Para los pueblos indígenas de Guatemala - 60% de la población total del país - el año del 2005 significó muy pocos avances en materia de desarrollo humano pero, al mismo tiempo, fue muy activo en cuanto a las luchas indígenas en tres grandes campos. En primer lugar la lucha contra las políticas neoliberales tales como los proyectos de minería, los tratados de libre comercio, la ley de concesión de servicios públicos y la ley de aguas; y en segundo lugar los avances, por ahora muy incipientes pero significativos, en la lucha por los derechos fundamentales, entre ellos la lucha por la tierra y contra las prácticas de racismo y discriminación, principalmente aquellas que son propiciadas o toleradas desde las estructuras estatales.
En tercer lugar, aparece la coyuntura que significó el paso de la tormenta tropical Stan, que afectó principalmente las áreas indígenas y puso en evidencia su gran vulnerabilidad social, económica y política, como producto histórico del largo proceso de exclusión social que caracteriza la nación guatemalteca. Estas son las principales conclusiones del anuario El Mundo Indígena 2006, elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
El documento relata que, a pesar de las múltiples protestas populares, la empresa minera Montana Exploradora, a cargo del Proyecto Marlin, inició actividades en el territorio del pueblo indígena de Sipacapa, Departamento de San Marcos, en el occidente del país, gracias al apoyo gubernamental y del Banco Mundial. El gobierno se negó a suspender el contrato con la empresa y tampoco dio un plazo para escuchar los planteamientos de las organizaciones indígenas para renegociar los términos de la concesión.
Sin embargo, se apoyó la conformación de una Comisión de Alto Nivel sobre la Minería, con representantes gubernamentales y de la sociedad civil, que en el documento denominado "Lineamientos de Política Minera" propuso mecanismos para lograr formas de consenso que aseguren la participación de las comunidades, asegure la protección a la salud y al ambiente y garantize que los beneficios sean para la población guatemalteca y no solamente para las compañías transnacionales.
Además la discusión en el Congreso de la República de la iniciativa de ley 3.118, denominada "Ley General de Aguas", suscitó una movilización de acción colectiva indígena sin precedentes en la historia reciente. Durante una semana, las comunidades bloquearon las carreteras paralizando gran parte del país y, ante la magnitud de las protestas y el temor de que las cosas llegaran a un punto de ingobernabilidad (quizá también ante los referentes de los casos boliviano y ecuatoriano), el Congreso se apresuró a suspender la discusión de dicha ley.
La iniciativa de ley pretendía, entre otras cosas, centralizar la administración del agua a través de la creación del Viceministerio de Recursos Hídricos, prohibir las prácticas que conllevan al deterioro de las fuentes de agua, fomentar el uso sostenible fomentando la equidad, la solidaridad y la participación social, y autorizar, además, licencias especiales para el aprovechamiento del agua.
La lucha contra los Tratados de Libre Comercio entre los países centroamericanos y los Estados Unidos (CAFTA-RD) también ha servido como un rearticulador del movimiento social en la región centroamericana, y quizá nunca como hasta ahora un tema así había funcionado como catalizador de los intereses indígenas y campesinos. Durante 2005 se desplegó una fuerte movilización social que incluyó a las organizaciones indígenas y campesinas en marchas, bloqueo de carreteras, toma de edificios públicos, comunicados de prensa, foros y otras acciones para exponer los inconvenientes y las amenazas que implica la aprobación de estos tratados, sobre todo para la situación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, concretamente los campesinos e indígenas.
