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“Sentencias tienen que cumplirse” Entrevista a Susana Villarán, relatora para Guatemala de CIDH
Por Lorena Seijo - Guatemala, 25 de julio de 2005

La relatora de la CIDH tuvo la semana pasada una apretada agenda en Guatemala, en materia de derechos humanos. Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez.

Como relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Susana Villarán asistió al acto en el que el vicepresidente Eduardo Stein, en cumplimiento de una condena de ese organismo, ofreció disculpas por la masacre de Plan de Sánchez, Rabinal, en 1982, atribuida al Ejército.

En Guatemala hay magistrados que afirman que las sentencias de la Cidh no son vinculantes. ¿Es cierto eso?

Desde el momento en que un país firma la convención de Derechos Humanos y acepta la competencia de la Corte Interamericana, con o sin reservas, se compromete a cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte. No es una cuestión ni de opiniones ni de interpretación.

¿Qué diferencia hay entre las resoluciones de la Corte y la Comisión?

La Corte decide sobre casos concretos y la Comisión elabora informes de recomendaciones.

¿A qué se deben las malas interpretaciones?

A intereses de ciertos sectores. La realidad es que los países ratifican voluntariamente el tratado. El Estado de Guatemala cumple bastante bien y las reticencias se deben a las reformas judiciales.

El problema es que el cumplimiento de las sentencias son en puntos sencillos como pago de indemnizaciones y peticiones de perdón, pero ¿y la justicia?

Conseguir justicia es el objetivo de las víctimas al abocarse al sistema interamericano, pero activar el sistema de justicia de un país es complicado. Existe incapacidad del Estado de Guatemala para investigar y sancionar. Las estadísticas dicen que sólo el cinco por ciento de los casos llega a una sentencia.

¿Pero esto se debe a deficiencias estructurales o a falta de voluntad política?

La falta de acceso a la justicia se debe a muchas razones, como ausencia del debido proceso, discriminación, falta de capacitación, pero lo cierto es que las personas no pueden ser reemplazadas. Si existe liderazgo y voluntad para que el aparato de investigación actúe, se van a dar logros. Por el contrario, si la cabeza hace todo lo posible por bloquear las investigaciones, también lo logra.

¿Le han dado testimonios de presiones políticas?

Tanto jueces como fiscales me han comentado que sufren presiones para que se acuse o se deje de acusar.

Ustedes han insistido en la regulación de la pena capital, pero el Estado aún no ha tomado ninguna decisión

La tendencia mundial es hacia la abolición, pero no es un tema popular. Un sacerdote belga que encabezó la campaña abolicionista en Perú dice que e“l verdugo no puede ser la última palabra de la civilización”.

La pena de muerte no es disuasiva y es un castigo desproporcionado en un sistema de justicia con tantos fallos como el guatemalteco.

En la última sentencia de la Cidh se pide la repetición del juicio de Fermín Ramírez, que se cambie el Código Penal y se regularice el indulto. ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para cumplir la sentencia?

Un año. Además, esta sentencia, sin ser su objetivo primordial, contribuye a la abolición porque pide que se elimine del Código Penal el artículo que habla de la peligrosidad, argumento que justificaba la pena de muerte.

¿Cree que las sentencias no se cumplen por falta de sanciones más drásticas contra los Estados?

Aparecer como incumplidor de las sentencias es muy negativo. Los países europeos, principales donadores de ayuda al desarrollo, lo tienen muy en cuenta a la hora de distribuir su dinero.

¿Cuántos casos presentó Guatemala en la Cidh?

Setenta y cinco en diferentes momentos procesales, pero nosotros no elegimos los casos, ya que se presentan por iniciativa personal a la Comisión. Al año se presentan unos mil de diferentes países, y aceptamos 300.

Pero no todos tienen acceso a este tipo de demandas por lo oneroso que es el proceso.

El litigio sí es caro, sobre todo por los desplazamientos, pero organizaciones de justicia van a solicitar a la OEA que otorgue un fondo que sufrague los gastos.

Los casos: Principales denuncias del país

Los casos sobre Guatemala versan sobre:

Crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, sobre todo relacionados con agresiones colectivas.

Ejecuciones extrajudiciales, presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad estatales.

Casos de errores procesales y vulneración de derechos de condenados a pena capital.

Recién se presentaron tres, por falta de justicia en homicidios de mujeres.

Fuente: www.prensalibre.com


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