En el ámbito mundial hay más de 40 millones de personas desplazadas por represas, que sufren las consecuencias económicas, sociales y ambientales. En Guatemala, solamente en la región donde se construyó la represa de Chixoy, son 400 personas que viven el mismo problema. Además de las 17 represas que existen en país, están en planteados más de 33 proyectos hidroeléctricos.

Representantes de diferentes comunidades, organizaciones, municipios y departamentos de Guatemala y Sur de México, en su mayoría campesinos e indígenas, así como comunidades internacionales, se reunieron con el objetivo de conformar la Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas, un movimiento nacional de afectados y amenazados por la construcción de represas, para luchar por las tierras y comunidades, y por la defensa del agua.

Los integrantes de la nueva asociación denuncian que las comunidades están amenazadas por el despojo de sus tierras y sus recursos naturales por parte de empresa transnacionales interesadas en la generación de energía eléctrica, la explotación petrolera, minera y en agroindustria, avaladas por el gobierno.

Ellos también afirma que no se hace consulta, ni se toma en cuenta la opinión de las comunidades para decidir la construcción de las represas hidroeléctricas. También afirman que las autoridades, los empresarios extranjeros y los funcionarios públicos mantienen en secreto los planes y proyectos hidroeléctricos.

La Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas pide la cancelación definitiva de los estudios, de la construcción y los posibles planes de represas del país, además la suspensión total de las concesiones mineras y petroleras. Al Congreso de la República, que no aprueben la Ley de Aguas y la Ley de Concesiones, que según los integrantes de la Frente, es el marco legal que las empresas y los poderosos esperan para llevar adelante las privatizaciones de los recursos del país.