A un año del desalojo de la finca Nueva Linda, Plataforma Agraria lamenta que el gobierno de Óscar Berger siga sin responder a las demandas de justicia planteadas por familias campesinas como consecuencia de la desaparición de Héctor Reyes y el desalojo que sufrieron el 31 de agosto de 2004.

Aunque el Ejecutivo indemnizó a las familias por la muerte de algunos campesinos y les otorgó un pago parcial por la pérdida de sus cosechas, se ha visto sin decisión para impulsar los procesos que deduzcan responsabilidades sobre los funcionarios que dirigieron el desalojo y permitieron a las fuerzas de seguridad utilizar la violencia y la represión.

Este caso, para Plataforma, evidencia nuevamente que el Estado se encuentra al servicio de los terratenientes, pues las investigaciones por la desaparición de Reyes, hecho del que se señala como responsables a los dueños de la finca, siguen estancadas en el Ministerio Público. A pesar que existían órdenes de captura contra los finqueros, el Organismo Judicial agilizó los trámites para el desalojo ignorando las demandas de justicia de los campesinos.

Las organizaciones que integran Plataforma Agraria ven "con indignación que el Organismo Judicial siga sin cumplir con su obligación constitucional de administrar justicia y el Estado sea incapaz de velar por el bien común y garantizar los derechos humanos cuando se trata de mujeres y hombres del campo".