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El juez reactiva la causa del genocidio tras la sentencia del Tribunal Constitucional
Por Nati Villanueva - Madrid, 13 de noviembre de 2005

El juez Santiago Pedraz cursa una comisión rogatoria para interrogar en ese país a diez personas: a dos de ellas en calidad de imputados y a ocho como testigos

Apenas un mes después de la sentencia del Tribunal Constitucional que permite que España investigue cualquier genocidio cometido en el extranjero, con independencia de la nacionalidad de las víctimas, el juez Santiago Pedraz ha dado el primer paso en la instrucción de la causa de Guatemala, devuelta a la Audiencia Nacional. Y lo ha hecho cursando una comisión rogatoria a ese país para poder interrogar allí a diez personas: a dos de ellas en calidad de imputadas y a ocho como testigos de los crímenes, torturas, terrorismo y detenciones ilegales presuntamente cometidos en Guatemala entre los años 1978 y 1986.

Pero la sentencia del TC ha tenido una implicación mayor que el hecho de retrotraer las actuaciones a un momento anterior a la inadmisión a trámite de la querella (por parte de la Audiencia Nacional). Y es que ahora, el juez Pedraz -el mismo que reabrió la investigación del asesinato del cámara de televisión José Couso en Bagdad- podrá ampliar la instrucción a todas las víctimas del genocidio del pueblo maya y no centrarse sólo en los siete ciudadanos españoles a los que se refería la denuncia presentada hace ahora seis años en la Audiencia Nacional por, entre otros, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. (Tres de los españoles murieron durante el asalto a la embajada de nuestro país en la capital guatemalteca el 31 de enero de 1980 y los otros cuatro eran sacerdotes asesinados en los años 1980 y 1981).

Además de la comisión rogatoria, que de llevarse a cabo sería la diligencia más importante que practica el Juzgado Central de Instrucción número 1 desde la sentencia del TC, fuentes jurídicas aseguraron que Interpol tiene ya localizados al ex presidente de Guatemala Fernando Romero Lucas García y al ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, ambos imputados en esta causa.

Sin embargo, y aunque Interpol ha confirmado la orden de detención, todavía no ha procedido a la entrega de estos altos cargos políticos a España, lo que probablemente nunca sucederá en el caso del ex presidente guatemalteco, pues no está «en pleno uso de sus facultades», según precisaron las fuentes antes citadas. Antes de la llegada de Santiago Pedraz al Juzgado Central de Instrucción número 1, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, ahora en comisión de servicios en el Juzgado de Garzón, había cursado sendas órdenes de detención internacional contra Lucas y Álvarez por los crímenes cometidos de Guatemala.

Polémico acuerdo de la Sala

Aunque la aplicación del principio de jurisdicción universal no tendría por qué toparse con ningún obstáculo -pues el TC ha sido muy claro en su sentencia- hay quien asegura que «no es oro todo lo que reluce», pues un acuerdo adoptado por la Sala de lo Penal en reunión no jurisdiccional, que unifica criterios en materia de genocidio (y del que ya informó ABC), «choca frontalmente» con la resolución del TC. Este acuerdo, que no es vinculante, «requiere la inactividad del país de origen, o en su caso, de la comunidad internacional», para que España pueda investigar; es decir, contradice la sentencia del TC e insiste en los argumentos de las resoluciones impugnadas por ese tribunal (tanto la de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo, favorables al archivo). Por contra, el Tribunal Constitucional propugna la admisión a trámite de todas las querellas por genocidio con independencia de la nacionalidad de los sujetos activos ni de los pasivos.

Fuente: www.abc.es


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