Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y las organizaciones guatemaltecas el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y Casa Alianza, de enero a julio del 2006, fueron asesinados, en la capital, cerca de 200 niñas, niños y adolescentes. Las ejecuciones se incrementaron en un 14% en relación con el año 2005.

Las organizaciones señalaron que el alto número de muertes de niños y niñas permiten hablar de una práctica de limpieza social que es tolerada por el Estado de Guatemala. El gobierno aceptó que sí podría hablarse de limpieza social y representantes del Ministerio Público presentes en la audiencia reconocieron que en algunos casos de ejecuciones de menores de edad había participación de miembros de la Policía Nacional.

Se indicó además que esta situación empeora por la incapacidad del Estado para atender e investigar hechos delictivos en contra de niños, niñas y adolescentes. De esta manera se fomenta la impunidad y se evidencia la inexistencia de una política seria de prevención que garantice el respeto a los derechos humanos de esta población.

La CIDH mostró su preocupación sobre esta temática y ofreció hacer una visita al país a través de su relator de niñez, Paulo Sergio Pinheiro y el comisionado encargado de Guatemala, Víctor Abramovich. Las organizaciones peticionarias esperan que esta audiencia ponga en evidencia la necesidad de que el Estado guatemalteco tome medidas inmediatas para garantizar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos fundamentales.