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Campesinos exigen tierras en área de minera, en Izabal
Por Wilberth Girón - Guatemala, 29 de septiembre de 2006

• Conflicto centenario se reabre con toma de tierras
• Comunitarios prueban ser legítimos propietarios
• Comunas apoyan a transnacional para desalojo

Cerca de 550 familias de distintas comunidades de los municipios de El Estor y Los Amates, Izabal; Panzós y Santa María Cahabón Alta Verapaz, decidieron ocupar decenas de caballerías de tierras en áreas en donde existen concesiones mineras. Según varios representantes de dichas comunidades, éstas han sido víctimas de engaños por parte de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) que ofreció títulos de propiedad de tierra para los campesinos que aún no los tienen y a la vez quiere quitarles más de la mitad de los terrenos que desde el tiempo de la concesión de EXMIBAL (antigua concesionaria), han sido arrendados a los agricultores del área para la siembra del maíz. Esta lucha campesina por la tierra hace recordar que fueron estos mismos motivos, entre otros, los que llevaron a que ocurriera la masacre de Panzós el 29 de mayo de 1978. Según las denuncias, hasta el momento solamente se ha visto el interés del gobierno por proteger los intereses de la transnacional. Por otra parte, las Corporaciones Municipales califican las ocupaciones como ilegales y apuestan por un desalojo, sin embargo, para los dirigentes del movimiento, esto se debe a que las comunas han sido compradas por la transnacional para proteger sus intereses.

MÁS DE 100 AÑOS DE CONFLICTOS. Aproximadamente unas 350 familias de varias comunidades comenzaron desde el 17 de septiembre, a ocupar tierras en donde según las autoridades locales de dichos municipios, existen concesiones mineras * . A la fecha, se estima que el número creció a 550 familias.

Uno de estos asentamientos está ubicado en el Lote 8, caserío Chacpaylá, Panzós, Alta Verapaz, en donde la empresa minera Exmibal, arrendaba a los campesinos del lugar dicho terreno para el cultivo de maíz. Esas tierras son ahora propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la canadiense Skye Resources.

* De acuerdo con lo informado por pobladores, éstos reclaman que esas tierras les fueron quitadas por Exmibal hace años y están ahora reivindicando sus derechos. Afirman que hay gente de El Estor ahora en dos puntos: la Pista y al norte de la Colonia ; un punto al oeste de la Finca Chichipate , tomado por pobladores de Chichipate; Sepur Límite y unos de Cahaboncito; y dos puntos cerca a Cahaboncito: Lote 8 y Santa María. Igualmente, unas cien familias han tomado 21 caballerías del proyecto minero Montúfar, de CGN , en el municipio de Los Amates. En un comunicado de prensa emitido en inglés por Skye Resources , se negó que las tierras ocupadas pertenezcan a la minera ( Skye's project unaffected by land occupation. September 19, 2006 ).

Federico Pop Caal, dirigente del movimiento que ocupa el Barrio La Revolución , ubicado en Chichipate, denunció que: CGN nos quiere quitar más de la mitad de las tierras que nos pertenecen, de las 30 caballerías que teníamos solamente nos ofrecen cinco.

Hemos sido desplazados de nuestras tierras al igual que nuestros padres y abuelos hace más de 100 años, muchas comunidades han pagado por sus tierras desde hace ya varias décadas, dijo Pop.

Esta ocupación se originó, según un comunicado que la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) dirigió al Ejecutivo el 17 de septiembre, por la situación de extrema pobreza de las comunidades aledañas a la finca Cahaboncito, en El Estor, Izabal.

Para Marco Vinicio Mejía, analista político, estos desalojos han ocurrido desde siempre, este problema se viene arrastrando desde la existencia del Instituto de Transformación Agraria (INTA), y fue el motivo de la masacre de Panzós que sigue impune desde 1978 . (Ver Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico – CEH - Anexo 1, Casos Ilustrativos No.9 y 100).

Uno de los orígenes de la masacre de Panzós fue que el INTA no otorgara los títulos de propiedad a las comunidades que se les había beneficiado con tierra en 1965, lo que fue aprovechado por los grandes propietarios de tierra para desalojar las tierras a los campesinos mediante títulos supletorios (Inforpress 294, 295 y 296).

Juan Tiney, integrante de la dirección nacional de CONIC, asegura que lo mismo que pasó con el INTA en aquel entonces, pasa ahora con el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), pues los dirigentes de las comunidades de Izabal, en donde es más grande el problema, tienen títulos provisionales de propiedad y los recibos en donde consta que han pagado por ella .

Pop Caal también denunció que varios ejecutivos de la empresa CGN nos dijeron que ya no siguiéramos chingando porque de lo contrario nos pasaría lo mismo que a nuestros antepasados.

INTERESES EN RIESGO. Una reunión tuvo lugar en el Congreso de la República , el 26 de septiembre, entre los dirigentes de las comunidades afectadas por la problemática de tierras en El Estor, con la Comisión de Energía y Minas (CEM) del Legislativo y directivos de FONTIERRAS .

En esta reunión, a pesar de que los campesinos presentaron comprobantes de pago e incluso títulos de propiedad, las instituciones gubernamentales dijeron desconocer estos pagos y la autenticidad de estos títulos, argumentando que son herencias que el INTA dejó a las instituciones y que faltan solucionarlas.

Carlos Girón, gerente de FONTIERRAS, aseguró que en la institución no se tiene registros de los pagos ni de los títulos de propiedad ya que fueron gestiones del INTA, pero de comprobarse su autenticidad se haría el trámite para darle a la comunidad legalmente sus tierras.

Sobre esto, Alfredo Cacao, representante de la Comunidad Santo Domingo, Lote 10, de El Estor, comentó que es evidente que el gobierno tiene prioridad sobre sus intereses económicos y los intereses económicos de los inversionistas, los cuales ven amenazadas sus ganancias por el hecho que nosotros ocupemos una porción de los 387 kilómetros cuadrados de la concesión minera de CGN.

Cacao, denunció: cuando quisimos obtener nuestro título de propiedad, fuimos al INTA y resultó que el folio que contenía las escrituras en donde se nos adjudicaban las tierras estaba incompleto, se le habían arrancado las 21 hojas que contenían los escritos de nuestras tierras.

Hemos buscado a través de FONTIERRAS recuperar ese folio, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta, por eso acudimos al Legislativo porque nosotros no buscamos confrontaciones sino el diálogo, concluyó Cacao.

El analista Mejía agregó que los intereses de las transnacionales en mantener el control de esas grandes porciones de tierra es que en esa zona se encuentra la Franja Transversal del Norte (FTN).

Mejía agregó que la FTN ha contribuido a las ganancias millonarias de las transnacionales, además, fue creada para el enriquecimiento de la oligarquía nacional e internacional, no me extrañaría que se fuera a dar una represión paramilitar con la gente que ocupó tierras en Izabal.

La OIT admitió la denuncia presentada por varias comunidades indígenas de El Estor, en las cuales reclaman que no se realizó una consulta para determinar la posición de las comunidades ante las actividades mineras referentes a la licencia LEXR-902 que permite la explotación del proyecto minero Fénix (Boletín Municipal 117).

Ariel Hasse, integrante de la Pastoral Social de la Tierra Norte del Vicariato de Izabal, dijo que hace 10 años tampoco se les comunicó a las comunidades cuando sus tierras fueron declaradas áreas protegidas.

Si no les consultaron en este caso, mucho menos les iban a consultar para una licencia de concesión minera, por eso es que esa licencia ha causado mucha polémica, además porque la negociación para la concesión se hizo a un alto nivel sin tener en cuenta la opinión de la gente, dijo Hasse.

Actualmente la licencia LEXR-902 permite la explotación minera en un área aproximada de 248 kilómetros cuadrados dentro de El Estor, Izabal, y según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) la licencia LEXR-1805 ubicada en Los Amates permite la exploración minera en una extensión aproximada de 139 kilómetros cuadrados. Estas dos licencias suman una extensión de 387 kilómetros cuadrados.

No obstante, esta última licencia es totalmente contradictoria con lo que el portal de internet del MEM describe como una Licencia de Exploración Minera, ya que según esta cartera con la licencia de explotación el área constituirá un polígono no mayor de los 100 kilómetros cuadrados.

CAMPESINOS BUSCAN EL DIÁLOGO. Por este motivo las organizaciones campesinas buscaron entablar el diálogo con la empresa CGN quienes no mostraron interés en ello tal como lo dice el acta número 24-2006 del Comité Agrícola Chacpaylá de fecha 21 de septiembre de 2006.

Edgar Ical, quien hasta hace poco era encargado de relaciones comunitarias de CGN, y quien fuera destituido recientemente y a quien los pobladores lo señalaban de prepotente y abusivo , afirmó en una de las reuniones sostenidas con ese Comité, que lo único que puede ofrecer la compañía es la venta de las cinco caballerías, pero se hará un recorrido del área para iniciar las negociaciones y así saber si es posible proporcionarles más tierra.

Sin embargo, Pop Caal, también dirigente de CONIC, denunció que la empresa CGN no cumplió con lo que se acordó y éste fue otro motivo por el cual tomamos las tierras, ya no estamos dispuestos a que nos sigan engañando.

A pesar que los campesinos buscaron entablar un diálogo con CGN , varios representantes de dicha empresa se han negado a negociar con las comunidades debido a la ocupación de tierras.

Inforpress se comunicó con Regina Rivera, gerente de relaciones corporativas de CGN quien dijo que la empresa no dará declaraciones de las medidas que tomará respecto a las ocupaciones ya que es un asunto privado.

Demetrio Cutzal, representante técnico de FONTIERRAS , presentó a la Comisión de Energía y Minas (CEM) un mapa elaborado por dicha institución de las tierras ocupadas y declaró que casi se tiene la certeza que las tierras ocupadas por los campesinos son de propiedad de las comunidades.

Sin embargo, eso lo tendrá que determinar el informe final del Registro de Información Catastral (RIC), porque FONTIERRAS no puede dar una resolución al tema, comentó Cutzal.

Según el mapa presentado por FONTIERRAS , CGN está haciendo perforaciones dentro de terrenos comunales, aproximadamente en un área de 20 kilómetros cuadrados.

Cacao aseguró que cuando nos acercamos a la Central de Trabajadores del Campo a solicitar los folios del INTA en donde se comprueba que algunas tierras ya nos pertenecen, nos sorprendió que a dichos folios se les habían arrancado 21 páginas que contenían la información sobre nuestras tierras.

Además tenemos que luchar solos porque las municipalidades, que son las que tendrían que ayudarnos en este tipo de problemas lo que hacen es venderse a las empresas transnacionales, comentó Caal (ver cuadro).

Carlos Girón aseguró que FONTIERRAS no tiene información de la existencia de estos folios y mucho menos que estuvieran mutilados, pero si las comunidades presentan los papeles en donde hace constar que las tierras las han pagado se les entregará sus títulos de propiedad.

Según Daniel Vogt, de la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral, a la fecha el número de familias se ha incrementado a 550 y es preocupante ya que sabemos que CGN está tramitando el desalojo ante el Ministerio Público.



I. Comunidades sin respaldo de comunas


El dirigente Federico Pop Caal, asegura que las Corporaciones Municipales están brindando un apoyo total a las compañías mineras, esto lo hacen sabiendo que esas tierras son nuestras, además el Convenio 169 de la OIT dice al igual que los Tratados de Paz que las comunidades indígenas podrán recuperar sus tierras perdidas.

El Convenio 169 es claro al decir que si una comunidad ha habitado por más de 30 años una porción de tierra específica, la misma pasará a ser propiedad de la comunidad, aclaró Rodrigo Tot.

De acuerdo con el secretario de la municipalidad de El Estor, Izabal, Ángel Cruz , se han tenido pláticas con las comunidades para explicarles que están ocupando tierras que son propiedad privada, por eso no apoyamos las acciones de las comunidades y CGN tiene todo el derecho del desalojo.

Para Amílcar Solís, alcalde en funciones de la municipalidad de Panzós, Alta Verapaz, la gente responsable de estos movimientos es la misma que siempre ha causado problemas por invadir terrenos privados. La municipalidad no tiene motivo para tener contacto con ellos.


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