La Cortede Constitucionalidad guatemalteca (CC) otorgó un amparo provisional al general Efraín Ríos Montt, lo que significó suspender las audiencias judiciales programadas para que rindiera declaración ante un juez y fiscal españoles. El juez Santiago Pedraz y el fiscal Jesús Alonzo viajaron a Guatemala para indagar a varios acusados por la ejecución de cuatro sacerdotes españoles durante la época del conflicto interno guatemalteco y por los hechos ocurridos en la Embajada de España en ese país el 31 de enero de 1980.
Ese día, 29 campesinos y dirigentes de organizaciones populares ingresaron pacíficamente a la Embajada. Inmediatamente después, unos 400 policías rodearon la sede diplomática y pese a que el embajador Máximo Cajal López les indicó que su presencia no era necesaria, los agentes estatales, por instrucciones de sus superiores, violaron la inmunidad diplomática y entraron a la Embajada. En ese momento se produjo una gran confusión y sobrevino un incendio. Hubo solamente dos sobrevivientes: el embajador Cajal y el campesino Gregorio Yula.
Ambos fueron internados en el Hospital Herrera Llerandi. El 1° de febrero, un grupo fuertemente armado ingresó al hospital y secuestró a Gregorio Yula. Posteriormente, su cuerpo sin vida fue arrojado desde un auto frente a la oficina del rector de la Universidad de San Carlos. Al día siguiente el Gobierno de España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala.
Una de las víctimas mortales del incendio de la Embajada fue Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, quien recibió el Premio Novel de la Paz en 1992. Ella y familiares de otras víctimas recurrieron en 1999 a la judicatura española ante la imposibilidad de obtener justicia en cortes guatemaltecas. En virtud del principio de jurisdicción universal, la Audiencia Nacional de España fue declarada competente para conocer los hechos denunciados, calificados por los denunciantes como genocidio. Los acusados son: Benedicto Lucas García, Óscar Mejía Víctores, Ángel Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo (ex jefe del comando Seis de la Policía Nacional), Donaldo Álvarez Ruiz (ex ministro de Gobernación) y Efraín Ríos Montt (ex presidente de facto).
Para recibir las declaraciones de los acusados, la autoridad judicial española solicitó apoyo a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), la que designó a un juez nacional para que auxiliara las diligencias. Estas serían realizadas en Guatemala del 26 de junio al 04 de julio del 2006. Con el fin de evitar ser indagados por la autoridad judicial española los acusados presentaron alrededor de 14 recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Este Tribunal decidió amparar provisionalmente al general Ríos Montt alegando que la información enviada por la CSJ sobre la asistencia judicial requerida por las autoridades españolas consistió en dos copias de la resolución que autorizó la diligencia, lo que no fue suficiente.
Esta decisión y la suspensión de las diligencias se presentan en un delicado contexto para las organizaciones de derechos humanos que han apoyado las investigaciones. De hecho, según informes, varios activistas y organizaciones de derechos humanos ya han empezado a recibir amenazas e intimidaciones.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y WOLA como organizaciones regionales de derechos humanos que durante años han trabajado en Guatemala y denunciado internacionalmente la impunidad que impera en el país, consideran que el fallo constitucional hace incurrir al Estado en un incumplimiento de sus compromisos internacionales por no investigar, o permitir que se investigue, a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, hacen un llamado a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva el fondo del recurso de amparo antes del 04 de julio a fin de que los funcionarios judiciales españoles puedan recibir la declaración de los sindicados.
