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La CICIG desde el sector social - Entrevista a Sandino Asturias del CEG
Por Ricardo Marroquín - Guatemala, 1 de agosto de 2007

Como quinto punto de la agenda legislativa, el pleno del Congreso de la República conocerá mañana la iniciativa de ley que permitiría la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esta propuesta, impulsada por organizaciones sociales y el Gobierno, recibió dictamen desfavorable en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por la diputada Zury Ríos, del FRG.

El rechazo en la sala de trabajo provocó varias reacciones entre diversos sectores. Mientras algunos grupos señalan que la CICIG atenta contra la soberanía nacional, otros aseguran que las instituciones del Sistema de Justicia no tienen la capacidad de desarticular de las estructuras ilegales.

Hoy, en diario La Hora, presentamos la opinión de tres analistas desde el sector social, que impulsan la aprobación de la CICIG.

"La CICIG desharía estructuras que utilizan la ilegalidad como mecanismo de poder".

SANDINO ASTURIAS, DEL CEG

Para Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), el Gobierno incumplió el Acuerdo del Fortalecimiento del Poder Civil, lo que permitió la penetración de las estructuras ilegales en las instituciones del Sistema de Justicia.

¿Cuál es el origen de los cuerpos clandestinos y grupos paralelos en Guatemala?

El origen de estos grupos está muy vinculado al proceso de la guerra sucia que se desarrolló durante el conflicto armado interno. Sectores del poder militar y económico establecieron vínculos, y esta relación tiene mucha coincidencia con lo que pasa hoy: grupos que se organizan para efectuar acciones ilegales para acumular poder.

¿Cómo se contempla desde los Acuerdos de Paz la eliminación de estos cuerpos?

En el Acuerdo del Fortalecimiento de Poder Civil, el Gobierno se compromete a luchar y a desarticular los grupos clandestinos que operaban en el país desde ese momento. Es un compromiso de Estado pendiente y no cumplido.

¿Qué aspectos han influido en este aspecto no cumplido?

Yo lo vincularía, en primer lugar, a las políticas que buscan debilitar al Estado y al poder civil. Estos grupos empezaron a estar dentro o fuera del Estado, pero a tener una lógica de trabajo hacia los sectores privados, lo que llevó a la privatización de servicios de inteligencia y de seguridad, así como a la proliferación de muchos negocios vinculados a la violencia, como el comercio de armas y municiones. Este mecanismo se fue convirtiendo en la forma habitual de actuar de los grupos de poder. Un ejemplo son las acciones contra organizaciones sociales como allanamientos y otro tipo de intimidaciones. Es muy claro el vínculo que existe entre los grupos del pasado con los del presente.

¿Cuál sería el aporte de la CICIG para la desarticulación de estos grupos?

La CICIG por sí sola no tendría la capacidad de desarticular a los grupos clandestinos. Se necesitaría de un trabajo coordinado con las instituciones del Estado. Esta comisión internacional vendría a fortalecer al poder civil encargado de establecer las responsabilidades criminales. Es un instrumento de varios que ayudaría al Estado a que la lógica de violencia e impunidad vaya disminuyendo y terminando. Es un instrumento externo al Estado y a estos grupos que han infiltrado todas las instituciones de seguridad y de investigación criminal. La CICIG es una oportunidad para hacer un adecuado diagnóstico y una investigación dirigida.

¿Cuáles serían las repercusiones para el país si se rechaza la CICIG en el Congreso?

En la CICIG lo que está en juego es la tolerancia que tendremos como país hacia los mecanismos de violencia y muerte como acciones de poder. La importancia va mucho más allá del alcance propio de la Comisión. Si la CICIG comienza a funcionar será un primer paso para empezar a deshacer una estructura que ha considerado utilizar la ilegalidad como un mecanismo de poder. No podemos construir la democracia con estos niveles de criminalidad e impunidad.

Fuente: www.lahora.com.gt - 310707


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