegal indemnización para los parlamentarios salientes.

La posición 117 en el índice de desarrollo humano confirma que el país vive en el siglo XXI, con estándares sociales de principios del siglo XX. Ratifica su palpable atraso, pero el escándalo de las prebendas de los diputados opacó el vergonzoso lugar de Guatemala en el desarrollo humano. Todo hace pensar que las impugnaciones contra el decreto que las concede mantendrá en los titulares de prensa en las siguientes semanas, tal escándalo. Se justifica, entonces, retomar el cíclico tema del Congreso y de sus huéspedes temporales: los diputados.

El escándalo de las prebendas parlamentarias y las reacciones críticas que produce confirma el escaso prestigio de tal órgano del Estado. Sorprende que los diputados no lo perciban. El Congreso no es sólo poco popular en Guatemala: lo es aún en los países de democracias consolidadas, cuyas poblaciones comprenden mejor que las del Tercer Mundo la función política de una asamblea que discute, elabora leyes, aprueba convenios y tratados, define el presupuesto, controla al Ejecutivo, propone funcionarios, etc., pero que no presta servicios, no realiza obras, ni ejecuta proyectos sociales o de beneficio colectivo (como lo hace el Gobierno, sus ministerios, secretarías y entidades autónomas o descentralizadas).
Y ahí se encuentra uno de los problemas centrales de la institución parlamentaria a ojos de la población: existe la tendencia a creer que si ésta desapareciera, no sucedería nada. Ello, por el carácter fundamentalmente político de su función, frente a la aparentemente mayor “utilidad práctica” del Ejecutivo (o hasta de los tribunales que, al menos, están llamados a impartir justicia, lo que se percibe como indispensable, aunque lo hagan con gran ineficiencia).

Asusta (ya no sorprende) constatar cómo los propios diputados, con su tradicional miopía y oportunismo, complotan contra uno de los órganos típicos que “hacen política” en una democracia. Aparte del mediocre comportamiento de los parlamentarios hay otro grave problema, que aparece ahora que se han ampliado los tiempos para que un nuevo gobierno asuma.

Se trata de un fenómeno nuevo, inédito desde 1986: la definición del nuevo presupuesto público por el Congreso saliente, cuando ya se conoce al candidato presidencial electo, sin que los eventuales ministros de su Gabinete sean consultados o, al menos, tomados en cuenta.

Esto significa que las políticas que ejecutarán (en este caso en 2008) están ya enmarcadas en un presupuesto atado, en el que no pudieron participar. La idea de la “transición” (que el gobierno de la Gana tanto ha publicitado) se anula en gran medida, si el nuevo gobierno entra con un presupuesto que apenas entiende.

Antes, cuando el presupuesto se aprobaba sin que se supiera el candidato ganador (pues el presupuesto ya estaba definido cuando la segunda vuelta no había tenido lugar, ya que ésta se celebraba a escasos días de que el año terminara) el problema no podía resolverse. Pero ahora sí. La “transición” de un gobierno a otro debe prever este tema tan importante. Urgen las reformas legales para permitirlo.

Fuente: www.sigloxxi.com


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