Nubarrones sobre el Congreso
Por Víctor Gálvez Borrel - Guatemala, 16 de junio de 2008
El Congreso es un órgano que goza, casi por definición, de poco prestigio, y no sólo en Guatemala.
Más que nubarrones, la denuncia del traslado ilegal de Q82 millones de los ahorros del Congreso de la República a una casa de bolsa constituyó una borrasca para el deteriorado prestigio de tal organismo. Y aunque el permiso temporal para ausentarse solicitado por su Presidente, Eduardo Meyer, es una solución intermedia (intermedia entre la demanda de renuncia del conjunto de partidos, incluida la UNE a la que Meyer pertenece, y la oposición inicial a retirarse del propio parlamentario), no disipa la crisis permanente de imagen de los diputados. La separación del presidente de la Junta Directiva del Congreso debe interpretarse, sin embargo, como un avance frente a la tradicional cultura de impunidad y negación de responsabilidades, común entre los funcionarios públicos en Guatemala. Es posible que este caso siente un precedente que haga más difícil la resistencia a asumir responsabilidades por errores políticos y/o ilegalidades en la función pública y sea invocado así, en casos futuros.
Adicionalmente, el Congreso es un órgano que goza, casi por definición, de poco prestigio, y no sólo en Guatemala. Ello deriva, en gran parte, del tipo de funciones que realiza. En efecto, dentro de la clásica teoría de la división de poderes, al Organismo Ejecutivo le corresponde, entre otras funciones, la prestación de servicios públicos y la realización de obras diversas, y aunque existan grandes deficiencias, la ciudadanía percibe en ello, actos concretos. El Organismo Judicial se ocupa de resolver conflictos e impartir justicia, y aunque su eficiencia también dista mucho de la esperada, también logra visualizarse con cierta concreción. El Organismo Legislativo es la instancia política por excelencia. En él se registra la discusión, el control relativo de los otros organismos (vía la aprobación del presupuesto y la elección de ciertos funcionarios) y la emisión de leyes. Ejerce una función menos tangible, difusa e indirecta que los anteriores organismos (la percepción es que las leyes las ejecutarán o cumplirán otras instancias del Estado). No es de extrañar, entonces, que parte de la opinión pública estime que los diputados no hacen nada y sólo cobran, o que su único trabajo es pensar poco y levantar la mano. Incluso, la creencia de que los diputados distritales representan a los habitantes de los departamentos y, en consecuencia, deben defender sus intereses y conocer sus problemas y esperanzas, no es correcta. En efecto, los diputados representan al pueblo en general. Y aunque la forma de elegirlos sea por distritos electorales o listado nacional (25% de los que se eligen por distritos lo serán por listado nacional), ello no significa que quienes se eligieron en Quetzaltenango o en Sololá, por ejemplo, representen a los habitantes de tales departamentos. Lo anterior, porque la representación es nacional e indivisible (y no fragmentada o por mandato individualizable).
Esto incrementa más esa difusa y lejana relación entre ciudadanía y diputados. Tampoco es de extrañar la simpatía de que gozan las propuestas recientes de reducción del número de diputados (aunque sean demagógicas o poco fundamentadas). Resulta complicado encontrar argumentos para defender la función de los diputados, y fácil entender, por qué cualquier error, ilegalidad o escándalo que cometan sea rápida y ampliamente magnificado.
Fuente: www.sigloxxi.com
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