La Plataforma Agraria, organización campesina guatemalteca, en comunicado de prensa divulgado ayer (28), rechaza las candidaturas presidenciales de personajes con un pasado militar ligados al autoritarismo y la violencia. Las elecciones en Guatemala serán realizadas en el 9 de septiembre de este año. La Plataforma convoca la población del país a luchar por tener una vida sin represión y sin militares.

El comunicado también busca esclarecimientos de los actos de intimidación dirigidos contra organizaciones del movimiento social y ONGs internacionales que luchan por la justicia social y los derechos de la población marginada de Guatemala. Las personas que defienden los derechos humanos en el país son víctimas constantes de amenazas, allanamientos, robos y otras formas de control. Para la organización, las intimidaciones son una manera de los grupos de poder reprimir las voces de quienes reclaman justicia y buscan cambiar el rumbo del país.

Según la Plataforma, durante el gobierno de Oscar Berger la disputa entre la oligarquía y el crimen organizado se ha incrementado, llegando a manifestarse de forma más abierta dentro de las mismas fuerzas de seguridad, que han demostrado ser generadoras de violencia y no erradicadores de ella. Esas supuestas fuerzas de seguridad en realidad han promovido la represión y la limpieza social como mecanismos para garantizar la seguridad.

"La inseguridad no es provocada para crear ingobernabilidad ni afectar a los partidos políticos en la contienda electoral, es una política promovida por grupos de poder que buscan en el militarismo y autoritarismo una excusa para mantener un Estado represor, racista, finquero, destructor y machista que promueve relaciones de acumulación, violencia y sometimiento", dijo el comunicado.

Para Plataforma Agraria la seguridad es más que el patrulle de las calles por parte del ejército, ella "pasa por romper con esquemas y políticas dominantes; por impulsar procesos políticos transparentes que permitan la participación de la población; la aplicación de una política de seguridad que permita la reestructuración total de éstas instituciones; combatir la limpieza social y el crimen organizado; garantizar el acceso a la justicia; crear políticas que promuevan el empleo, la educación, la salud, la vivienda, el acceso a activos productivos y económicos que permitan que mujeres y hombres tengan una vida digna".