El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comenzará a investigar esta semana en Guatemala el genocidio cometido contra la población maya entre los años 1978 y 1986, denunciado en España en 1999 por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
Entre un amplio dispositivo de seguridad (la llegada de la comisión judicial al país centroamericano no ha sido bien vista por determinados sectores de la sociedad guatemalteca), Pedraz se convierte en el primer magistrado español que se desplaza al país en el que se han cometido los hechos denunciados (supuestos crímenes de lesa humanidad) para interrogar allí a ex altos cargos guatemaltecos y a una decena de testigos. Entre los imputados figuran el ex general golpista Efraín Ríos Montt, que gobernó el país centroamericano entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y los ex generales Benedicto Lucas García, Ángel Aníbal Guevara y José Humberto Mejía, así como Germán Chupina Barahona y Pedro García Arrendondo. En la querella también estaban incluidos el ex presidente Romero Lucas García (que murió el 29 de junio en Venezuela) y el ex ministro del Interior Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo de la justicia desde diciembre de 2004.
La competencia de España
Aunque en un primer momento la investigación de España estaba circunscrita a las víctimas españolas, las tres que murieron en el asalto a la Embajada de nuestro país en Guatemala (el 31 de enero de 1980 y cuatro sacerdotes tiroteados en 1980 y 1981), finalmente, y tras un peregrinaje de recursos, el Tribunal Constitucional resolvió en octubre de 2005 la competencia de España para investigar cualquier genocidio cometido en el extranjero con independencia de la nacionalidad de las víctimas. El TC basaba su argumentación en que «la persecución y sanción del genocidio constituyen un interés compartido por todos los Estados y su legimidad no depende de intereses particulares de cada uno de ellos».
Hasta ese momento, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo habían rechazado todas las querellas sobre genocidio que no afectaran a víctimas nacionales, aquéllas en las que el denunciante no aportara pruebas de la inactividad del país de origen para investigar los hechos (lo que se convertía en una empresa imposible) y los asuntos en los que España no tuviera un interés directo, un aspecto muy subjetivo.
Lo cierto es que algunos sectores de la población guatemalteca consideran que la visita de Pedraz y del fiscal Jesús Alonso a Guatemala es una injerencia en toda regla, y prueba de ello son los obstáculos que desde un primer momento han puesto las autoridades guatemaltecas. El último, el viernes: la paralización «in extremis» (prácticamente cuando la comisión judicial ya sobrevolaba el Océano Atlántico) de las diligencias que Pedraz y su homónimo, el juez guatemalteco Saúl Álvarez, iban a practicar hoy lunes, y que consistían en las declaraciones de cuatro testigos.
Las «armas» del ex general
A ello se suman las argucias legales del ex general Ríos Montt, el principal imputado en la causa, cuyas defensas han intentado por todos los medios paralizar cualquier investigación sobre su persona y sobre los crímenes que se le imputan: más de 300 masacres en pueblos mayas con un saldo de 16.000 muertos en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y matanzas, 90.000 refugiados y un millón de desplazados internos que, en la mayor parte de los casos, intentaron reanudar su vida en la selva.
A sus 80 años de edad, Ríos Montt, fundador del Frente Revolucionario Guatemalteco (partido por el que fue proclamado candidato presidencial en 1990), se mantiene en la política activa a pesar de su pasado golpista. De este modo, en enero de 2000 fue elegido presidente de la Cámara guatemalteca (cargo que ya ocupó en 1994), y en 2004 fue reelegido como secretario general del partido.
