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Colaboración internacional contra el genocidio - Audiencia Nacional de España pide ayuda
Por Alejandro Pintamalli - Guatemala, 20 de enero de 2008

El juez español Santiago Pedraz pide a los ciudadanos de cualquier país del mundo que hayan sido testigos del genocidio de Guatemala durante los pasados regímenes militares, que lo denuncien en sus respectivos juzgados para que éstos lo remitan a la Audiencia Nacional de España, que investiga los hechos.

El abogado Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, opina que si "en Guatemala o no se quiere, o no se puede" avanzar, "tendrá que ser en algún otro tribunal donde deban ser juzgados" los responsables de los crímenes cometidos entre 1961 y 1996.

Alejandro Pintamalli: ¿El pedido de colaboración de este juez español para avanzar en la investigación de estos hechos, es un último esfuerzo frente a las dificultades con las que se ha enfrentado?
Manuel Ollé: No, no es un último esfuerzo. Yo creo que es la continuación de un procedimiento que se abrió en su día y que, desgraciadamente, llegó un momento en que, a la solicitud del pedido de colaboración judicial a la autoridades guatemaltecas, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala respondió que no había lugar a ese pedido de extradición por que no reconocía la jurisdicción española. En ese sentido, yo creo que no sólo no es un último intento, sino todo lo contrario. Es un punto y seguido, pero dentro del punto y seguido de las dificultades que conlleva toda lucha contra la impunidad. En Guatemala, desgraciadamente, los responsables de los atroces crímenes siguen sin ser juzgados.

España, y en el caso concreto, la Audiencia Nacional, no es que tenga un interés por ser España. La lucha contra los responsables de los crímenes internacionales es una obligación de la comunidad internacional.

Guatemala ha dicho "no" a la colaboración judicial, pero también ha incumplido una obligación de Derecho Internacional: si no entregas a las personas que han sido objeto de ese pedido de extradición, por lo menos debes de juzgarlas en tu país.

A.P. ¿Se tiene la impresión, en efecto, que desde que la Audiencia Nacional, en febrero de 2006, se declaró competente para investigar una denuncia en concreto de genocidio y crímenes contra la humanidad, contra regímenes militares en Guatemala, entre 1961 y 1996, que se llegó un punto en el que se da de cara con una realidad, la imposibilidad de seguir avanzando. ¿De qué manera cree usted que se puede seguir contribuyendo a esta investigación de ahora en adelante?

MO: En primer lugar, parece ser que esa es la voluntad del nuevo Gobierno de Álvaro Colom, de poner fin a la impunidad. Para poner fin a la impunidad es posible hacerlo desde dos puntos de vista. Lo deseable, ¿qué sería?, que la propia jurisdicción interna, que los propios tribunales guatemaltecos lo llevaran a cabo, que encontraran los medios, de financiación, de seguridad, en cuanto a la protección de víctimas, en cuanto a la protección de testigos, etc. En caso contrario, yo creo que el recurso a la jurisdicción universal es legítimo porque así lo ha querido la comunidad internacional.

No es que España esté iniciando un procedimiento, ni muchísimo menos, contra Guatemala. Es un Tribunal de Justicia que está ejercitando la justicia por los hechos. No nos olvidemos que en este caso concreto, los denunciantes, los primeros denunciantes, las acusaciones particulares -aunque también las hay populares-, son ciudadanos guatemaltecos que estaban hartos, hastiados, cansados de la impunidad en su país y, en virtud de ese reconocimiento de la justicia penal internacional, decidieron acudir a los tribunales españoles. Por tanto yo creo que la disyuntiva es tan sencilla como decir, si en Guatemala o no se quiere, o no se puede, tendrá que ser en algún otro tribunal donde deban de ser juzgados.

A.P. Usted decía, al inicio de esta entrevista, que esto plantea un punto seguido, y por lo que se desprende de sus palabras, guarda alguna expectativa en este nuevo Gobierno que inició Álvaro Colom en Guatemala, ¿Confía usted en que estos juicios se podrán retomar en el propio país, o ve más bien un futuro en el cual la justicia española desempeñará un rol más importante?

MO: Yo creo que la justicia española, como la justicia de cualquier otro país, puede ayudar y mucho a la guatemalteca en aquellos aspectos que España, o el país que fuere, estuviera capacitado. Yo creo que lo deseable es que sean las propias jurisdicciones internas donde se deba juzgar. Cosa que yo parece ser que el nuevo Gobierno va a tratar en Guatemala, por las noticias que nos llegan.

En este caso concreto, la desgraciada realidad es que al no poderse avanzar en el ámbito concreto del lugar, del territorio y del Estado donde se han producido esos crímenes, pues actúa otra jurisdicción, como es el caso de la española. Hay dificultades. En España, evidentemente, no existe un procedimiento en rebeldía. Es decir, que para que se realice el juicio, los responsables, las personas contra las que se dirige la acción, pues tienen que estar a disposición de la justicia española.

A.P.Y para facilitar todo esto, el juez español Santiago Pedraz, ha pedido la colaboración de los países vecinos y de todo aquel que pudiera aportar pruebas ¿Qué papel pueden desempeñar en esta investigación las organizaciones civiles guatemaltecas?

MO: Esto es muy importante en un doble sentido. El primero, porque yo creo que es una resolución inédita en el ámbito del derecho internacional. Nunca jamás se había acordado una medida que tienda a evitar la impunidad. ¿Por qué no, ante la imposibilidad de poder enjuiciar a los responsables de esos crímenes, no se va a publicitar en países limítrofes, donde, no nos olvidemos, hay muchos refugiados, muchos guatemaltecos, que pueden poner a disposición de la Justicia española todos los elementos que tengan para la mejor instrucción y la mejor investigación de los hechos?

Y en segundo lugar, yo creo que los organismos de derechos humanos -esto es una opinión mía, particular- tienen una importancia decisiva a la hora de canalizar esas denuncias y a la hora de hacer llegar a la jurisdicción española y al juzgado concreto que está investigando a cargo del juez Santiago Pedraz, la información que ellos tengan a su disposición, para la mejor investigación de los hechos y el esclarecimiento de los mismos. Y, sobre todo, para depurar las responsabilidades personales de aquellos que fueron autores, cómplices, cooperantes, o que de alguna forma tuvieron una participación en tan lamentables hechos.

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Escuche la entrevista con Manuel Ollé en formato MP3

*Manuel Ollé, abogado, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España

Fuente: www.informarn.nl - 180108


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