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Hay poderes fácticos y ocultos que utilizan la violencia - Entrevista a Claudia Samayoa del Movimiento de defensores y defensoras de Derechos Humanos
Por Ricardo Marroquín - Guatemala, 1 de agosto de 2007

Claudia Samayoa, del Movimiento de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, asegura que los cuerpos clandestinos pasaron del poder del Estado al sector privado, luego de la depuración de la Policía Nacional sin ningún proceso judicial.

¿Qué son los cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad?

Los cuerpos ilegales son grupos de personas formados por miembros de las fuerzas de seguridad en activo o retiro, o personas particulares denominadas sicarios, que se organizan para la acción de operativos, orientadas a secuestros, allanamientos y asesinatos. Se les denominaron cuerpos ilegales porque funcionaban dentro de las estructuras de la Policía o del Ejército, sin ser reconocidas. Hay que recordar que los destacamentos de la Policía no eran llamados "estaciones" sino "cuerpos"; de ahí viene el término.

Los aparatos de seguridad son organizaciones de inteligencia que pueden estar formados por militares o civiles que proveen información para que el cuerpo clandestino actúe. En una época los aparatos clandestinos dependían del Ejército y estaban alimentados por personas que proveían información de las diferentes instituciones del Estado y garantizaba impunidad. A través de los años dejaron de pertenecer al Gobierno y se trasladaron al sector privado. Los grandes jefes de estos cuerpos se llevaron consigo las estructuras de información y a las personas que colaboraban.

¿Cuáles fueron las situaciones que permitieron su conformación y fortalecimiento?

Las depuraciones del Ejército en 1997 que se hicieron sin ningún proceso de justicia, así como los grandes niveles de impunidad que se registran en el país. Esto permite que diversos grupos operen en situaciones criminales y de inteligencia. Hay poderes fácticos y ocultos, llamados paralelos, que utilizan la violencia para alcanzar sus propios beneficios. Estos poderes pueden ser económicos, pues su capital se genera desde la ilegalidad, o desde la contratación de personas sin un salario justo y digno. También existen sectores a los que les interesa controlar al Estado mismo, ligados al crimen organizado y que ven al movimiento social como algo negativo.

¿Cómo pueden identificarse las acciones de estos grupos?


Es muy difícil saber quién está ligado a quién y de dónde salen las órdenes. Se ve claro un ejercicio de violencia e impunidad. Un ejemplo, fue el voto en contra de la CICIG del diputado César Fajardo cuando la UNE había asegurado el apoyo. También se vio su actuación en el Caso Parlacen, tanto en el asesinato como en la intención de mover la investigación. Están presentes en casos de alto y bajo impacto, donde buscan boicotear la investigación penal. Se les llama mano peluda, porque logran identificar a un oficial, pero es difícil saber quién es el jefe.

¿Qué impacto ha tenido para la vigencia de los derechos humanos en el país, la presencia de grupos clandestinos?

Se ha retrocedido en materia del respeto a los Derechos Humanos a raíz de la existencia de estos grupos y de los altos niveles de impunidad, lo que ha provocado el deterioro del sistema. Cuando no se persigue a los responsables de estos crímenes, el sistema de justicia no funciona para nadie. Se crea un ambiente de violencia generalizada, porque no afecta únicamente a los políticos y a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, sino a toda la población. Las muertes diarias son el resultado de esta situación.

¿Qué aporte podría brindar la CICIG para esta situación?

Es un instrumento internacional que ayudará a los fiscales y policías que quieran hacer bien su trabajo. No viene a investigar por su cuenta, sino que dará una mano a quienes quieran establecer quién es la "mano peluda". Puede demostrar quiénes son los que dentro del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil tratan de retorcer las investigaciones.

Fuente: www.lahora.com.gt - 310707


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