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Héctor Nuila: En Guatemala hay una “neoliberalización” de los Acuerdos de Paz
Por Leonel Herrera - San Salvador, 21 de enero de 2007

Héctor Nuila, secretario general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Antes de venir al país para participar en el XIII Encuentro del Foro de São Paulo, la Unidad Revolucionaria Nacional Guate-malteca (URNG) conmemoró el décimo aniversario del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado el 29 de diciembre de 1996, el cual terminó con la guerra civil de tres décadas y permitió a la exguerrilla incorporarse a la vida política de Guatemala.

Diario Co Latino conversó con su secretario general, Héctor Nuila, quien reconoce que los acuerdos permitieron la apertura política, pero señala que aún se mantienen los problemas que provocaron la guerra, debido al incumplimiento de los aspectos socioeconómico y agrario, derechos de los pueblos indígenas y desmilitarización de la sociedad. Además, habló de la situación política-electoral de Guatemala.

¿Cómo se lograron los acuerdos de paz entre el gobierno de Guatemala y la URNG?

Fue un largo y difícil proceso que duró casi 10 años, durante los cuales tomamos acuerdos específicos hasta firmar el Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996.

El primer encuentro para buscarle una salida política a la guerra lo tuvimos en 1987, pero fue hasta 1990 cuando acordamos iniciar el proceso de negociación. En mayo de 1991 acordamos la agenda de negociación. En 1994 alcanzamos los primeros acuerdos sobre derechos humanos, reasentamiento de la población desarraigada y restablecimiento de la memoria histórica. En 1995 alcanzamos el acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas y en 1996 los acuerdos sobre el problema socioeconómico y situación agraria, fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en la democracia, oficialización de los idiomas mayas, cese del fuego, inscripción de la URNG como partido político y finalmente el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. La mayoría de acuerdos requirió de reformas a la Constitución.

¿Qué posibilidades reales para la democratización generaron los acuerdos?

Desde la perspectiva de la URNG, los acuerdos de paz debieron servir para cambiar las relaciones de poder económico, político, social y cultural del país. Con esto se habrían creado condiciones para terminar con los problemas estructurales que causaron la guerra.

Diez años después de la firma de los acuerdos, ¿cuál es su balance de cumplimiento?

El principal logro de los acuerdos es la apertura de espacios para la discusión, organización y movilización social, así como para la participación político-partidista de las fuerzas de izquierda en los procesos electorales. También se consiguió el involucramiento de las comunidades en la gestión del desarrollo local mediante las reformas a la Ley de Descentralización y al Código Municipal. Además se alcanzó el establecimiento de mecanismos de contraloría social de la administración pública y la creación de consejos de desarrollo comunal, municipal, departamental, regional y nacional, en los que hay participación de la sociedad civil.

En derechos humanos tenemos un logro a medias porque la represión ya no existe como política de Estado, sin embargo aún se comprueba una actitud represiva hacia los sectores populares a través de la criminalización de las protestas sociales. Por ejemplo, la lucha contra el TLC con Estados Unidos dejó cinco muertos, la oposición a las concesiones mineras provocó tres muertos, varios heridos y muchos detenidos en las confrontaciones con la policía. Los desalojos violentos contra comunidades que ocupan tierras ociosas es otra muestra de la actitud represiva de los gobiernos.

¿Cuáles son los aspectos de los acuerdos que no se han cumplido, ni siquiera a medias?

Los mayores incumplimientos están en lo referido a la problemática socioeconómica y agraria, como también lo relacionado con las identidades indígenas. Esto, porque los gobiernos se han negado a implementar el acceso a la tierra y las políticas de desarrollo rural, la reforma fiscal y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco han querido aplicar una reforma educativa, de salud y de seguridad social.

En cuanto a la desmilitarización del país, han cumplido con la reducción del número de efectivos y de unidades militares, pero el presupuesto del ejército ahora es mayor al que tenía durante la guerra y las fuerzas armadas han vuelto a realizar funciones de seguridad interna, violentando el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en la sociedad democrática, al cual se le redujo su papel a la defensa de la soberanía nacional.

¿Están buscando formas de presionar al gobierno para que retome los acuerdos?

En la celebración de los diez años de la firma, concluimos que la única vía que nos queda para buscar el cumplimiento de los acuerdos es la movilización social y la presión política. Necesitamos profundizar las protestas para que el gobierno retome las propuestas.

¿Consideran inútil pedir la intervención de la ONU?

MINUGUA (Misión de las Naciones Unidas en Guatemala) inició en 1994 cuando firmamos el acuerdo sobre derechos humanos y terminó en el 2004.

¿Ese fue el período establecido desde el inicio o se retiró porque consideró cumplidos los acuerdos?

Por presiones del gobierno, MINUGUA terminó su misión. Para nosotros hubiera sido saludable que siguiera durante otros cuatro años.

Usted habló (durante la inauguración del XIII Encuentro del Foro de São Paulo) de la “neoliberalización” de los acuerdos de paz, ¿a qué se refiere?

A que las reformas neoliberales se impusieron al cumplimiento de los acuerdos de paz que pretendían crear las condiciones para una sociedad más justa. Creo que es lo mismo que pasó en El Salvador. La URNG, en su programa de gobierno para las elecciones presidenciales de este año, retoma muchas de las propuestas planteadas en los acuerdos de paz.

¿Cuál es la situación política de Guatemala en vísperas de las elecciones presidenciales de septiembre próximo?

Las encuestas indican que existe un 75% de la población indecisa, a pesar de que todos los partidos políticos, a excepción de la URNG, han estado haciendo propaganda desde hace varios meses. Hay cinco partidos de derecha, cuyos candidatos y proyectos políticos responden a los intereses de los grupos empresariales dominantes, incluyendo algunos que se presentan como socialdemócratas pero que están vinculados a la clase poderosa.

Por el otro lado está el espectro de la izquierda que está tratando de configurar sus alternativas. La URNG está planteando un proyecto político alrededor del Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ), en el que participan el Frente Nacional de Lucha, el Movimiento Político Social de Izquierda y varias organizaciones campesinas, sindicales, de mujeres y de otros sectores populares. En abril de este año acordaremos quién será el candidato y presentaremos nuestra plataforma de gobierno.

¿Cuáles son las propuestas programáticas de MAIZ?

Política fiscal progresiva, reformas al CAFTA, incorporación al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), desarrollo económico endógeno con énfasis en lo rural, seguridad ciudadana y democracia popular. También, reforma agraria, cambios a la estructura del Estado, profun-dización de poder civil, reforma educativa y de salud. Además, defensa de la soberanía nacional, protección del medioambiente y garantías de los bienes de la nación amenazados por la globalización neoliberal, y una política exterior basada en el no alienamiento, solidaridad con los pueblos y en el internaciona-lismo.

Fuente: www.diariocolatino.com - 200107


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